Bátiz a ONG: no hay intención de dañar ni ocultar nada con el resultado de la pesquisa

Si hay inconformidad no puede cerrarse el caso Digna, reconoce López Obrador

Si hubo buena fe, ¿por qué no permitir la revisión del procedimiento?, pregunta el gobernante

BERTHA T. RAMIREZ Y SUSANA GONZALEZ G.

El titular del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de ninguna manera se quiere imponer una resolución en el caso de Digna Ochoa; por el contrario, las autoridades están en la posición de dar todas las facilidades a los familiares de la defensora de derechos humanos si tienen pruebas que no se hayan presentado y requieran análisis.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), puntualizó, está abierta a cualquier situación que ayude a convencer a los familiares y a la sociedad. Para ello mencionó que ha dado instrucciones al procurador Bernardo Bátiz para que aun cuando la fiscalía especial, a cargo de Margarita Guerra, concluyó ya su investigación, el caso no sea cerrado y los familiares de la abogada, así como otras instancias, como la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tengan la posibilidad de revisar el procedimiento.

No obstante, horas después de la declaración de López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, el procurador pareció disentir.

-¿Faltarán pruebas por presentar? -se le inquirió a su salida de la reunión de gabinete de gobierno y seguridad.

-Me temo que ya no. Inclusive la fiscal ha mencionado que las que ofrecieron los familiares, ella las rechazó porque en su opinión ya están desahogadas. No tendría caso repetir lo que ya se hizo, pero siempre hay algo más, nunca acabaríamos si se siguieran proponiendo nuevas cosas.

"El caso de Digna Ochoa no es sencillo por tratarse de una defensora de derechos humanos y si existe inconformidad no puede cerrarse", reconoció López Obrador e hizo hincapié en que su gobierno no tiene interés o actitudes sospechosas para cerrar el caso, como hubiera ocurrido en otros tiempos. "¡Qué más quisiéramos que si hubiese otra posibilidad en el caso de Digna Ochoa, se actuara de otra manera! No es que estemos negando nosotros otras posibilidades. Este es un gobierno de la gente, no es un gobierno de los de arriba y queremos aclarar todo; ya la justicia no está en manos de las mafias."

Así que, en su opinión, hay que revisar y abrir el caso a todas las posibilidades, sin tratar de imponer nada: "Si el gobierno actuó de buena fe y no tenemos nada que ocultar, ¿por qué no permitir la revisión del procedimiento? ¿Por qué no permitir que los familiares y organismos de derechos humanos conozcan la información?", insistió durante su conferencia.

Al respecto, Bátiz hizo un llamado para que "el debate que venga, no sea solamente por opiniones o por lo que sientan las personas, sino con fundamento de lo que se dicey en lo que se aprobó y acreditó". Pidió que el debate sea serio, sin descalificar personas o con señalamientos de carácter individual, "sino analizando los hechos. Estamos abiertos. Yo mismo reitero: este asunto también puede ser revisado afuera".

Informó que la resolución y los anexos del caso que dio a conocer la fiscal Guerra en la conferencia del sábado serán puestos a disposición del público en general en la página web de la PGJDF: www.pgjdf.gob.mx. "Lamentablemente no se podrá ver todo el expediente porque son muchísimos tomos", expresó Bátiz; la fiscal Guerra refirió el sábado que eran 23 tomos originales, veinte anexos y siete cajas con diversos indicios.

El procurador consideró que esta semana la resolución podría ser subida al portal de la PGJDF, previo análisis de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la PGJDF; sin embargo desde este domingo ya existía una liga en ese sitio cibernético que conducía a las conclusiones de la investigación difundidas por Guerra.

El jefe de Gobierno capitalino insistió en que si bien la investigación ministerial terminó, "eso no significa que sea una verdad absoluta: se tienen que revisar procedimientos, y los familiares y sus abogados pueden acudir a la instancia correspondiente y, en el caso de los procedimientos internos, también revisar todo lo que tiene que ver con este asunto, ya que quienes tienen que quedar fundamentalmente satisfechos con la investigación son los familiares y la sociedad".

Mientras, el procurador Bátiz dirigió su mensaje en especial a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han descalificado la investigación de la PGJDF sobre el crimen: "Yo me explico y creo que es muy razonable su preocupación, porque sienten que eso podría ser algo contra (esas) organizaciones. No es la intención. Yo les diría que entiendan nuestra posición: la resolución de un caso no puede ser política, no puede sujetarse a cuestiones con la oportunidad o con otros hechos distintos a la averiguación misma. No hay ninguna intención de dañar ni ocultar nada, lo hemos hecho muy abierto y les diría que la discusión se haga con objetividad".

