Propuesto por el Frente por el Fortalecimiento de la Cultura Laica --que aglutina a 230 organizaciones ciudadanas que trabajan por la democracia y los derechos humanos, la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos y la lucha contra el VIH/sida, entre otros--, el PRD aceptó postular como candidato externo a una diputación plurinominal al especialista en temas de laicismo Roberto Blancarte Pimentel. Originario de Sinaloa, el investigador de El Colegio de México señala en entrevista con Letra S que un gobierno laico es aquel que responde al pueblo, a los ciudadanos y no a instituciones religiosas, puesto que su poder, su autoridad y su legitimidad vienen del pueblo.

¿Está la Iglesia católica más beligerante en esta época electoral que en otras anteriores?

Ha habido antecedentes, pero probablemente en el caso actual hay un intervencionismo mayor, empujado por una oleada ultraconservadora que viene desde El Vaticano. Los sectores que están alrededor del famoso asunto de la "defensa de la vida" han estado metiéndolo como punto central de la agenda vaticana y de la Iglesia católica, como si eso fuera lo más importante para ellos. Obviamente eso lleva a que muchos obispos lo conviertan también en el tema central de sus propias exhortaciones pastorales. Cuando mezclan eso con la intención de señalar los rumbos morales, muchos de ellos rebasan la raya que la propia legislación establece y comienzan a aludir a partidos, ya sea por su nombre o sin mencionarlos explícitamente, para tratar de influir en el electorado. Creo que en esta ocasión sí hubo un límite que cruzaron con mayor facilidad que las otras veces. Tal vez en muchos jerarcas haya influido el sentirse cercanos a este gobierno.
 
 

¿Puede ser que la jerarquía católica tenga aliados en el poder que les permitan rebasar esos límites?

No. Creo más bien que esa jerarquía percibe que es el momento de reforzar la presencia de diputados católicos que actúen desde una perspectiva de integralidad católica. El razonamiento es: "puesto que no podemos o no queremos gobernar, sí queremos decir cómo se gobierna. El gobierno no puede hacerlo solo y necesita apoyos en el Congreso para aprobar esas leyes que quisiera establecer, por ejemplo, en materia de educación religiosa en escuelas públicas, o en materia de salud pública. ¿Cómo podemos ayudarle a este gobierno que nos es afín?, pues mediante las personas que definen las políticas públicas. Si uno de esos espacios es el Congreso, tratemos de que los electores elijan a este tipo de personas."
 
 

¿Hay candidatos en el PAN que cumplirían con este papel?

Creo que hay algunos. El PAN ha tenido siempre un grupo de personas cercanas a las directrices del episcopado católico, a una filiación religiosa a partir de la cual define su posición política. Pero también hay quienes todavía distinguen el espacio político del religioso.
 
 

¿Sería una incidencia disfrazada de la Iglesia católica en el Poder Legislativo?

La jerarquía católica hace muchas décadas entendió que no podía dirigir directamente un gobierno. En la medida en que fue desplazada del Estado entendió que tenía que actuar a través de los laicos, y esto suponía también que la Iglesia como tal estuviera por encima de los partidos, porque si se le ubicaba como aliada a un solo partido, cuando ese partido perdía, también perdía la Iglesia. Entonces pretendió ponerse en un nivel superior e indicar el camino de la sociedad y la orientación de las políticas públicas, independientemente de quién esté gobernando. Por supuesto ellos tienen derecho a expresarse porque están hablando de un principio y de un derecho que es la libertad de expresión. Todos van a decir que hay que estar en contra del aborto, pero no todos van a indicar que se vote o no se vote por él. Hay algunos obispos que serán más prudentes y simplemente indicarán la doctrina a partir de su propia visión de las cosas sin querer por eso inducir al voto.
 
 

La intervención de la Iglesia en los asuntos públicos a través de los laicos, al menos formalmente, no representa ninguna violación a las leyes, ¿harían falta reglamentaciones más específicas para limitar esa participación?

