Exigen 300 mil euros para liberar el buque; "es una persecución", afirma Greenpeace

Por orden de Aznar mantienen retenido al Rainbow Warrior en las costas de Valencia

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 26 de junio. El Rainbow Warrior, buque insignia de la organización ecologista Greenpeace, permanece retenido desde el pasado 13 de junio por orden del Ejecutivo español, presidido por José María Aznar, luego que tras una protesta en las costas de Valencia el gobierno ordenó a agentes de la Guardia Civil que abordaran el barco y detuvieran a la tripulación.

El gobierno español, por conducto del Ministerio de Fomento, exige el pago de una fianza de 300 mil euros para la liberación del Rainbow Warrior, cifra "injusta, absurda y que manifesta un evidente abuso de poder", según voceros de la organización internacional.

En el mítico barco de Greenpeace ondea la bandera del arcoiris desde que comenzó a recorrer los mares de los cinco continentes para realizar acciones de protesta contra la degradación del medio ambiente. Desde 1978, el Rainbow Warrior ha sido símbolo de la lucha de los ecologistas para poner en evidencia a decenas de gobiernos que maltratan el entorno natural o que toleran y promueven proyectos de depredación o contaminación.

Greenpeace decidió trasladar su buque a España a raíz del desastre que provocó el hundimiento -a finales de agosto pasado- del petrolero Prestige, que tras partirse en dos en noviembre vertió en aguas gallegas, asturianas, cantábricas, vascas, portuguesas y francesas más de 77 mil toneladas de combustible. Desde entonces el buque protagonizó diversas acciones de protesta, en las que denunciaba la "ineptitud" de las autoridades españolas en el manejo de la crisis. También participó en las labores de limpieza de las zonas afectadas.

En marzo pasado, el Rainbow Warrior se trasladó al puerto gaditano de Rota para bloquear el paso de un buque estadunidense que transportaba armamento al golfo Pérsico con motivo de la invasión contra Irak.

La más reciente protesta del buque del arcoiris fue en Valencia, la madrugada del 12 de junio, cuando un grupo de activistas decidió bloquear el paso y encadenarse a un barco procedente de Camerún llamado Honour, que supuestamente transportaba madera extraída mediante la tala ilegal en los bosques africanos. Horas después de iniciada la protesta pacífica, un nutrido comando de la Guardia Civil, bajo las órdenes del propio delegado de gobierno en la región, el ex director de la policía Juan Cotino, detuvo a los seis activistas y se retuvo la embarcación.

Los seis ecologistas, entre ellos el capitán del barco, Joel Stewart, están siendo juzgados por la vía penal y se encuentran en libertad después de haber pagado una multa que suma 700 dólares en conjunto. Pero el Ministerio de Fomento, cuyo titular es Francisco Alvarez Cascos, decidió abrir un expediente disciplinario por la vía civil, en el que exige el pago de 300 mil euros como fianza, cantidad máxima prevista para faltas muy graves contra la normatividad del tráfico marítimo.

Para Juan López de Uralde, director de Greenpeace en España, "la fianza es ilegal, porque los hechos ya fueron juzgados por la vía penal, por lo que creemos que se trata de un flagrante abuso de poder". López de Uralde exigió "la inmediata liberación del Rainbow Warrior" y anunció que Greenpeace "va a movilizar a su gente en todo el mundo para luchar contra esta situación".

Diferencia de criterios

El abogado de Greenpeace España, José Manuel Marraco, consideró que la fianza es el ejemplo más fidedigno de que la organización "está sufriendo una auténtica persecución", ya que "se nos está persiguiendo por todas las vías: la administrativa, la penal y todas las posibles". Lo paradójico, dijo, es que "la persona que firma el expediente administrativo contra el Rainbow Warrior es el director de la marina mercante (José Luis López Sors), quien se encuentra imputado en el proceso judicial abierto por el asunto del Prestige".

Lo curioso de la medida es la desproporción que hay entre los criterios impuestos por la vía penal con los de la administrativa, ya que los activistas sometidos a juicio fueron condenados a pagar multas de escaso monto (el capitán, 180 dólares, y cada miembro de la tripulación, 90), lo que contrasta con los cerca de 300 mil dólares de fianza decretada por el gobierno español, que, según la organización, se está guiando por "criterios políticos" y con afán intimidatorio.

Stewart, el capitán del buque, explicó que en ningún momento desobedeció las órdenes de los agentes ni puso en peligro a la tripulación o al barco, por lo que manifestó su "profunda perplejidad" ante la reacción del gobierno español, pues "desde la respuesta del gobierno francés tras las protestas contra las pruebas nucleares en Muroroa no recordamos una represión de estas dimensiones de un gobierno contra Greenpeace ", especialmente cuando "ni a barcos como el Prestige o los cientos de buques que transportan productos tóxicos o ilegales han recibido un trato así de las autoridades".

Sobre este asunto, la responsable internacional de la campaña de bosques de Greenpeace, Uta Bellion, recordó que España es el primer importador mundial de madera tropical africana, mucha de la cual procede de empresas involucradas en talas ilegales, las cuales "están poniendo en peligro a miles de especies. Creo que el gobierno español debería preocuparse más por perseguir ese tipo de actividades", señaló.