Derechos humanos
y resistencia al neoliberalismo
Shannon Speed y Álvaro Reyes
Diversos autores han señalado que el discurso y la práctica de los derechos humanos se ha globalizando a la par con el capitalismo neoliberal. Desde luego, hay que cuestionar la relación entre ambos procesos. No significa que el discurso de los derechos humanos sea producto del neoliberalismo. Es un discurso liberal con larga trayectoria y raíces en el Iluminismo, pero hoy genera dudas. ¿El discurso de los derechos humanos resulta "aceptable" para el neoliberalismo?
Sin caer en el romanticismo de "lo indígena", creemos que es precisamente en las luchas por los derechos indígenas y la autonomía donde se responde negativamente dicha pregunta. Para explorar el punto, comentaremos el caso de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, organización chiapaneca que trabaja desde las comunidades indígenas, apropiándose del discurso y aplicándolo en la construcción de una resistencia que sí exige un cambio decisivo en las relaciones sociales del poder en México.
La Red fue fundada en 1999 con el objetivo de capacitar a jóvenes indígenas en el conocimiento de leyes nacionales e internacionales, y las prácticas de defensa legal. Debido a que los conflictos en la región se vinculan a una lucha por derechos mayores (o generales) y por la autonomía de los pueblos, gran parte del entrenamiento fue dedicado a los acuerdos nacionales e internacionales sobre los derechos indígenas.
Se partió de los proyectos existentes para capacitar a promotores comunitarios. Generalmente, estos promotores son entrenados para reconocer y documentar violaciones, para después acercarse a alguna organización de derechos humanos y entregar la información. Los promotores regresan a casa, mientras la ONG se encarga del trabajo.
Si bien el florecimiento de organismos de derechos humanos en Chiapas en los años noventa reflejaba una necesidad, dejó a las comunidades indígenas en una situación de dependencia. La violación de derechos humanos había existido durante años, y el crecimiento de las ONG surgió junto a procesos más amplios: la globalización, y la transición del Estado corporativo a neoliberal. El nuevo Estado se desposee del papel de mediador directo de los conflictos e injusticias sociales a través de la redistribución. La mediación "se privatiza", transfiriéndose a la sociedad civil. Teóricos como Guehenno, Hardt y Negri, han sugerido que en las ONG los conflictos se "despolitizan," ya que no confrontan la imposibilidad de un proyecto político coherente dentro del Estado neoliberal y se conforman con manejar crisis urgentes y constantes.
El fin del Estado corporativista no pone fin a la mediación del conflicto social; significa que el Estado, al utilizar su papel de mediación fortalece su poder, escapa de los confines de sus instituciones y afecta a la sociedad entera. Esto implica que tales sitios de lucha pueden reproducir la lógica del neoliberalismo de manera aun más efectiva que el poder normativo del Estado, involucrando a todo el cuerpo social en el mantenimiento del status quo.
Al depender las comunidades de las ONG en vez del gobierno para tratar las injusticias, quedan insertadas en relaciones de poder que no sólo impiden que ejerzan su poder autónomo, sino que contribuyen a la repetición de estas relaciones. No es un simple "menos mal depender de una ong con buenas intenciones que del gobierno". Para comunidades y organizaciones en lucha por la autonomía, una confrontación más directa con la lógica del Estado y una interacción con la ley como aspecto del Estado, no sólo es deseable, sino necesario. La Red de Defensores fue concebida para preparar a los defensores en la toma de decisiones, proceder por su cuenta, y eliminar la dependencia de abogados y ONG.
Lo notable de la Red no es sólo que su trabajo lo llevan a cabo defensores indígenas sin intermediarios. Su estructura se inspira en las relaciones de poder en las comunidades y es distinta a las estructuras que adoptan las ONG. En contraste con la típica pirámide, con un director o coordinador en el punto superior, los representantes de la organización en medio, y en la base los representados (es decir, las comunidades), la Red basa su organización en círculos concéntricos, con las comunidades al centro, después los defensores (quienes responden directamente a sus comunidades), y en el círculo exterior el equipo de asesores. Esto responde a los deseos de las comunidades que forman el corazón de la Red.
Uno de los defensores expresa: "La ley positiva no es nuestra ley. En nuestras comunidades tenemos otra manera, pero es útil entender la primera, para poder defendernos del gobierno". Para los defensores, la ley positiva y el sistema legal mexicano resultan ajenos a sus formas de organización y resolución de conflictos; no obstante, son herramientas importantes para la defensa y las habilidades de las comunidades para hacer las cosas "a su manera". Entienden la naturaleza política de los "derechos" como herramienta de poder manejada por el gobierno en su contra, y que pueden responder: "Como defensores de derechos humanos ya vamos conociendo y rescatando nuestros derechos. Entonces el gobierno juega de manera política. Por ejemplo, la resistencia civil es para el gobierno una violación del derecho, sin tomar en cuenta leyes internacionales ya establecidas que ellos mismos han firmado. En la Red hemos aprendido a organizarnos. Sabemos defendernos con la ley; el gobierno no lo va hacer porque no le conviene". Este es el particular y políticamente sofisticado punto de vista de los defensores comunitarios.
Los defensores no pretenden ampliar su propia habilidad para presentar casos ante funcionarios del Estado. Su meta final no es buscar una mediación estatal más justa o adecuada para problemas locales, sino que ven su trabajo como parte de un compromiso mayor: la "resistencia civil", que se ejerce usando el sistema legal como medio de protección contra violaciones de la ley en general, incluyendo homicidio, tortura, desaparición, detención arbitraria, y ocupación militar. Pero los derechos violados por este tipo de actos no son vistos como derechos prioritarios, sino derivados de un "derecho" más central: "organizarnos en las formas que nosotros decidamos". De esta manera, los defensores también identifican la fuente de su fuerza. Su diferencia fundamental con "la ley" reside en la autorganización.
Legitimar las decisiones internas de comunidades indígenas y la diseminación del conocimiento y las herramientas para que las comunidades puedan lidiar con las estructuras de Estado intrusas, refuerza a las comunidades sin importar el reconocimiento de las ONG o del Estado y sus leyes. Esto les permite acumular espacio para seguir expandiendo su autonomía interna (construcción de escuelas, hospitales y sistemas de agua; formación de promotores de salud, maestros, e ingenieros). Así mejora su posición dentro de la estructura de poder nacional y global, haciendo que disminuyan las violaciones de derechos humanos y que la mediación del Estado en problemas locales sea menos necesaria.
La naturaleza y el poder de la Red van más allá de un uso del discurso de derechos humanos y del sistema legal mexicano para "infiltrar" el proyecto político mayor y mostrar que esa arma está empuñada para defender. La fuerza de los defensores es la de las comunidades en resistencia de donde provienen, cuyo movimiento reclama autonomía y autodeterminación, lo que inevitablemente pone en duda los mecanismos de poder del Estado.
La Red expresa el poderoso entendimiento político del movimiento indígena en Chiapas. Además de contribuir al fortalecimiento de la organización interna de las comunidades, les permite que ellas mismas confronten al Estado para frenar la represión. En este sentido, la Red significa la reemergencia de una defensa legal verdaderamente politizada. Sin ella, las comunidades de Chiapas serían más vulnerables a los intermediarios. La Red, y el movimiento más amplio de autonomía del cual forma parte, están cambiando los discursos globalizadores en formas que retan al orden global y los discursos legales que lo sostienen.
Las Carreras, Durango. Foto: Marco Peláez / La Jornada