No soy un represor ni estoy dispuesto a torcer la ley, afirma el gobernador

Grupos ligados a caciques pretenden dañar el desarrollo de Oaxaca: Murat

Siete veces he solicitado a Gobernación que impulse el diálogo para solucionar el caso Chimalapas No liberaré a los tres zapotecas presos por el conflicto en Unión Hidalgo

ROSA ROJAS Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA ENVIADA Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax, 24 de junio. El gobernador José Murat Casab negó enfáticamente que sea un represor, como han denunciado varias organizaciones indígenas y sindicales. En entrevista, al preguntarle sobre sus declaraciones acerca de la existencia de agrupamientos que buscan desestabilizar la entidad, afirmó que hay "grupos con interés político, eventualmente con intereses económicos", que tienen que ver con los "cacicazgos económicos o políticos de pueblo" que buscan hacer daño al desarrollo estatal.

Acerca de su crítica a la responsable de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez, de que otorgó un millón y medio de pesos a la Coordinadora de Defensa Ciudadana (Codeci), organización que ha creado problemas al gobierno estatal con sus movilizaciones, a la cual Gálvez respondió que seguramente habían "mal informado" al gobernador, porque ella "no financia desestabilizadores", sino que entregó esa cantidad al Fondo Regional de la Chinantla, y que si había alguna irregularidad que la denunciara ante la Contraloría, Murat Casab aseveró que la funcionaria entregó esa cantidad sin haberse puesto de acuerdo con la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado; ella "lo decidió en forma arbitraria, como la mayoría de las cosas que hace".

El problema, agregó, es que apoyos de este tipo no pueden entregarse directamente de las oficinas centrales, ya que entran en un mecanismo de mezcla de recursos entre las dependencias del gobierno federal con las de la administración del estado y con las áreas municipales. La funcionaria, manifestó, está rompiendo una regla "que se debe, en términos generales, respetar, y que no se ha respetado". Entonces, lo que propuso el gobierno de Oaxaca es "que se haga una revisión y que se audite dónde fueron a parar esos recursos, así de simple. Lo demás es sugerencia mental, de que ese millón y medio de pesos pudo haber sido usado para otro tipo de cuestiones. El mecanismo es más claro, que se audite, no nada más en ese caso, sino en todos los casos donde haya una definición en ese sentido".

Rechazo a torcer la ley

Por otra parte, Murat Casab negó que su gobierno vaya a poner en libertad a dos de los tres presos zapotecas de Unión Hidalgo, recluidos en el penal de Tehuantepec -como aseguraron anteayer integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU), que había comprometido el secretario de Gobierno, Anuar Mafud, en la mesa de negociaciones-, porque con ello "estaría intentando torcer la ley y no creo que ningún juez ni ningún magistrado me lo permitiría".

Afirmó que existe un procedimiento legal contra los detenidos por el conflicto en Unión Hidalgo -que comenzó con la demanda de que se realizara una auditoría al presidente municipal-, debido a que tomaron dos veces la carretera federal; las autoridades federales denunciaron ese hecho y se inició la averiguación. Indicó que hay demandas de transportistas que por esos bloqueos perdieron productos perecederos.

Murat dijo que hay "una investigación en función de la demanda que ratifican" los más de 600 automovilistas y camioneros que "estuvieron detenidos" en esos bloqueos. Agregó que, además, dos días después del bloqueo los del CCU trataron de tomar el palacio municipal, "hubo un enfrentamiento y murió un policía, no falleció ninguno de los dirigentes o de las gentes que llevaban en la manifestación... entonces procedió una investigación que yo no puedo detener".

Al comentarle que la gente del CCU se queja de que no ha habido avances en la investigación de esa muerte, Murat insistió en que el occiso fue un policía municipal.

Acerca del dirigente de los burócratas, Oliverio Neri, por cuya libertad se han realizado varias movilizaciones y el 12 de junio se dio el desalojo de varios plantones, en dos de los cuales hubo violencia policiaca, Murat Casab dijo que Neri está preso no por alguna actividad política, sino acusado de intento de violación.

