Expresan preocupación por la presencia del Ejército y paramilitares en la zona

Se gesta nueva ola represiva contra huastecos, denuncia grupo campesino

La entrada de Pemex al área, detonante de temores Niegan nexos con presunta guerrilla

ROSA ROJAS /I ENVIADA

Tohuaco III, Huautla, hidalgo. La dirigencia del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) advierte que se gesta una nueva represión contra sus militantes, distribuidos en una docena de municipios de esta entidad y de Veracruz, que estaría ligada al anuncio del presidente Vicente Fox -el pasado 27 de mayo- de que se invertirán 310 mil millones de pesos en 15 años en el Proyecto Integral Chicontepec, que prevé la perforación en la zona de 13 mil 500 pozos e "impulsará el regreso al crecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a generar gran cantidad de empleos".

Durante un recorrido de La Jornada por comunidades de las Huastecas hidalguense y veracruzana, se recogieron testimonios de los pobladores -indígenas nahuas, algunos de los cuales, sobre todo mujeres, hablan poco o nada español- quienes explican el temor expresado: en el marco de una militarización que en ocasiones aumenta y en otras disminuye pero está siempre aquí, se ha detectado la presencia de hombres encapuchados armados; se han difundido volantes de un autodenominado Frente Indígena Reivindicador Zapatista de la Huasteca -cuya base nadie sabe dónde está- que acusa a los miembros del FDOMEZ de "delincuentes" y "asesinos", y en medios de comunicación locales han reaparecido las acusaciones que los tildan de guerrilleros.

Incursiones

Ramiro Díaz Baltazar y Gabriel Hernández Martínez, dirigentes de FDOMEZ; Pedro Hernández Flores, ex dirigente de dicha organización y presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codhhso); María Isabel Hernández Hernández, presidenta de la Unión de Mujeres de las Huastecas Humberta Hernández Tovar AC, así como una treintena de representantes -hombres y algunas mujeres- de 14 comunidades de los alrededores, tanto de Hidalgo como de Veracruz, se dieron cita aquí para denunciar la creciente militarización que se vive en la región, al igual que las incursiones en las comunidades de agentes judiciales, policías a caballo y en helicóptero, y demandar, de nuevo, el retiro del Ejército de las Huastecas.

Se reiteraron las quejas por la falta de medicinas en las unidades médicas rurales; de la división que crea en las comunidades la entrega selectiva de las ayudas del programa Oportunidades; la falta de respuesta oficial a las demandas de apoyo a proyectos productivos, construcción de aulas, caminos, apoyo a las tiendas comunitarias...

Uno a uno expusieron su caso los representantes de 14 de Mayo, Tepetitla, Lindero Metlaltepetl, Tohuaco Amatitla, Tohuaco I, II y III , y Chiliteco, municipio de Huautla; de la comunidad de Oxale, municipio de Huejutla, y de Emiliano Zapata, municipio de Atlapexco, Hidalgo. De Veracruz llegaron representantes de las comunidades Lázaro Cárdenas, Chalma, Francisco Javier Mina y 21 de julio, del municipio de Chalma. Asistieron tres cooperantes españolas de la organización Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, invitadas por la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) "para conocer la situación que se vive en las comunidades y convivir con la gente".

Díaz Baltasar y Hernández Martínez -éste además presidente de la Unión por la Defensa de los Derechos Indígenas- señalaron que la revista Lux Crónica Potosina ha publicado dos veces un informe sobre la presunta existencia de guerrilla en Hidalgo, denominado "Carpeta Azul, Clave DDPVM:055", que sería un reporte elaborado en 1995 por la Dirección General de Gobernación del Estado de Hidalgo. La revista lo retomó del diario Zu Noticia.

El informe vincula a la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas (OIPUH) con la guerrilla de Lucio Cabañas. Entre otros datos afirma que en el FDOMEZ -integrado por la OIPUH, el CUSO (Campesinos Unidos de la Sierra Oriental) y Canvez (Comités Agrarios del Norte de Veracruz e Hidalgo)- existe un grupo ejecutor denominado comando de la muerte que "elimina a los disidentes de la organización"; que la OIPUH cuenta con 5 mil 30 militantes, "gran parte de ellos cuenta con armas AK-47 y rifles R-15" y que las armas está enterradas en los cementerios de las comunidades de Tohuaco, Amatzintla y Metlaltépetl. En Chiliteco, narra, los campesinos entierran las armas "en el quicio de la puerta principal de sus viviendas".

