Le hace observaciones; el Congreso plantea sustancial financiamiento privado al rubro

Omite el Ejecutivo publicación de ley de aguas aprobada por el Legislativo

ANGELICA ENCISO L.

La Ley de Aguas Nacionales aprobada en el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, plantea que el sector privado deberá jugar un papel importante en el financiamiento de la infraestructura de agua potable, así como la descentralización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que ésta dependa directamente del Ejecutivo, pero a pesar de que han pasado más de dos meses desde que se le dio visto bueno, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación porque el gobierno federal le hará observaciones.

En ese contexto, Ulises Ruiz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, anunció que en cuanto comiencen los trabajos de la próxima legislatura se enviará una excitativa al presidente Vicente Fox para pedir la publicación de la ley, ya que en los foros de consulta popular que se realizaron previo al debate legislativo, el Ejecutivo participó a través de la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ahí, agregó, el gobierno tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones, y por ello ahora no debe haber reparos para su publicación

"Fue una ley consensada en el Senado y se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados", explicó en entrevista telefónica. Actualmente la Conagua es un órgano desconcentrado de la Semarnat, pero con la nueva ley queda fuera ésta, con lo que el presupuesto de la secretaría -de alrededor de 14 mil millones de pesos- bajará 75 por ciento.

De acuerdo con información de la Conagua, la legislación no se ha publicado en el Diario Oficial porque el responsable jurídico de Presidencia hizo observaciones que serán remitidas al Congreso el próximo periodo ordinario de sesiones.

Urgencia de recursos

Ulises Ruiz explicó que la diferencia entre la anterior ley y la nueva es que algunas funciones serán de los consejos de cuenca, para que realicen la gestión del líquido y la descentralización sea más eficiente, ya que además tendrá presupuesto, autonomía financiera, personalidad jurídica propia y todo lo que se capte por ingresos regresará al sector. "Lo del agua al agua", expresó.

En el dictamen de la ley se establece que la tendencia a la baja del presupuesto de la Conagua ha sido continua desde 1998, cuando fue de 14 mil 68 millones de pesos, y en 2002 la caída ya era de 35 por ciento.

"Se requieren cuantiosos recursos financieros para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, así como para ampliar la infraestructura hidráulica en beneficio de los sectores productivos del país y mantener el equilibrio ambiental", indica el documento.

"La magnitud de los requerimientos hace casi imposible que sean aportados con fondos fiscales. Los usuarios del sector agrícola, desde hace varios años ya participan económicamente, y con la mezcla de recursos se sufragan los costos de inversión, operación y mantenimiento. Al sector privado ahora le corresponderá jugar un papel importante en el financiamiento", señala.

El documento plantea la descentralización de las actividades, con la participación de los gobiernos estatales y usuarios en los procesos de toma de decisiones y resolución de los conflictos existentes. Esto será a partir de los organismos de cuenca, en los que participarán los tres niveles de gobierno y se ampliarán facultades de los consejos con el fin de integrar un "parlamento del agua".

Asimismo se plantea la creación de un sistema financiero del líquido que dé viabilidad económica para la satisfacción de las demandas de servicios de agua potable y saneamiento. Este organismo definirá la forma de conseguir los fondos, así como los criterios de aplicación del gasto y de rendición de cuentas.

La nueva Conagua tendrá una estructura desconcentrada regional por cuenca hidrológica y de corresponsabilidad con usuarios y gobiernos estatales y municipales.

Se encargará de atender proyectos estratégicos y de seguridad nacional, de establecer normas y regulaciones, de elaborar planes y programas y de supervisar a los organismos de cuenca.

A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se transferirán casos de inspección, vigilancia y sanciones relacionados con la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores, condiciones de calidad del líquido y su afectación ambiental.