La disminución de precios de algunos medicamentos antirretrovirales y de los reactivos usados en exámenes clínicos de detección del VIH y de medición de su avance en el organismo, lograda en una negociación entre países de la región latinoamericana y los fabricantes de esos productos es, sin lugar a dudas, una buena noticia. La reducción de precios, lograda en una acción concertada por diez países del área, incluido México, permitirá a nuestro país un ahorro considerable en el gasto de atención a los pacientes con VIH/sida; ahorro que a su vez permitirá resarcir, en parte, el déficit acumulado en el gasto en prevención, según propósito declarado por las autoridades de Salud.

Sin embargo, la realidad de nuestro sistema de Salud no permite hacer cuentas demasiado alegres. En primer lugar, las reducciones de precios en medicamentos genéricos no benefician a México, ya que por ley no puede recurrir a ellos. El beneficio se ubica, por tanto, en la baja de precios de los reactivos, pero ello dependerá de que las diversas instituciones de salud que lo componen, lo hagan efectivo. Es decir, se pongan al tanto de estas rebajas y las sepan negociar. Otro tanto sucederá con los recursos liberados de la atención que se destinen a la prevención. En mucho dependerá de la voluntad política de los gobiernos de los estados el que se logre transferir dichos recursos a las actividades preventivas, máxime que dichos recursos tendrán que ser canalizados necesariamente a través de las organizaciones civiles y comunitarias y dirigidos a los poblaciones mayormente expuestas a la epidemia: hombres que tienen sexo con hombres. Sólo el concurso de las organizaciones de la sociedad civil en los diferentes estados de la república, que deberán ejercer labores de vigilancia ciudadana, garantizará que así suceda.