CASO SERPICO

La postura de Kirchner es "dejar actuar a la justicia", según una fuente ministerial

Argentina no intervendrá en el proceso

AFP Y REUTERS

El gobierno argentino mantendrá su postura de no intervenir en el desarrollo de los juicios que se siguen en Argentina o en el extranjero por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar (1976-1983), pese a que causan preocupación en las filas militares, dijeron fuentes allegadas a las autoridades, al tiempo que familiares de las víctimas y organismos humanitarios con-fían en que la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a España tenga un efecto dominó sobre el resto de los casos.

Por lo pronto, uno de los organismos humanitarios más importantes del país, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), anticipó ayer que analiza la reactivación de otros pedidos de extradición para lograr que el presidente Néstor Kirchner se manifieste sobre este controvertido asunto.

Actualmente, un decreto del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) establece que los pedidos de extradición no pueden ser tratados por los jueces argentinos debido al principio de territorialidad, según el cual no se permite que se juzguen en el exterior delitos cometidos en el país.

El juez español Baltasar Garzón ha solicitado sin éxito a Argentina la extradición de medio centenar de ex militares, entre ellos los ex dictadores Rafael Videla y Emilio Massera, quienes están en prisión domiciliaria en una causa por robo de bebés, un delito que no prescribe para la justicia argentina.

Para el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el caso de Cavallo -detenido en México en 2000 y desde allí enviado el sábado a España- es un antecedente que los jueces de Argentina no podrán eludir al recibir en el futuro pedidos de extradición. "El principio es claro: se juzga en el país o se entregan", consideró.

El "punto de partida"

Para las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a centenares de niños desaparecidos junto con sus padres, la extradición de Cavallo "puede ser el punto de partida para que otros militares que fueron represores, violadores y que permanecen impunes puedan ser juzgados", según declaró la vicepresidenta del grupo, Rosa Roisinblit.

Sin embargo, pese a considerar la extradición del ex represor a España "un paso importante", Mercedes de Meroño, dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, dijo: "no estamos esperanzadas, porque en estos casos casi nunca pasa nada".

De Meroño, integrante de uno de los dos movimientos que agrupa a madres de desaparecidos, agregó que "ya hubo casos y la realidad demuestra que se los juzga y después se los manda a la casa porque son viejitos", en alusión a los represores mayores de 70 años, que en Argentina permancen confinados en prisión domiciliaria. Añadió: "es triste que (Cavallo) tenga que ser juzgado en otro país".

El caso de Cavallo reaviva un debate sobre derechos humanos en momentos en que algunos juzgados de primera instancia declararon nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que dejaron fuera del alcance de la justicia a cientos de militares que cometieron delitos durante la dictadura. La Corte Suprema de Justicia aún no se pronuncia sobre el tema.

La posición del gobierno de Néstor Kirchner "es la de dejar actuar a la justicia", ratificó a Afp ayer una fuente ministerial que pidió el anonimato. La cancillería argentina, que encabeza Rafael Bielsa, había anticipado su postura favorable a dar curso a las solicitudes de extradición, pero para ello es necesario derogar el decreto del ex presidente De la Rúa. "El decreto sólo puede ser derogado por otro del Poder Ejecutivo o por una ley del Congreso", precisó una fuente de la cancillería, que señaló que "Kirchner aún no ha dicho lo suyo".

La entrega de Cavallo a la justicia española causó relativa inquietud en las filas de la marina de guerra, según una fuente del Ministerio de Defensa que pidió el anonimato. La preocupación militar está centrada tanto en los pedidos de extradiciones a Europa, como en otros casos abiertos en el país, como el de una masacre de prisioneros políticos en la provincia del Chaco, en 1976.