No son ángeles; requerimos un sistema legal que inhiba el desacato, afirma

Más facultades para fiscalizar a partidos y candidatos, necesidad del IFE: Lujambio

Personajes de la política participaron en simposio de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

ENRIQUE MENDEZ

A los partidos políticos -PRI, PRD, PT y Convergencia- que propusieron una reforma constitucional para acotar el dinero ilegal en las precampañas y las campañas políticas, el presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE, Alonso Lujambio, les dijo que los legisladores deben seguir el ejemplo que les dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eliminar el secreto bancario cuando se trate de la revisión de las cuentas de los gastos electorales.

El IFE, dijo, necesita más facultades legales para revisar las cuentas de los partidos políticos y los candidatos, y subrayó: "No hay ni habrá ángeles en la competencia por el poder. Es tanta la ambición que no podemos asumir que se puedan convertir en ángeles que acaten la norma. Necesitamos un sistema jurídico que inhiba el desacato".

Asimismo, al participar en el simposio Control del dinero para fortalecer la democracia -al que convocó el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM-, el senador priísta Manuel Bartlett Díaz reconoció que el proceso interno de su partido en 1999, en el que se eligió como candidato presidencial a Francisco Labastida Ochoa, "se prostituyó" por el financiamiento privado que se utilizó en esa contienda.

El legislador priísta convocó por ello a evitar que en México prevalezca "el dominio del dinero, de los intereses que compran candidatos. Lo ha sufrido el PAN, lo ha sufrido el PRI y lo sufrirán todos los partidos, si permiten que los utilicen los intereses extranjeros, que prostituirán a todos los partidos".

Mientras, el diputado electo por el PRD Manuel Camacho Solís advirtió que si no se controla el acceso de recursos a los partidos "ya sabremos quién ganará en las elecciones de 2006: quien haga más compromisos, a partir de intereses ilegítimos, con el capital nacional y extranjero, que comprarán a los gobernantes".

El ex regente capitalino presentó una lista de cinco propuestas básicas que la Cámara de Diputados debe emprender para impedir ese escenario, e informó que el grupo parlamentario del PRD tendrá lista su iniciativa "en las primeras semanas" de la 59 Legislatura.

Por su parte, el diputado electo por ese mismo partido Agustín Ortiz Pinchetti recomendó iniciar una serie de cambios legales que apunten no sólo a reducir el gasto de campañas publicitarias en medios electrónicos, sino también la transferencia de dinero a la alta burocracia de los partidos. Sé, dijo, que habrá resistencias no sólo de la radio y la televisión, principales beneficiarios de los partidos durante el proselitismo electoral, sino también de los dirigentes que "se atrincherarán contra quien pretenda reducir" su nivel de vida, pero es necesario hacerlo.

La revisión que legisladores y académicos del instituto realizaron sobre el manejo de recursos en la política nacional se inició con un incidente. Entre el público, un hombre se levantó para cuestionar al director del IIJ, Diego Valadés, y al propio Bartlett, a los que acusó de estar involucrados en actos ilícitos. Sobre todo señaló al senador priísta de estar relacionado con los asesinatos del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del periodista Manuel Buendía.

El individuo, que se negó a proporcionar su nombre, se retiró luego de un abucheo del resto de los asistentes, y el simposio continuó.

Valadés moderó la mesa e inició Bartlett. El ex secretario de Gobernación insistió en que si se deja "vía libre" a que las precampañas continúen sin regularse, entonces "el dinero determinará en mucho los resultados" electorales y "se pueden imponer los intereses económicos y candidatos alejados de los propósitos de los partidos políticos".

Luego Camacho Solís señaló que si el Congreso no controla el dinero que se invierte en las campañas no habrá quién defienda el interés público, y planteó que si los candidatos aceptan grandes cantidades nadie creerá que pueden defender las instituciones del país.

Dijo que uno de los mensajes de los electores, en los pasados comicios federales, fue que los partidos no deben derrochar dinero ni hacer promesas a sabiendas de que no se cumplirán. "A pesar de los escándalos, tal parece que no les queremos hacer caso", declaró.

Como un mecanismo para regular las precampañas, en las que se "tira el dinero y se hacen promesas inconfesables", presentó cinco puntos de control del gasto.

Y enlistó: que los candidatos, al momento de su registro ante la autoridad electoral presenten una declaración de apoyos recibidos, y si después se descubre que mintieron, se les cancele la candidatura o se les suspenda del cargo; reducción del financiamiento y de los tiempos de las campañas; sustituir los espots por debates obligatorios; prohibir el uso de tiempos oficiales para favorecer al partido en el gobierno; hacer más transparente el gasto de los partidos.

Es, dijo Camacho, un paquete suficientemente sencillo como para distribuir costos, sin ocultar nada, y que cambiaría las condiciones de inequidad y pondría un dique al patrimonialismo y al tráfico de influencias.

En seguida, Lujambio resaltó que el fin de la investigación sobre Amigos de Fox, que -anunció- será en los próximos días, habría sido imposible si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hubiese determinado que para la fiscalización de los partidos el secreto bancario no opera para el IFE.

"No nos engañemos", afirmó, ese fallo permitió acceso a más de 55 mil datos y documentos de 50 cuentas, abonos, egresos y egresos de personas físicas y asociaciones civiles. El tiempo que se perdió mientras las autoridades hacendarias recurrieron al secreto bancario y los involucrados al amparo se recuperó en sólo nueve meses. Pero esto fue posible no por la vía legal sino por la intervención judicial.

Es imposible, advirtió, que se logre el control de los gastos de los partidos políticos "apostando sólo al IFE" y pidió que una reforma se enfoque a establecer un vínculo entre el órgano electoral, el Congreso y la Procuraduría General de la República, para compartir información "y conducir a los partidos al marco legal".

A su vez, el diputado electo por Convergencia, Jesús Martínez Alvarez, planteó que además de reducir el tiempo de las campañas se hagan sólo dos elecciones cada seis años. Con ello, dijo, no sólo se evitaría el hastío social por la recurrencia de procesos electorales, sino que el país se ahorraría 50 mil millones de pesos, según sus cálculos.

Finalmente, José María Serna, investigador del IIJ, resaltó que el Congreso debe concederle al IFE la facultad de exigirle a la Secretaría de Hacienda que entregue la información sobre las finanzas de los partidos y ordene auditorías a las empresas que presuntamente hayan aportado recursos en forma irregular. También consideró que todo lo que permita acortar las campañas electorales permitirá, además, erradicar de éstas "el dinero sucio".