La mano de obra calificada sí atrae capitales, dice el director del organismo en México

OIT: los derechos de trabajadores no son decisivos para la inversión en AL

"Consensuada", la iniciativa de LFT que analizan legisladores, anuncia subsecretario

FABIOLA MARTINEZ

Las regulaciones laborales no constituyen el principal criterio en el desarrollo de las inversiones, es decir, "ni los costos de la protección social ni la política salarial atraen o espantan a los inversionistas", señaló el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México, Guillermo Miranda Rojas.

Contrario al argumento privilegiado por los gobiernos federales en la década reciente, sobre la "apremiante necesidad" de reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) como alternativa para generar los empleos que se requieren, el representante del organismo especializado aseveró que, al menos en América Latina, los derechos fundamentales en el trabajo "no son criterios importantes" para la decisión de invertir.

De la reciente declaración del Banco Mundial de que la privatización de empresas públicas no siempre funciona, comentó que los procesos que no tomaron en cuenta la dimensión social y laboral "pueden haber no resuelto, efectivamente, la problemática del empleo".

Advirtió que hoy día el sector informal de la economía "no está siendo capaz de incorporar de una manera positiva a los trabajadores del sector formal", situación que ha presionado hacia un mayor nivel de precarización a las ocupaciones de ambos sectores. En el caso de México, agregó, se estima que 40 por ciento de la población en edad de trabajar no cuenta con empleo decente, esto es, aquel con la protección social mínima indispensable.

Miranda Rojas participó ayer en el encuentro Retos y desafíos del sindicalismo para el nuevo milenio, organizado por el Congreso del Trabajo, la Comisión de Protección al Salario y la OIT. Dijo que el único factor sociolaboral que repercute en el desarrollo de las inversiones es la calificación de la mano de obra.

Con base en estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial -dijo-, los factores que "atraen" a los empresarios para establecerse en determinado lugar son los siguientes: demanda efectiva interna y externa; estabilidad macroeconómica, en especial tasas de interés; estabilidad jurídica; mano de obra suficiente y adecuadamente calificada, y la existencia de "una cierta cultura de diálogo y de solución de conflictos en el contexto de una democracia estable".

Los factores de "rechazo" redundarían en un clima de convulsión social y de inestabilidad política que pone en riesgo el adecuado funcionamiento de los mercados y la seguridad de los ejecutivos de las empresas.

Ejemplificó con el caso de los países del sudeste asiático, región en la que con un bajo grado de regulación laboral retornaron las inversiones una vez superada la crisis de 1997. Lo que probaría -agregó- la limitada importancia (del marco normativo) para la toma de decisiones en el corto plazo.

De igual forma, tampoco hay evidencias de países en los que el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo hayan trabado el crecimiento económico en el largo plazo "sumiéndolos en el subdesarrollo".

En representación del secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, el subsecretario de Previsión Social, Francisco X. Salazar, aseveró que la iniciativa de reforma a la LFT que analiza actualmente una comisión parlamentaria, "ya está consensuada", por lo que no descartó que el dictamen correspondiente se apruebe el próximo mes, en periodo extraordinario.

Según el funcionario, los legisladores que participan en la comisión referida "no tienen objeción" en incorporar al dictamen algunos temas que habían propiciado falta de acuerdos, en especial los propuestos por el Partido de la Revolución Democrática sobre la forma de elegir dirigentes sindicales (el sol azteca propone voto secreto) y el registro de asociaciones y contratos colectivos. "Son los dos puntos que están todavía a discusión, pero en todo lo demás están prácticamente de acuerdo todos los partidos y todas las representaciones sindicales".

Miranda Rojas señaló que, desde una perspectiva positiva, el respeto a las normas laborales sí parece tener importancia económica en el largo plazo. Así, un estudio de la Universidad de Amberes y del FMI muestra que las tasas de inversión más altas y sostenidas en el tiempo se observan en aquellos países en los que el índice de respeto a los derechos es más alto.

Ante un centenar de representantes sindicales, precisó que la desaceleración mundial de la economía ocasionó que en el bienio 2001-2002 se hayan sumado a las filas del desempleo 20 millones de personas, por lo que ese indicador se situó en diciembre pasado en 180 millones de desocupados. Esa inestabilidad causó que en ese plazo el número de personas que sobrevive con un dólar o menos al día pueda alcanzar hoy los 550 millones.

Por ello, dijo, existe consenso en que los procesos de integración económica y de liberalización comercial no deberán desarrollarse sobre la base del no cumplimiento de los derechos fundamentales. "Se puede intentar ajustar las economías a la competitividad internacional, pero es necesario despejar la idea de que los trabajadores y las regulaciones laborales son un obstáculo para ello".

En entrevista, Miranda reconoció que la globalización ha generado vacíos importantes y, ante la realidad actual, la mayoría de los países de América Latina han revisado sus perspectivas de crecimiento "más cercano a 3 que a 4 por ciento".