La familia Ochoa y Plácido escuchó "con tristeza" la noticia de las conclusiones

Reserva de los principales defensores de garantías y el Cejil

BLANCHE PETRICH

Las principales organizaciones de defensa de derechos humanos de México y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se reservaron su aprobación a las conclusiones emitidas ayer por la Fiscalía Especial del Caso Digna Ochoa -en el sentido de que la abogada murió por un suicidio simulado- y anunciaron que revisarán la conclusión completa antes de opinar.

El Cejil, que monitorea el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), adelantó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su próximo periodo ordinario de actividades conceda una audiencia sobre el caso "a efectos de controvertir, si hubiere lugar", la decisión emitida por la fiscalía especial.

Por su parte, en una carta abierta enviada desde Veracruz, la familia Ochoa y Plácido expresó que escuchó "con tristeza" la noticia de las conclusiones sobre el fallecimiento de Digna. "Estamos enterados por los medios de comunicación", dice la misiva, fechada el domingo 20, ya que ni la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ni la fiscalía especial tuvieron a bien notificarles de su conclusión antes de divulgarlo ante los medios de comunicación.

Desde su oficina en Costa Rica, el Cejil, organización no gubernamental (ONG) con estatuto consultivo en la OEA y la Organización de Naciones Unidas, señala que la resolución emitida el sábado 19 por la fiscal Margarita Guerra "es prematura", ya que no se evacuaron las diligencias solicitadas el 6 de mayo de 2003 por los abogados de la coadyuvancia y representantes de la familia Ochoa en el proceso interno. Al contrario, su petición se consideró "improcedente" e "innecesaria", respuesta que, en opinión del centro con sede en Washington y San José fue una decisión "sin fundamento consistente".

Para emitir un juicio sobre la averiguación de la PGJDF el Cejil evaluará si efectivamente se agotaron todas las líneas de investigación, si realmente todos los órganos del Estado -incluida la institución de inteligencia militar, en este caso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)- prestaron la cooperación debida y si las fallas en el manejo de la prueba técnica y científica señaladas en el primer informe del relator de la CIDH Pedro Díaz fueron analizadas y corregidas o no.

El Cejil adelanta: "Es importante retomar las observaciones emitidas el 27 de mayo de 2003 por Pedro Díaz, donde detecta omisiones y graves errores en las pruebas periciales de medicina forense, criminalística y química forense".

Precisamente son en estas tres áreas donde la familia Ochoa, representada desde mayo por otro equipo de abogados que encabeza José Antonio Becerril, solicitaron presentar nuevas diligencias desde inicios de mayo, posibilidad que les fue negada por la fiscal Guerra.

El comunicado de las ONG mexicanas -en total 19, entre ellas las más importantes del movimiento humanitario del país- es menos crítico con la gestión de Margarita Guerra e incluso reconoce "algunos cambios" en el gobierno mexicano que a raíz del asesinato de Digna Ochoa prometió mayor interlocución y protección a los defensores de derechos humanos.

Suscrito, entre otros, por la Red Todos los Derechos para Todos, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas; el Fray Vittoria, de los dominicos; el Pro Juárez, de los jesuitas, la Familia Franciscana Internacional, Cencos, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa y Promoción, el comunicado reitera su reconocimiento "a la importante labor que la defensora de derechos humanos Digna Ochoa desarrolló en favor de los derechos humanos en nuestro país".