Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales presentarán denuncia ante la ASF

Piden legisladores investigar 225 permisos para generar electricidad

Fueron otorgados a particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox

ANDREA BECERRIL

Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales de ambas cámaras del Congreso, los priístas Manuel Bartlett y Salvador Rocha Díaz, presentarán hoy ante la Auditoría Superior de la Federación una denuncia de hechos a fin de que el organismo investigue y audite los 225 permisos para generar electricidad otorgados a particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, toda vez que ''van en franca violación'' a las leyes en la materia y la Carta Magna.

Se trata de una privatización encubierta que podría causar la paralización de un servicio público esencial y genera riesgos para la seguridad nacional al permitir la instalación de plantas en la frontera norte, que son ''una extensión del sistema eléctrico estadunidense en territorio nacional''.

En el documento de 206 hojas, al que tuvo acceso La Jornada, los legisladores del PRI demandan fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios públicos -entre ellos los titulares de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, y de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub- y los particulares involucrados en ese comercio ilegal del fluido eléctrico. Denuncian que hay 17 empresas que ya operan, todas filiales de corporaciones extranjeras, y generan en conjunto 7 mil 92 megavatios, 19 por ciento de la capacidad de generación de la CFE.

Tarifas subsidiadas

De continuar la tendencia, para 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63 mil 214 megavatios de empresas privadas, la mitad de ellas extranjeras, mientras de manera progresiva, tanto CFE como Luz y Fuerza dejarán de producir electricidad.

En la denuncia, presentada ante la Auditoría Superior de la Federación -órgano responsable de verificar si las concesiones otorgadas por empresas públicas, así como sus operaciones se ajustan a la legalidad-, Bartlett y Rocha Díaz advierten que además de permitir la privatización del sector eléctrico el gobierno federal beneficia a los permisionarios con el cobro de tarifas subsidiadas por el uso de la red de transmisión eléctrica, lo que causa un severo daño patrimonial a la CFE.

De entrada, los legisladores solicitan cancelar los permisos a 44 particulares que operan a través de la simulación de las figuras de cogeneración, de autoabastecimiento, de producción independiente y de exportación, toda vez que encontraron irregularidades evidentes.

Una de ellas es Energía Azteca VIII, a la que el actual gobierno otorgó el 16 de agosto de 2001 el permiso E/199/AUT/2001, para autogeneración de 131.1 MW, que en realidad es filial de la estadunidense Integen; está establecida en Guanajuato, pero tiene socios esparcidos en todo el país, entre ellos varias plantas automotrices, y se trata de ''un negocio de generación y venta de electricidad a la CFE y empresas privadas''.

Otro permiso, aprobado también en este sexenio, es el que se concedió a Tratimex el 7 de noviembre del año pasado, pese al fallo de la Suprema Corte de abril de 2002, en la controversia constitucional del Congreso contra Fox, donde el Poder Judicial destacó que no sólo la prestación del servicio público es exclusiva de la nación, sino todas las operaciones especificadas en el artículo 27 constitucional, como son la generación, distribución y abastecimiento del fluido eléctrico.

El operador de ese permiso, sin embargo, no es Tratimex, sino el Complejo Agropecuario Industrial de Tizayuca (Caitsa), con una capacidad anual estimada de 75.09 MW, que en realidad es un negocio de venta de energía donde los principales asociados están en otros estados y la generación de electricidad no proviene de la cogeneración.

Un permiso más que se aprobó en este sexenio es del Bionergía de Nuevo León, donde se asocian siete municipios de esa entidad, entre ellos Monterrey, San Pedro Garza García, Apodaca y el propio gobierno neoleonés y otros organismos públicos, pero donde el operador del proceso no consume la energía generada.

El 25 de septiembre de 2001, se dio el permiso para generar electricidad para autoconsumo a Eléctrica del Valle de México, con dos socios, Cimentaciones y Puertos e Inversiones Eólicas. Sin embargo, se presentaron 159 socios futuros, en su mayoría municipios y organismos descentralizados del estado de México.

''El titular del permiso se ostenta como empresa generadora de electricidad y en realidad es un negocio de generación y venta, encubierto de sociedad de autoabastecimiento''.

En igual situación están Mexicana de Electrogeneración, Proyecto Trigomil, también de noviembre de 2001; Parques Ecológicos de México, de septiembre de 2002; Proveedora Nacional de Electricidad, de marzo de este año, y Proveedora de Electricidad de Occidente, de enero pasado. Las dos últimas usan recursos naturales de la nación

Entre los permisos a particulares están también muchos expedidos por el gobierno de Zedillo, entre ellos Electricidad de Veracruz II, que es también un negocio de generación y venta de electricidad, encubierto en sociedad de autoabastecimiento.

En la denuncia de hechos que hoy a las nueve de la mañana presentarán el senador Bartlett y el diputado Rocha Díaz ante el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, se advierte que las reformas que se hicieron en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica han sido sesgadas para permitir la privatización de la electricidad.

''La intención no fue excluir al Estado de la generación eléctrica'', sino permitir la inversión privada mediante permisos, pero respetando estrictamente las disposiciones constitucionales que ponen en manos del sector público las áreas estratégicas, como son la electricidad.

Las reformas de 1992, al establecer las figuras de autoabastecimiento y cogeneración pretenden ''fomentar el autoconsumo, el ahorro de energía proveniente del sector público y la producción de energía más limpia, pero en forma alguna convertirlos en concesionarios del servicio público, pues ello se apartaría del texto constitucional".