Al comentarle que en el conflicto en los Chimalapas los indígenas zoques de Santa María aseguran que hay un grupo con armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército y preguntarle a quién corresponde actuar, Murat respondió que el caso compete al gobierno federal, e informó que durante cuatro años ha solicitado la intervención de la Policía Federal Preventiva y del Ejército para emprender una campaña de despistolización en los Chimalapas. Dijo también que por séptima ocasión ha solicitado una mesa de negociación que propicie el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y convoque a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, a los titulares de las secretarías de la Reforma Agraria y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para encontrar solución estructural, no coyuntural, tanto al conflicto de Santa María con la colonia Cuauhtémoc como al agrario y al de límites.

Subrayó que es a talamontes y las mafias de narcotraficantes a quienes más interesa que haya violencia en la región para seguir con sus actividades que dañan a la comunidad y el patrimonio de Oaxaca y del país.

Respecto de la afirmación de Luis Bustamante, presidente del Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas, de que Murat lo ha amenazado, contestó: "eso es mentira, miente. El señor tiene que ver con Maderas del Pueblo y... hay que analizar qué pasa ahí. Yo lo único que sé de él es que trata de propiciar un acuerdo. Bueno, si hace este señalamiento porque hay un muerto, el señor Andrés Luis Luis, pues con todo respeto yo no puedo saber cuál es el procedimiento en materia de la investigación legal que se está llevando a cabo, pero miente... yo no me dedico a eso".

Afirmó que hay tres conflictos agrarios resueltos y firmados que no se pueden finiquitar porque el gobierno federal no ha entregado el dinero necesario para las contraprestaciones.

-En este momento hay una mesa contra la represión, donde están planteando...

-Yo no le llamaría represión, porque hasta el día de hoy...

-Es que ellos (los organizadores) así le llaman...

-Bueno, si usted es la vocera de ellos...

-No, no.

-Entonces yo no la entiendo, porque usted, en esta pregunta, me está dando a entender que es la vocera, porque además usted es la única instancia...

-Ellos convocaron, como mesa contra la represión.

-... la única instancia de los medios de comunicación que gasta tinta y papel y que es una especie de vocero de ellos, y se lo digo con todo respeto; entonces, si es así, pues yo respondo en atención al señalamiento. Yo le quiero preguntar que me digan en dónde están, entre comillas o abiertamente, los detenidos del CIPO (Consejo Indígena Popular de Oaxaca), no hay ni uno ni un detenido de las otras organizaciones.

"El señor (Oliverio) Neri, que fue el dirigente del sindicato de trabajadores del gobierno del estado, no está detenido porque tenga alguna actividad política, sino porque una señora lo acusó de violación o de intento de violación, y luego hubo otra acusación y después un enfrentamiento entre el grupo del señor Neri y la señora Margarita (García, integrante del comité ejecutivo sindical), que no recuerdo su apellido, con los transportistas de materiales que están trabajando en las carreteras y que agarraron a palazos a uno de ellos, que estuvo en el hospital y todavía tiene una rajada de más de 27 centímetros en la cabeza. Son hechos que no pueden quedar impunes.

"Los casos de este tipo se deben tratar en tribunales y son asuntos apegados a derecho, no tienen ninguna carga política; lo que sucede es que le han puesto carga política porque alguna de estas organizaciones, algunas ingenuamente y de buena fe, y otras por determinadas alianzas, intentan en esta época de proceso electoral crear un mecanismo en Oaxaca que, con todo respeto, no han logrado, porque la actividad del gobierno, en todas sus instancias, marcha en la ruta correcta, seguimos trabajando en libertad y lo único que nosotros decimos, y esto sí es válido: no aceptamos la impunidad...

"Entonces hay tribunales y en el caso concreto de este señor, que fue el dirigente sindical, tiene un procedimiento de cara a que lo señalaron como aspirante a violador o violador, entonces es un asunto que se lleva en tribunales, hasta allí tendría yo que responder en relación a este tipo de señalamientos. Ahora, pues les falló la estrategia..."