Por último señaló que mientras continúe la etapa del proceso, con los recursos legales que interpongan los familiares de Digna Ochoa, la fiscal Guerra debe permanecer al frente de la fiscalía, aunque comentó que no ha tratado el tema con ella.

Labores como defensora de derechos humanos

Casos de violación de derechos humanos en los que la abogada Digna Ochoa y Plácido participó como defensora, en distintas actuaciones:

Mujeres indígenas violadas por miembros del Ejército Mexicano en el norte de Chiapas y estado de Guerrero.

Soldados del Ejército Mexicano torturados por sus superiores.

Pobladores atacados por paramilitares en Chiapas.

Alumnos detenidos del movimiento de huelga estudiantil de la UNAM.

Presuntos zapatistas presos a partir de los operativos del 9 de febrero de 1995.

Formó parte de los equipos jurídicos que atendieron los casos de las masacres de Aguasblancas, Acteal, El Charco y El Bosque.

Contribuyó en la defensa de las víctimas de contaminación como consecuencia de la explosión de la planta de productos químicos de Anaversa, estado de Veracruz.

Se solidarizó en la resistencia contra la deforestación de la Sierra de Petatlán, Guerrero.

La familia Ochoa y Plácido escuchó "con tristeza" la noticia de las conclusiones

Reserva de los principales defensores de garantías y el Cejil

BLANCHE PETRICH

Las principales organizaciones de defensa de derechos humanos de México y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se reservaron su aprobación a las conclusiones emitidas ayer por la Fiscalía Especial del Caso Digna Ochoa -en el sentido de que la abogada murió por un suicidio simulado- y anunciaron que revisarán la conclusión completa antes de opinar.

El Cejil, que monitorea el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), adelantó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su próximo periodo ordinario de actividades conceda una audiencia sobre el caso "a efectos de controvertir, si hubiere lugar", la decisión emitida por la fiscalía especial.

Por su parte, en una carta abierta enviada desde Veracruz, la familia Ochoa y Plácido expresó que escuchó "con tristeza" la noticia de las conclusiones sobre el fallecimiento de Digna. "Estamos enterados por los medios de comunicación", dice la misiva, fechada el domingo 20, ya que ni la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ni la fiscalía especial tuvieron a bien notificarles de su conclusión antes de divulgarlo ante los medios de comunicación.

Desde su oficina en Costa Rica, el Cejil, organización no gubernamental (ONG) con estatuto consultivo en la OEA y la Organización de Naciones Unidas, señala que la resolución emitida el sábado 19 por la fiscal Margarita Guerra "es prematura", ya que no se evacuaron las diligencias solicitadas el 6 de mayo de 2003 por los abogados de la coadyuvancia y representantes de la familia Ochoa en el proceso interno. Al contrario, su petición se consideró "improcedente" e "innecesaria", respuesta que, en opinión del centro con sede en Washington y San José fue una decisión "sin fundamento consistente".

Para emitir un juicio sobre la averiguación de la PGJDF el Cejil evaluará si efectivamente se agotaron todas las líneas de investigación, si realmente todos los órganos del Estado -incluida la institución de inteligencia militar, en este caso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)- prestaron la cooperación debida y si las fallas en el manejo de la prueba técnica y científica señaladas en el primer informe del relator de la CIDH Pedro Díaz fueron analizadas y corregidas o no.

El Cejil adelanta: "Es importante retomar las observaciones emitidas el 27 de mayo de 2003 por Pedro Díaz, donde detecta omisiones y graves errores en las pruebas periciales de medicina forense, criminalística y química forense".

Precisamente son en estas tres áreas donde la familia Ochoa, representada desde mayo por otro equipo de abogados que encabeza José Antonio Becerril, solicitaron presentar nuevas diligencias desde inicios de mayo, posibilidad que les fue negada por la fiscal Guerra.

El comunicado de las ONG mexicanas -en total 19, entre ellas las más importantes del movimiento humanitario del país- es menos crítico con la gestión de Margarita Guerra e incluso reconoce "algunos cambios" en el gobierno mexicano que a raíz del asesinato de Digna Ochoa prometió mayor interlocución y protección a los defensores de derechos humanos.

Suscrito, entre otros, por la Red Todos los Derechos para Todos, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas; el Fray Vittoria, de los dominicos; el Pro Juárez, de los jesuitas, la Familia Franciscana Internacional, Cencos, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa y Promoción, el comunicado reitera su reconocimiento "a la importante labor que la defensora de derechos humanos Digna Ochoa desarrolló en favor de los derechos humanos en nuestro país".