Violaciones de autoridades

Los legisladores priístas pasan luego a exponer las violaciones en que han incurrido tanto las autoridades de la Secretaría de Energía, la CFE, como de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta última instancia, precisan, ha otorgado hasta marzo de este año un total de 240 permisos a particulares para producir electricidad bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, importación y exportación.

De ese total, 225 permisos están vigentes. Se trata de proyectos que en conjunto tienen una capacidad de 19 mil 973 MW, equivalentes a 54 por ciento de la capacidad del parque de generación de CFE. Tanto Bartlett como Rocha Díaz solicitan a la Auditoría Superior de la Federación revisar en su totalidad esos permisos.

Exponen que, de ellos, 17 son de producción independiente, con plantas en funciones o a punto de arrancar, con una producción toral de 7 mil 92 MW, equivalente a 19 por ciento del parque de generación de CFE.

''Hasta diciembre del año pasado habían entrado en operación ocho centrales que totalizan 3 mil 495 MW y el resto de las plantas estaba en construcción. Todos los permisionarios son filiales de empresas extranjeras. Iberdrola y Unión Fenosa cuentan con permisos por 2 mil 242 y mil 712 MW, respectivamente. Ello significa que el capital español controla 43 por ciento de la producción independiente en México. Consorcios franceses controlan 20 por ciento y el resto firmas canadienses, estadunidenses y japonesas''.

De continuar esa tendencia, ''en el año 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63 mil 214 MW, alrededor de la mitad de los mismos en manos de empresas extranjeras''.

Se detalla que la CRE ha otorgado además 162 permisos de autoabastecimiento, de los que siguen vigentes 158. Suman 6 mil 311 MW, equivalentes a 17 por ciento del parque de generación de CFE. "El análisis de los 60 permisos más recientes permitió comprobar que 13 consienten un comercio ilegal de electricidad. Son negocios de generación y venta de energía eléctrica que conforman un servicio eléctrico paralelo al autorizado por la ley. El desarrollo de los mismos causa daño patrimonial a la CFE y LFC por merma de sus ingresos y remanentes".

Asimismo, se han otorgado 35 permisos de cogeneración. Siguen vigentes 35, que suman 2 mil 158 MW, equivalentes a 6 por ciento del parque de generación de CFE. El análisis de los 20 permisos más recientes permitió comprobar la existencia de un comercio ilegal de electricidad a través de la figura de "establecimientos asociados a la cogeneración". Al menos ocho permisos dan cobertura a negocios de venta de energía, van más allá de las disposiciones legales en la materia.

Además, el actual gobierno otorgó seis permisos para exportar electricidad por la frontera norte y uno por la frontera sur, que suman 2 mil 240 MW, equivalentes a 6 por ciento del parque de generación de CFE. La instalación de centrales allende el Bravo, dedicadas exclusivamente a producir electricidad para Estados Unidos, plantea diversos riesgos, "el más importante de seguridad nacional, toda vez que cuando el Congreso aprobó esta figura buscaba retribuir beneficios a la nación con la generación de divisa. El objetivo nunca fue permitir la maquila de electricidad con gas importado ni la extensión del sistema eléctrico estadunidense en territorio nacional".

En la denuncia los legisladores, presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales en el Senado y la Cámara de Diputados, hacen notar que además de esa privatización, que avanza día a día, el gobierno foxista a través de las autoridades del sector energético beneficia a los permisionarios con tarifas bajas por el uso del sistema de transmisión eléctrica.

Ese servicio (porteo), se cobra a los empresarios privados a razón de 0.0284 pesos por kWh, tarifa que sólo permite cubrir una parte de los costos reales en que incurre la CFE por prestar ese servicio, pese a que lo correcto sería 0.0982, según la media internacional. Esa diferencia de tres a uno representa un subsidio a las empresas, en su mayoría extranjeras, que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ocasiona un severo daño patrimonial a la empresa pública.

También las tarifas por respaldo -es decir, el servicio que el Estado debe dar si fallan las instalaciones privadas- está por debajo de su costo real y no cubre las inversiones que CFE debe llevar a cabo para suplir al transformador que pudiera fallar. Así, con respecto a la tarifa de tensión, la Comisión pierde 0.157 pesos por cada kWh que un generador particular deja de producir por falla.

La denuncia resalta que en un afán por justificar la privatización eléctrica el gobierno de Fox continuó con la estrategia de causar un daño patrimonial a la CFE, al propiciar el desplome del margen de reserva con que debe operar el sistema eléctrico, así como el deterioro de la disponibilidad, la confiabilidad y la eficiencia térmica. El daño se estima en más de 14 mil millones de pesos y se justifica en las restricciones presupuestales a que se ha sometido a la empresa desde el sexenio de Zedillo, pero agudizadas ahora.

Aunque CFE es rentable, se manipula su información financiera, se le impide invertir, aunque tiene recursos para ello. "De los hechos expuestos derivan responsabilidades administrativas, políticas o penales para los funcionarios públicos, así como responsabilidades para los particulares".

Bartlett, quien ganó a Fox la controversia por la modificación a un reglamento para la apertura eléctrica, y Rocha Díaz, resaltan que la documentación oficial entregada por CFE al Senado en torno a los requerimientos de inversión de la paraestatal sustentan las conclusiones de la denuncia.