No menos de 6 mil ex agentes del KGB ocupan altos puestos en el régimen

Acoso penal de Vladimir Putin contra magnates que cuestionan su liderazgo

A salvo, el origen dudoso de los grandes capitales de la era Yeltsin; los opositores, el objetivo

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscu, 17 de julio. El acoso penal contra algunos de los más encumbrados magnates rusos, que con gran despliegue de medios tiene lugar estos días, se inscribe en la lógica de un país que transita de una democracia nominal a un régimen con marcados rasgos autoritarios.

Porque es claro que el Kremlin utiliza a la procuraduría -formalmente autónoma, pero en la práctica supeditada por completo al Poder Ejecutivo- como herramienta de presión política.

Aunque se acorrala a unos, nadie se plantea aquí fincar responsabilidades a todos los que amasaron cuantiosas fortunas mediante fraudulentos procedimientos en la época de Boris Yeltsin, el anterior presidente que eligió como sucesor a Vladimir Putin.

Se persigue ahora no tanto el origen du-doso de los grandes capitales -en la Rusia posterior a la Unión Soviética todos los grandes capitales, sin excepción, son de origen dudoso y, cuando se quiere, el pretexto perfecto-, cuanto la osadía de algunos magnates de pretender cambiar las reglas del juego para su exclusivo beneficio.

Todo parece indicar que, en el contexto de la lucha intestina de los grupos de interés en el entorno presidencial, un clan consiguió convencer al inquilino del Kremlin de que otros preparan el terreno para cuestionar su liderazgo.

Hasta hace poco podía hablarse de un cierto equilibrio en el primer círculo del presidente Putin.

Los expertos ubicaban a cuatro grupos que ejercían influencia en la toma de decisiones del mandatario ruso: el vinculado al antiguo aparato de seguridad del KGB soviético, conocido como siloviky (en traducción literal, "los de la fuerza"); el grupo de San Petersburgo, los pitertsys (como se llama a los originarios de la Ciudad del Neva); el de la Familia, heredada por Yeltsin; y el del consorcio Alfa, que delegó a varios personajes clave a la Oficina de la Presidencia.

Durante los primeros tres años de Putin al frente del Kremlin, toda su política, en mayor o menor grado, se basó en iniciativas promovidas por uno u otro grupo, a veces contradictorias con otras acciones de go-bierno al defender tácitamente cada clan sus intereses corporativos.

Putin, ávido de iniciativas para articular un proyecto político propio, dejó que los cuatro grupos coexistieran en medio de los recelos recíprocos, sin integrarse nunca en un solo equipo.

Desafío de los multimillonarios

El mandatario ruso asegura que no piensa estar en el Kremlin ni un día más de lo permitido por la Carta Magna.

No hay razones para dudar de su palabra, pero Putin tampoco faltaría a la verdad si se encuentra la fórmula constitucional para que continúe siendo el líder de este extenso país -aquí se da por segura su relección en marzo del año próximo- después de que concluya su segundo mandato presidencial, en cinco años más, en 2008.

Y esa fórmula -deslizada por el mandatario ruso en su informe anual, en mayo pasado- pareció ser su aparente concesión de que forme gobierno la mayoría parlamentaria que surja de las elecciones que se realizarán en diciembre próximo.

En realidad sería el primer paso para que, llegado el momento, esa misma mayoría de diputados modificara la Constitución Política de tal suerte que Putin pudiera permanecer en el Kremlin ya como primer ministro y no como presidente, cargo que resultaría fácil suprimir.

Esta, que es una de las variantes legales contempladas por los estrategas de la Oficina de la Presidencia rusa para extender la gestión de Putin más allá de 2008, parecía la más viable hasta que el mismo titular del Kremlin -cuando empezó a tener dudas sobre el elemento esencial de ese plan, contar con la mayoría de la Duma en su próxima composición- dijo que tal vez sea prematuro que el Parlamento nombre al gabinete.

Mijail Jodorkovsky, el principal accionista de la petrolera Yukos y el hombre más rico de Rusia, con una fortuna estimada en 8 mil millones de dólares, hizo cambiar de opinión a Putin al anunciar hace poco que tenía la intención de financiar las campañas de varias organizaciones de la oposición política, incluido el Partido Comunista, has-ta ahora el enemigo más temido por el oficialista Rusia Unida.

