Embate confesional contra la educación laica española

Decreta el gobierno de Aznar legislación que hace obligatoria la materia religión

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 20 de junio. Bajo una lluvia de acusaciones de que se dio un "golpe mortal al Estado aconfesional y a los preceptos constitucionales", el gobierno encabezado por el derechista José María Aznar aprobó vía decreto la nueva Ley de Calidad de la Educación, en la que se equipara la religión al resto de los materias del programa. La medida sólo fue aplaudida por la jerarquía católica, por el Partido Popular (PP) y por los medios de comunicación más conservadores.

La normativa, aprobada después de tres años de negociaciones con los prelados de la Conferencia Episcopal Española (CEE), otorga "entidad jurídica" a la asignatura de religión o "hecho religioso", que según los responsables de redactarla permitirá a los alumnos tener un panorama amplio sobre la historia de las principales cultos del mundo, con mayor énfasis en el catolicismo, al ser éste el mayoritario en el país.

Hasta la fecha la materia de religión no contaba para aprobar el curso del año y no era obligatoria, al existir alternativas como prácticas informáticas u otro tipo de actividades complementarias al nivel académico. Los profesores de religión son siempre nombrados por los obispados, pese a que su salario lo sufraga el Estado.

La ley, presentada por la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, se aplicará a partir del próximo curso en los miles de colegios públicos y privadas de enseñanza secundaria y en el bachillerato, por lo que los alumnos deberán cursar la materia durante 11 años de formación académica.

El propio presidente de la CEE, el cardenal Antonio María Rouco Varela, manifestó su "satisfacción" por el sentido de la normativa, al ser una de las exigencias manifestadas por la jerarquía católica al gobierno español. Según este prelado, la asignatura de religión "es científica y debe tener, por tanto, la misma consideración que, por ejemplo, las matemáticas".

Pese a las críticas y las reiteradas acusaciones de que se asestaba un golpe a los principios constitucionales, el gobierno de Aznar sostuvo que la ley es "aconfesional, al tratar temas como la historia de las religiones en dos cursos y otros, como la oración, la actitud religiosa, la persona ante el misterio y la fascinación de lo religioso".

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) informó que solicitará el retiro inmediato de la normativa al considerarla "incompatible con la Constitución, la legislación y la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo" en una sentencia sobre esta materia, en la que se pretendió garantizar la igualdad de trato de los distintos credos desde el Estado.

Carme Chacón, vocero del PSOE en asuntos educativos, explicó que la Ley de Calidad de la Educación endurece esto más porque hace evaluable la fe. "Pero, Ƒcómo se evalúa ésta?", se preguntó, y acusó a la ministra Del Castillo de "imponer sus decisiones de forma unilateral contra el consenso establecido sobre la religión desde la transición".

A juicio de Chacón, la reforma no pretende luchar contra el fracaso escolar o para mejorar la calidad educativa, ya que "no se refuerzan las matemáticas ni la lengua ni las tecnologías, sólo se impulsa la religión".

Franco González, vocero de Izquierda Unida (IU), expresó por su parte que es "una aberración la obligatoriedad e importancia de la religión en centros escolares, porque España es un Estado aconfesional", al tiempo que criticó la norma al ser "una imposición fruto de la prepotencia de la mayoría absoluta" del PP.

IU también presentará, junto con los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, un recurso ante los decretos de la ley de educación, a los que considera "anticonstitucionales". Los sindicalistas sostienen que ha quedado en evidencia que Aznar se "ha plegado a las instrucciones emanadas de la Conferencia Episcopal".

Mientras, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos la llamaron "discriminatoria e inconstitucional", porque "no es posible evaluar las opciones confesional y aconfesional de la asignatura con unos criterios mínimos de imparcialidad y justicia, puesto que en la modalidad religiosa la jerarquía eclesiástica elige el profesorado y los contenidos, y en la no confesional lo hace el Estado".

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, opinó que la decisión "es un retroceso" porque el gobierno se limitó a contentar a la Iglesia.