Autoridades protegen a la empresa y solapan múltiples irregularidades, dicen empleados

Carbontec viola derechos laborales, acusan

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La empresa Carbontec, filial de la trasnacional italiana Techint, que goza de un importante contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Lázaro Cárdenas, Michoacán, "viola flagrantemente los derechos laborales de sus trabajadores, a quienes mantiene bajo contratos leoninos e incluso metió en la cárcel a tres empleados, liquidó a toda su planta laboral y la recontrató reduciéndoles salarios y prestaciones, además de que está presionando a casi 25 de ellos para que renuncien sin ningún derecho".

Las acciones de la empresa se dieron luego de que los trabajadores realizaron una petición de mejoría de sus condiciones de trabajo y efectuaron un manifestación afuera de la planta el pasado 21 de mayo. Ese día en lugar de la negociación que buscaban los trabajadores, la empresa los golpeó y amenazó, además de que retuvo a tres trabajadores al azar para escarmiento, luego los envió a la cárcel y hasta tergiversó las acusaciones.

Tal denuncia fue hecha a este periódico por José Juan Jaimes Sánchez y Enrique Corona Morán, trabajadores de la empresa que se encuentran en la ciudad de México, siguiendo los procesos de las denuncias que han presentado del caso ante las autoridades de las secretarías del Trabajo y de Gobernación, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.

Lo más grave, señalan, es que Carbontec cuenta con el respaldo de un sindicato fantasma y los funcionarios que han intervenido para resolver el asunto le dan la razón a la filial trasnacional, según manifiestan los trabajadores.

En este sentido explican que el delegado en Michoacán de la Secretaría del Trabajo, Jaime Barbara Martínez, acudió a la planta para dialogar con los directivos y decirles a los trabajadores que la única propuesta de la empresa era la liquidación. Luego enviaron al director del Trabajo de la entidad, Javier Caheri Ovando, quién les reiteró que el único camino era aceptar su liquidación y "no tenían de otra" y les ofreció que luego de que la acepten, Carbontec "le dará el perdón a los encarcelados", según relataron.

La situación laboral en la compañía siempre fue irregular, señalan Jaimes Sánchez y Corona Morán, quienes mostraron copias de los contratos en blanco que les hacían firmar. Informaron que luego de las movilizaciones fue liquidada toda la planta de trabajadores y recontrataron sólo a quienes quisieron, pero bajándoles el salario y con menos prestaciones, mientras su supuesto delegado sindical, Francisco Javier Maldonado, los "invitó a cumplir con sus obligaciones con la empresa".

"Carbontec goza de un generoso contrato de la CFE para descargar los barcos extranjeros que traen carbón para la termoeléctrica Plutarco Elías Calles y trasladarlo por medio de bandas móviles hacia la misma, situada a sólo siete kilómetros del punto de desembarco... sin embargo, esta compañía ha inventando todo tipo de contratos colaterales que desfalcan a la CFE, ya que se le factura por separado el mantenimiento de las bandas y la maquinaria de la empresa, el amarre de los barcos, y se le cobra en exceso el traslado naviero de esta materia prima", refiere la información presentada por los trabajadores.

Este año la empresa se negó a dar aumento salarial a los trabajadores y decidieron organizase para exigirlo, por lo que presentaron un pliego petitorio. Solicitaron a las autoridades que se convocara a Carbontec a dialogar, pero la representación empresarial sólo acudió el 19 de mayo para identificar a quienes participaban más en la discusión y ese mismo día los despidió.

Los obreros convocaron para acudir conjuntamente el 21 de mayo a la empresa para exigir la reinstalación de sus compañeros y ahí los estaban esperando el gerente, Javier Andrade Vergara, con una numerosa guardia de seguridad, dotada de perros de ataque. Ellos detuvieron a tres trabajadores: Luis Alfredo Pineda Ceja, Nelson Crosby Padilla Alvarez y Juan Carlos Cisneros Hernández. Fuera de toda legalidad, los retuvieron en una caseta de vigilancia y de ahí los entregaron a la procuraduría estatal inventándoles el delito de daño en propiedad ajena, y como el caso se les desmoronó les cambiaron la acusación por la de "sabotaje", por lo que no pudieron obtener su libertad bajo fianza.