Afirma el reporte que la OIPUH recibe financiamiento y apoyo de sacerdotes, como José Barón Larios, de la parroquia de Macoxtepetla; de monjas, miembros del sindicato magisterial, y de la extinta Ruta-100, y que su líder es -como se sabe- Alejandro Hernández Dolores.

Díaz Baltasar y Hernández Martínez negaron rotundamente veracidad del informe, subrayaron que el FDOMEZ es una organización social surgida en la lucha de hace 25 años por la recuperación de las tierras comunales y ejidales que acaparaban terratenientes y caciques. "Esta es una campaña de difamaciones y calumnias contra el FDOMEZ preparada desde el gobierno. Pensamos que Núñez Soto [Manuel Angel, gobernador de Hidalgo] quiere acabar con el FDOMEZ porque estorba el plan de exploración y explotación de petróleo que vino a anunciar Fox con Miguel Alemán [gobernador de Veracruz]; piensan que mientras esté el FDOMEZ se puede generalizar un movimiento social fuerte [contra ese plan] pero con FDOMEZ o sin él la gente va a defender sus parcelas", aseveraron.

Agregaron que en algunas comunidades ha entrado el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, individualizando las parcelas para facilitar su afectación por Pemex, "pero la gente ya se está manifestando en Veracruz, porque Pemex se había comprometido a meter servicios a las comunidades donde va a pasar y no ha cumplido", apuntaron. Detallaron que entre las comunidades integrantes del FDOMEZ afectadas están Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, Tzontecomatlán y Coatzintla, "ahí ya están trabajando y ya se reclaman las obras a que se comprometió Pemex".

Daños y silencio oficial

En uno de los volantes distribuidos por el FDOMEZ se señala que este proyecto "ocasionará graves daños por contaminación de suelo y aguas, las parcelas se volverán improductivas y será nocivo para la fauna y la flora". De eso, afirma, ni la paraestatal ni los gobiernos dicen nada. "Inclusive algunas comunidades quedarán desintegradas o desplazadas; sus habitantes emigrarán a las ciudades cercanas llevando consigo la miserable paga que hará Pemex por las tierras afectadas, dinero que de nada servirá y los convertirá en miserables. Pues tampoco es cierto, como dicen, que Pemex generará fuentes de trabajo para los huastecos; esa es una gran mentira."

Añade que en todo caso la paraestatal contratará "algunos jóvenes con escasos estudios de nivel secundaria, pero para mozos, barrenderos, cocineros y para servicios de vigilancia, pero no para un empleo de planta, pues lo más triste y peor es que no es México el que va a explorar y explotar el petróleo, sino los que van a saquear nuestro petróleo son los grandes capitalistas gringos los millonarios japoneses, Canadá y Holanda, porque a ellos les sobran los dólares para invertir, lo que México no tiene".

Tras subrayar que los contratos "adquiridos por el gobierno mexicano con los empresarios extranjeros han sido al margen de la Constitución", el FDOMEZ -cuyo lema es "zapatismo y socialismo"- llama a campesinos e indígenas, "citricultores, agricultores, pequeños productores de ganado: reflexiona, analiza y decide lo que tienes que hacer. A defender tu único patrimonio para tus hijos: la tierra".

El frente no ha sido la única organización que ha expresado su inquietud sobre "lo que viene": en el municipio de Benito Juárez, Veracruz, el presidente de la Unión Campesina Indígena Popular Cuauhtémoc, Francisco Hernández Santiago, informó que desde el 21 de enero pasado se entregó a la Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas, dirigida por Xóchitl Gálvez, una minuta con la demanda de un programa de desarrollo regional de la Huasteca, en el que se exige, entre otras cosas, que "50 por ciento de la explotación petrolera del paleocanal se conceda a los pueblos indígenas de la región para conseguir los medios de producción, servicios público y vivienda". Además, que se les capacite para emplearlos en la explotación petrolera.

A su vez, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y diputado local priísta, Constantino Aguilar Aguilar, así como la diputada Alicia González Cerecedo, informaron que titulares de comisariados ejidales y campesinos cuyas tierras serían afectadas anunciaron que "impedirán a la paraestatal trabajar en el paleocanal hasta que consolide un acuerdo con ellos" (La Jornada, 4 de mayo de 2003).