Denuncian delitos electorales en Nayarit, BC y Zacatecas

Detecta el IFE focos rojos en tres zonas de Chiapas para el 6 de julio

DE LOS CORRESPONSALES

En las zonas Norte, Altos y Selva de Chiapas el Instituto Federal Electoral (IFE) identificó puntos de "riesgo latente", donde "problemas sociales y políticos" podrían afectar el desarrollo de la jornada electoral del 6 de julio. Mientras, en Nayarit, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncia contra el presidente municipal de San Blas, a quien acusó de acudir a un acto proselitista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en horas de labores. Asimismo, se emitieron en Baja California y Zacatecas acusaciones de desvío de recursos oficiales en favor de candidatos a diputados federales.

Según un informe que emitió la vocalía ejecutiva local del IFE en Chiapas, las zonas consideradas de riesgo para el personal y el equipo a instalar abarcan principalmente Norte, Altos y Selva (Cañadas), "en virtud de los problemas sociales y políticos que predominan". En el diagnóstico se precisó que esas zonas serían independientes a los municipios de Nicolás Ruiz, Villa Las Rosas, Comitán y Venustiano Carranza, donde la población advirtió que no permitiría instalar casillas.

El IFE puntualizó que los focos rojos se detectaron en secciones rurales de Tila, Yajalón, Chilón, Tumbalá y Salto de Agua, correspondientes al distrito uno, con cabecera en Palenque.

Otras zonas de riesgo se localizan en los municipios de El Bosque, Simojovel, Huitiupán, Jitotol, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chapultenango, Chenalhó, Pantelhó y Larráinzar. El informe incluye parajes de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, estos últimos en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Nuevas imputaciones de desvíos para campañas

En Nayarit, el PAN presentó denuncias por supuestos delitos electorales contra el alcalde de San Blas, Eduardo Bernal, y 10 de sus colaboradores, a quienes imputó asistir en horas de trabajo a un acto proselitista de Raúl Mejía, candidato priísta a diputado federal. A su vez, el PRI anunció que presentará querellas contra el gobierno estatal por utilizar recursos del Fondo de Desastres Naturales con fines proselitistas.

Asimismo continuaron las acusaciones de desvío de recursos gubernamentales en apoyo a candidatos a diputaciones federales en Baja California y Zacatecas. Dirigentes del PRI y los partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) acusaron al gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, de hacer proselitismo en favor del PAN.

Sostuvieron que el mandatario realiza "inusuales" vistas a municipios, y que a menos de dos semanas de las elecciones dio inicio a un programa en el que se invertirán al menos 600 millones de dólares, para pavimentar más de 70 por ciento de las calles del estado. Elorduy negó que el proyecto tenga intenciones electorales, pues "la ciudadanía no puede esperar".

En Zacatecas, el representante jurídico del PRD ante el IFE, Felipe Andrade, informó que demandará a los dirigentes estatales de PRI, PAN y Convergencia "por impedirle" presentar ante el órgano electoral una querella por presuntas irregularidades de un comité municipal de Convergencia, cuyo contenido no reveló.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, defendió el derecho de los mandatarios priístas a apoyar a los candidatos de su partido en actividades proselitistas, como él hizo el miércoles. Argumentó que en su calidad de militantes activos, "tienen la obligación de respaldar las fórmulas" del tricolor.

Buscan que michoacanos voten en el extranjero

En otro orden, el subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de Michoacán, Daniel Hernández, adelantó que al concluir el proceso electoral federal la administración del gobernador Lázaro Cárdenas Batel enviará al Congreso local "varias iniciativas", entre ellas el proyecto de ley del derecho al voto de los migrantes en el extranjero. Indicó que la propuesta "ya está lista" y se referirá sólo a los michoacanos avecindados fuera del país.

En tanto, poco más de 30 empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) se manifestaron ante el palacio municipal de la capital de Aguascalientes para exigir al director de Control Reglamentario, José Manuel López, que se retracte de implementar en la ciudad la ley seca, vigente del viernes 4 de julio al domingo 6.

El presidente estatal de la Canirac, Guillermo Torres, calificó la medida de "intolerante"; aseguró que reducirá las ganancias de los restauranteros y que por ello "nadie votará por el partido en el poder", que en la capital hidrocálida es el PAN.

También en la ciudad de Aguascalientes, elementos de la Policía Federal Preventiva detuvieron a la regidora petista Gabriela Martín en el aeropuerto local, acusada de llevar en su bolso una pistola calibre 22 cuando pretendía abordar un avión a la capital del país. El diputado local y líder estatal del PT, Miguel Bess-Oberto, aseguró que el gobierno del estado plantó el arma a su correligionaria, debido a que hace año y medio existe un diferendo con el mandatario de la entidad, Felipe González.