Entre ellos figuran los presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Emilio Massera

Ordena el juez Canicoba Corral detener a 45 represores de la dictadura argentina

Rechazan ex funcionarios del Departamento de Justicia de EU la extradición de genocidas

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 24 de julio. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó hoy la detención de 45 militares y un civil responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar argentina (1976-1983), cuya extradición es requerida por el magistrado español Baltasar Garzón, quien lleva adelante en Madrid los juicios por delitos de genocidio, torturas y terrorismo cometidos durante aquel régimen, que dejó unos 30 mil desaparecidos.

Tras recibir el oficio del juez, el ministro de Defensa, José Pampuro, instruyó a los jefes del ejército, la fuerza aérea y la marina que cumplan con la orden de detención de los militares.

El pasado 8 de julio el juez Garzón reiteró el pedido de extradición para los militares represores, entre los que figura el ex general Antonio Domingo Bussi, uno de los hombres emblemáticos de la dictadura mi-litar, quien recientemente resultó electo por unos pocos votos para la alcaldía de San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia de Tucumán.

En diciembre de 1999, después de analizar denuncias, testimonios y pruebas, el magistrado español dictó las órdenes de detención, que de hecho eran una solicitud de extradición, pero en 2001 el entonces presidente Fernando de la Rúa dictó un de-creto que impedía la salida del país de quienes hayan cometido delitos en el país.

Sin embargo, el actual gobierno de Néstor Kirchner dejó entender que se prepara a derogar ese decreto, para que el caso sea decidido en el ámbito judicial, lo que desató fuerte tensión en las filas castrenses.

Entre los militares requeridos figuran los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera y el ex general Guillermo Carlos Suárez Mason, así como Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz, condenados en tribunales de París por el secuestro y desaparición de dos monjas francesas.

Muchos de estos ex represores están hoy en empresas privadas de seguridad o reciclados como empresarios en áreas estratégicas; otros están detenidos por diversos juicios aquí, principalmente por la apropiación de niños nacidos en cautiverio o detenidos junto con sus padres, delito que no prescribe y que no incluyeron las leyes que permitieron la impunidad.

Los organismos humanitarios celebraron la orden de Canicoba Corral. Sin embargo, al tiempo que piden la derogación del de-creto que impide las extradiciones, también luchan por la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para que los militares puedan ser juzgados aquí y cerrar así una dolorosa herida que además obstaculiza todo camino democrático.

Pero al mismo tiempo existe una campaña del exterior para oponerse a las extradiciones: el miércoles anterior dos abogados estadunidenses que trabajaron en el Departamento de Justicia durante los gobiernos republicanos de Ronald Reagan y George Bush (padre) criticaron la solicitud de extradición que envió Baltasar Garzón a México, que finalmente obtuvo, del ex marino Ricardo Cavallo, uno de los reciclados en empresarios.

"Si el derecho internacional permite a cualquier Estado perseguir a líderes de to-dos los demás, basados en su propia interpretación del derecho internacional, esto llevará a un nuevo tipo de guerra disputada en los tribunales de todo el planeta", escribieron los abogados David Rivkin y Lee Casey, opiniones reproducidas aquí por los abogados de los represores.