Además, Jodorkovsky dio a entender en declaraciones de prensa que podría aspirar a suceder a Putin dentro de cinco años, al término de sus dos periodos constitucionales. Y esto, al parecer, precipitó que los silovikys, en alianza con una parte de los pi-tertsys, hayan advertido que los magnates planean privatizar la próxima composición de la Duma.

Quizás exageraron el riesgo de que, en ese supuesto, una mayoría parlamentaria no controlada por el Kremlin, sino por los dueños de los grandes capitales, pudiera recortar las facultades del presidente, y Putin acabaría de simple figura decorativa.

La ira del Kremlin

Por esa o por otra razón, el Kremlin dio luz verde para que uno de los socios y amigos de Jodorkovsky, Platón Lebedev, fuera detenido por un ilícito que habría cometido hace nueve años.

La procuraduría comenzó así el acoso penal contra los magnates, mientras los si-lovikys y el clan de San Petersburgo tratan de sacar ventajas de la aplicación selectiva de la justicia como método para expulsar del entorno presidencial a sus rivales.

El mensaje de que, si los magnates no entran en razón, la procuraduría puede arremeter contra cualquiera tuvo también como destinatario a otro de los hombres más ricos de Rusia, Oleg Deripaska, miembro de la familia de Yeltsin, en sentido figurado y también directo al estar casado con la hija del yerno del ex presidente.

La procuraduría reabrió la investigación contra el copropietario de RusAl, el gigante del aluminio que controla cerca de 80 por ciento de la producción en Rusia y es la tercera empresa del sector en el mundo, a partir de la denuncia de un extraño personaje que asegura que Basovy Element, otro de los consorcios de Deripaska, lo despojó de negocios que eran suyos, como el AvtoBank, la compañía de seguros Ingosstraj y la fábrica metalúrgica Nosta.

Poco antes, Deripaska y sus socios dejaron de financiar TV-6, el canal de televisión de su propiedad que los magnates usaban como medio para contrarrestar las presiones del Kremlin.

La televisora tuvo que cerrar por falta de dinero para operar, pero el gesto fue insuficiente a la luz del desafío lanzado por Jodorkovsky.

Pactar, la perspectiva

Los antiguos colegas de Putin en el KGB, retirados o en activo, ocupan no menos de 6 mil cargos de primer nivel en la Oficina de la Presidencia, el gobierno central, el Parlamento, los partidos políticos y el sector empresarial.

Pero para consolidarse como elite gobernante, todo ese ejército, apoyado por los colaboradores más cercanos de Putin originarios de San Petersburgo, tiene que vencer el poderío que representa el imperio económico de una treintena de multimillonarios (de los que poseen más de mil millones de dólares cada uno).

Quince de ellos figuran en la más reciente lista de la revista Forbes y al menos otro tanto saldrá del anonimato cuando Gazprom y varios consorcios más de esa magnitud den a conocer los nombres de sus principales accionistas.

No le conviene a Putin el choque frontal de estos dos trenes. Por ello la persecución contra los magnates, como ya ha sucedido en otras ocasiones, puede terminar en el momento en que se pacten entendimientos favorables al Kremlin, como sería que Jodorkovsky y colegas se olviden de la idea de financiar a partidos de oposición.

Los magnates acosados hasta podrían volver a ser bienvenidos en el Kremlin, si su deseo de incursionar en política se traduce en generosos cheques que contribuyan a que Rusia Unida tenga la mayoría en la próxima Duma.

Tampoco debe excluirse que, desde la perspectiva del Ejecutivo ruso, sea necesario encontrar un nuevo chivo expiatorio como lo fueron en su oportunidad Vladimir Guzinsky, que perdió todo su imperio me-diático, o Boris Berezovsky, que se refugió en Londres.

Lo malo es que todo este ajetreo, que el Kremlin quiere presentar como encomiable labor de la procuraduría, nada tiene que ver con un necesario replanteamiento de la justicia social que demandan millones de ru-sos: puede que haya uno o dos magnates menos en la Rusia de Putin, pero el número de pobres -como sucede en el México de Fox- seguirá en aumento.