Carlos González, asesor de comuneros de Tlalpan

La actitud en Xalatlaco, provocación orquestada

Asunto resuelto, el conflicto de límites: Procuraduría Agraria

BERTHA TERESA RAMIREZ, MIRNA SERVIN Y MATILDE PEREZ URIBE

Comuneros de Santo Tomás y San Miguel Ajusco de la delegación Tlalpan lanzaron un ultimátum a las autoridades federales, locales y del estado de México para que resguarden la zona en conflicto que limita con la comunidad mexiquense de Xalatlaco, o de lo contrario decidirán en asamblea las acciones a seguir en defensa de sus tierras.

En voz de su asesor agrario, Carlos González, al salir de una reunión que tuvieron con Aarón Mastache, coordinador de asesores del secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, hicieron saber que la tensión sigue creciendo en la zona "al grado que los comuneros de Xalatlaco notificaron hoy (lunes) que se van a llevar el ganado que la comunidad del Ajusco tiene en esos terrenos y van a cerrar la carretera que comunica con el estado de México".

Mientras tanto, la comunidad del Ajusco está en "alerta roja" y ya recibió el apoyo de más de 10 comunidades de Tláhuac, Xochimilco, Milpa, Alta, de la propia delegación Tlalpan y de Cuajimalpa, por lo que si no se resuelve el conflicto podría extenderse hasta convertirse en "una guerra de campesinos, porque entendemos que detrás de esto hay intereses fuertes".

Al señalar que es necesaria la intervención de la Policía Federal Preventiva en la zona, el asesor agrario dijo que demandaron al funcionario local que se redoble la vigilancia que mantiene el GDF en la zona y expusieron su malestar por el convenio que suscribió Alejandro Encinas con la comunidad de Xalatlaco para reconstruir las cabañas que la comunidad mexiquense construyó indebidamente.

Afirmó que la actitud de los comuneros de Xalatlaco "se debe a una provocación dirigida por empresarios mexiquenses ligados al grupo Atlacomulco para apoderarse de los terrenos del Ajusco y para golpear al gobierno de López Obrador".

En un documento que entregaron en la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Gobierno del Distrito Federal y al gobernador del estado de México, los campesinos señalaron que "bajo secuestro, en una clara acción de extorsión producto de motín, los de Xalatlaco obligaron al GDF a firmar un convenio nulo y jurídicamente imposible, en el que el propio gobierno se convierte en cómplice de despojo y delito ambiental al comprometerse a reconstruir las cabañas desmanteladas".

Por su parte, Aarón Mastache dijo que durante la reunión "nosotros nos comprometimos con la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco a continuar el resguardo con presencia de fuerzas de seguridad pública en el paraje La Cantimplora y que insistirá en la solicitud al gobierno federal para que también sea resguardada por PFP hasta que se resuelva sobre el amparo interpuesto por la comunidad de Xalatlaco ante el juzgado tercero en materia administrativa".

Sobre el conflicto, la delegación Tlalpan manifestó que la solución de fondo depende de las instancias federales competentes, como el Tribunal Agrario y la Secretaría de Gobernación, que deben a la brevedad resolver el litigio agrario y generar consensos para su ejecución pacífica.

Añade que las autoridades delegacionales asistirán en las acciones legales que decidan enfrentar los ejidatarios del Ajusco y que respetarán el fallo definitivo de las autoridades competentes.

Por su parte, la Procuraduría Agraria señaló que el conflicto de límites territoriales entre ambas comunidades es un asunto resuelto en las instancias jurisdiccionales competentes, y aclaró que, aunque no forma parte de procedimiento, puede proporcionar asistencia legal necesaria a los interesados para la lograr la conciliación de las partes.

Isaías Rivera Rodríguez, procurador agrario, comentó que a petición de las autoridades municipales de Xalatlaco, la institución nombró un visitador especial para que participe en las reuniones entre las partes en conflicto, además de promover entre ellos el diálogo y la conciliación, como vías preferentes para dirimir el conflicto.

Insistió en que la solución al mismo compete al Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de México, donde está el juicio 23/TUA24/97, que reconoce a la comunidad de San Miguel Ajusco una superficie de mil 509 hectáreas y al poblado de Xalatlaco 169, sobre las que acreditó tener la posesión.