16 municipios autónomos, los más afectados, revela estudio

Represión, constante en el gobierno de Chiapas: ONG

Ante hipocresía de campañas ganará el abstencionismo: CIEPAC

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 5 de julio. Durante los dos años y medio que ahora cumple el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, "las movilizaciones de diversos sectores de la sociedad no han sido escuchadas, y algunas sí fuertemente reprimidas", concluye un análisis del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), dado a conocer esta semana. "Tampoco hay credibilidad en los mecanismos de diálogo, concertación o negociación con el gobierno; los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el EZLN, siguen sin cumplirse, y más bien se recrudecen las condiciones de las comunidades indígenas de Chiapas, en especial en los municipios autónomos".

El documento, firmado por Gustavo Castro Soto, se titula Violación de los derechos humanos y de los acuerdos de San Andrés. El autor lamenta que, ante las elecciones federales, los partidos políticos sólo hayan desplegado desprestigio y acusaciones mutuas: "La hipocresía reina en las campañas. Al parecer, ganará nuevamente el abstencionismo", dice.

Por otro lado, apunta, "nos encontramos con la crisis del campo, en especial de los productores de maíz, azúcar, café y cítricos, y con las privatizaciones (y su marco legal) de energía eléctrica, agua, inversiones petroleras y áreas naturales protegidas", agrega.

"En Chiapas, la militarización y la paramilitarización se acrecientan, en medio del silencio del EZLN, pero no de sus municipios autónomos. Durante los 32 meses del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía ha surgido, en promedio, una denuncia por semana. El organismo Enlace Civil, de San Cristóbal de las Casas, ha registrado al menos 164 quejas entre 2001 y junio de 2003, provenientes sólo de cuatro de las nueve regiones de Chiapas (norte, selva, Altos y fronteriza)".

Del análisis realizado por Castro Soto sobre el registro de denuncias en la página electrónica de Enlace Civil, se desprende que 16 municipios autónomos han sido agredidos con singular frecuencia durante el periodo foxista-salazarista. "También se registran agresiones o violación a los derechos humanos de maestros y alumnos de escuelas indígenas, desplazados, militantes del PRD, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, uno de los principales actores que ha canalizado y ejercido denuncias".

Otras acciones violentas del gobierno han causado detenciones arbitrarias, heridos e incluso desplazados en los municipios de Ixtapa y Venustiano Carranza, contra el predio Cuatro Milpas (Tapachula) y campesinos del MOCRI.

Las denuncias de los pasados 32 meses identifican como agresores a Los Aguilares, la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdic), los Cholos, así como Desarrollo, Paz y Justicia en su nueva presentación como Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF). "También militantes priístas, policía del estado, Ejército federal, la Procuraduría General de Justicia del estado, las policías federales Preventiva y Judicial, y las Bases de Operaciones Mixtas, que son la combinación de todas ellas".

De acuerdo con CIEPAC, también se identifica como agresoras a algunas autoridades municipales "y organizaciones campesinas e indígenas, entre las que están Aric Independiente y Orcao, cuyos líderes se incorporaron a puestos gubernamentales, y algunos de sus miembros o comunidades gozan ahora de prerrogativas o se sienten inmunes".

El documento considera que "en la medida que las privatizaciones avancen, la confrontación de las organizaciones y comunidades rurales será también con las corporaciones privadas que sustituyan al Estado". Meses atrás, dice CIEPAC, se privatizó el Cañón del Sumidero; "ahora se habla del agua y otros servicios en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas".

Muchos de los conflictos denunciados en este tiempo se refieren al tráfico de madera, "pero los problemas de tierras son los que concentran ahora las tensiones, por su redimensión en la nueva estructura del mercado". CIEPAC suma aquí "las trampas y presiones para incorporar a los ejidatarios al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), con el fin de privatizar la tierra indígena; las divisiones que causan en las comunidades los paliativos Progresa-Oportunidades, Procampo o Capitalización del Campo y la supuesta labor social del Ejército federal". Por último, se mencionan "los proyectos ecoturísticos, la introducción de alcohol en las comunidades donde está prohibido y la construcción de caminos para el mejor despliegue del Ejército y los cuerpos policiacos".

Entre las acciones ejercidas contra las comunidades desde el cambio de gobierno, en 2001, se contabilizan las siguientes: aumento de tropas y efectivos, sobrevuelos, operativos, patrullajes y retenes, amenazas, disparos, acosos, intimidaciones, provocaciones, hostigamientos. También se denuncian robos a cooperativas y de cosechas, destrucción y quema de casas, apedreamiento de centros culturales comunitarios, expulsiones, asaltos y emboscadas. Esto ha producido heridos, torturados, desaparecidos y asesinados; siembras de mariguana para justificar acciones militares y policiacas; detenciones arbitrarias o violentas por acusaciones falsas; violación a las garantías de debido proceso e irregularidades en los procesos judiciales y administrativos. Esto ha ocasionado presos políticos, cortes de servicios públicos como luz y agua, desalojos de tierras y reubicaciones incumplidas.

Por último, CIEPAC señala las maniobras del gobierno del estado y algunos de sus funcionarios en torno a los acuerdos o convenios, así como en su actuar en la solución de los conflictos. Respecto a la violación de los derechos humanos, el análisis apunta que se persigue incluso a los defensores.Y cita: "el mismo Samuel Ruiz García, quien fuera obispo de San Cristóbal de Las Casas, afirmó que este gobierno sigue en la misma dinámica de violación a los derechos humanos".

En el contexto de las elecciones, el organismo denuncia vigilancia a sus oficinas, de otras ONG y misiones religiosas, así como amenazas. El gobernador, describe el análisis, "se distingue por su alta sensibilidad a no ser aceptado y se muestra intolerante ante la crítica. Su administración está confrontada con organizaciones sociales, indígenas y campesinas, con sectores empresariales y organizaciones civiles de derechos humanos".

Las policías de tipo militar "afloran por todos lados y la violencia institucional se ha desplegado hacia comunidades nativas". Cuando se fracturan los acuerdos entre el gobierno estatal y los grupos afectados se da paso al uso de la fuerza con extrema violencia.

Se agudiza la militarización en Chiapas

Las comunidades y regiones zapatistas continúan asediadas y cercadas por el Ejército federal. Los campamentos militares y sus retenes, así como la presencia de seguridad pública, siguen en aumento. A la par, se registran nuevos grupos civiles armados, mientras los antiguos siguen impunes.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo "hacen oídos sordos a los reclamos de los pueblos indígenas, y a lo que el mismo gobierno ha firmado. Por ello, no sólo la vía electoral está desacreditada, sino también los procesos de diálogo y negociación. La consulta nacional del EZLN y el CNI, y lo ratificado por el gobierno en el Convenio 169 de la OIT siguen ausentes en los decretos y megaplanes que afectan la vida de los pueblos".