El monto alcanza a 2 mil 700 millones de dólares

Pide Garzón a Argentina embargar bienes de 46 oficiales represores

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 8 de julio. El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, dictó hoy una providencia en la que solicita al gobierno argentino embargar bienes con valor de más de 2 mil 700 millones de dólares, que están a nombre de los 46 militares argentinos procesados ante su juzgado por los delitos contra la humanidad perpetrados durante la dictadura militar.

El dictado incluye los bienes de Ricardo Miguel Cavallo, quien permanece en la prisión de alta seguridad de Soto del Real luego de su extradición desde México.

Garzón decidió embargar los bienes de los procesados pensando en que de esos capitales podrían salir eventualmente las indemnizaciones de los familiares de la víctimas de la dictadura militar. Con ello el juez respondió a una petición formal de los abogados de la causa.

Entre los procesados y con órdenes de captura internacional se encuentran el ge-neral Jorge Rafael Videla, máximo responsable del ejército y las juntas militares entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978, y el almirante Eduardo Massera, ex comandante en jefe de la marina y máximo responsable de la Escuela Mecánica de la Armada, centro de tortura de la dictadura en el que Cavallo fungió como uno de los más temidos exterminadores.

El juez justifica su resolución en la naturaleza de los crímenes que se investigan y en las circunstancias en los que se cometieron: "Tras el golpe de Estado cometido el 23 de marzo de 1976, (las juntas militares) impusieron un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática de personas desde el Estado, a lo largo de varios años y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, en forma violenta, con el fin de romper la propia estructura del grupo nacional".

La intención de los militares golpistas, según Garzón, era "la instauración de un nuevo orden en el que no caben determinadas clases de personas, aquellas que no encajan en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana, es decir, todos aquellos que no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad porque obedecían a consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo".

Manuel Ollé, uno de los abogados de la acusación, resaltó la "enorme importancia" de la resolución judicial, al afirmar que ésta afecta por igual a todos los militares procesados, independientemente de si están o no encarcelados.

Ollé abundó en que "el mensaje del presidente argentino (Néstor Kirchner) de ayer (en el que alertó a los militares de que habría que "pagar" los excesos del "pasado") y la providencia de hoy de Garzón ha sido una feliz coincidencia, pero desde lue-go creemos que Kirchner ha dado muestras de la nueva política que se va adoptar en Argentina".

El hecho de que Domingo Bussi, electo el lunes anterior alcalde de Tucumán, figure entre los procesados y que también se exija el embargo de sus bienes es "importancia vital" para la causa, ya que "adquiere mayor revelancia social si se toma en cuenta el papel que desempeñó entonces y en su vida pública de ahora", dijo el abogado de la acusación.