No. El artículo 130 habla de proselitismo, y es difícil decir que hubo proselitismo como tal, pero el Código Federal Electoral habla de inducción al voto, que eso sí hubo. El problema ahora es el tipo de sanciones que una sociedad cada vez más democrática puede imponer. Reforzar las sanciones no va a llevar a mucho, porque es muy difícil lograr un consenso oficial para meter a la cárcel a un sacerdote o a un obispo. La condena debe ser social. La condena a una forma de participación en el proceso democrático en donde la jerarquía pretende utilizar las reglas de la democracia constitucional en su favor. La jerarquía dice que aún si 100 por ciento de los ciudadanos y de los legisladores que los representan votan a favor de una ley sobre el aborto, no la van a aceptar, con lo que está diciendo que no acepta las reglas de la democracia, pero sí exige los derechos y las libertades que esas reglas le garantiza. Esto es lo que hay evidenciar, ya que eso al final tiene un costo mucho mayor para ellos, puesto que en términos generales la sociedad mexicana no desea que los religiosos intervengan en política.
 
 

Ese intervencionismo ha sido evidente, pero no se ha reflejado en alguna disminución del número de creyentes...

Hay una disminución del número de fieles que siguen las normas tal como las establece la jerarquía. Eso no los hace menos católicos ni menos creyentes, simplemente están ejerciendo su libertad de conciencia. Con esa libertad los jóvenes usan el condón y las mujeres utilizan métodos anticonceptivos.
 
 

El salto de la academia al nivel de toma de decisiones, ¿es para usted una oportunidad de concretar las propuestas que ya ha planteado en otros espacios?

Creo que las ciencias, y en particular las ciencias sociales, deberían ser ciencias aplicadas. Yo siempre he concebido mi labor académica como una aportación a la sociedad para resolver los problemas que enfrenta. Trato de hacer mi trabajo de la manera más objetiva posible y después tomo una posición al respecto. Lo que he estado investigando me ha conducido, casi naturalmente, a posiciones políticas en defensa de las libertades civiles y en particular en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido sí me parece importante ligar mi actividad académica con una participación política más activa, que por lo demás siempre he hecho. He trabajado alternadamente como investigador, en la embajada de México ante la Santa Sede, en la Secretaría de Gobernación en asuntos religiosos y ahora espero ingresar a la Cámara, porque nunca me ha parecido que lo que haga en un lugar u otro esté desconectado.
 
 

¿Ya tiene algunas propuestas?

Después de lo que ha pasado no tengo muchas ganas de lanzar iniciativas de reforma en materia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Lo prioritario es que se aplique la ley y que los ministros de culto entiendan la lógica de esto y que busquemos su verdadera aplicación. Pero si se planteara la posibilidad de una reforma, introduciría iniciativas importantes como llevar a rango constitucional la laicidad del Estado para que quede definido y que no cualquiera que diga ser laico haga lo que quiera. Me inclinaría más por impulsar reformas en materia de salud pública que permitan, por ejemplo, el acceso de las mujeres a la pastilla del día después. Reformas que impulsen una ley de conciencia como no se ha podido poner en el Distrito Federal. Reformas que garanticen la educación sexual en los jóvenes, en fin, que ayuden a fortalecer la libertad de conciencia.
 
 

¿Esto es factible considerando las tendencias electorales para la próxima legislatura?

Creo que se pueden hacer consensos en función de la utilidad pública. Espero poder, en primer lugar, convencer a mis colegas de que hay leyes de utilidad pública más allá de los intereses de partido, de grupo o de una determinada religión. Espero que prime el interés público por sobre todo y espero poderlos convencer de que hay cosas que van a ser válidas, efectivas y benéficas para todos. Creo que incluso muchos de los legisladores panistas tienen clara la división entre lo político y lo religioso, y que puede haber panistas a los cuales pueda convencer de la lógica, por ejemplo, de las sociedades de convivencia.
 
 

¿Alguna definición de laicidad?

La laicidad es un sistema en el cual la autoridad viene del pueblo y no de algo sagrado; por lo tanto, la cuestión central de la laicidad es la legitimidad. Finalmente un gobierno laico es un gobierno que responde al pueblo, a los ciudadanos y no a instituciones religiosas, puesto que su poder, su autoridad y su legitimidad vienen del pueblo. En ese sentido, la lógica de actuación de un Estado laico debe ser la de la utilidad pública, más allá de las normas doctrinarias o religiosas de cada quien.