Pedro Rubira considera que no cometieron delitos de genocidio y terrorismo

Fiscal de la Audiencia Nacional se opone a la extradición de represores argentinos

Garzón va a exigir a Madrid traerlos para comenzar el proceso: abogado de la acusación

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 6 de agosto. La fiscalía de la Audiencia Nacional de España, que representa al go-bierno del derechista José María Aznar, presentó hoy un informe jurídico en el que se opone a que se cursen las peticiones de extradición contra los militares argentinos reclamados por el juez Baltasar Garzón.

Además, el fiscal Pedro Rubira consideró que los represores de la pasada dictadura militar argentina (1976-1983) no cometieron delitos de genocidio y terrorismo.

La postura de Rubira, idéntica a lo largo del proceso -que se inició en 1995 en Ma-drid-, "es la constatación de que comparte argumentos y criterios con los genocidas" argentinos, expresó Carlos Slepoy, uno de los abogados de la acusación popular y particular de la causa.

El fiscal presentó este miércoles ante el juez sustituto de Garzón, Fernando Andreu, un escrito en el que manifiesta su rechazo a que se soliciten las extradiciones de los 44 militares argentinos acusados, y argumentó lo mismo que en 1997: que en Argentina no se cometieron los delitos de genocidio, te-rrorismo y tortura.

"No es posible sostener que los hechos constituyan el delito de genocidio", que es definido en convenios internacionales co-mo la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, sino una "represión que se dirigió contra personas de todos los estratos sociales y de muy variada ideología", sostuvo el fiscal.

"Esta destrucción cívica es un crimen de lesa humanidad, pero no es genocidio" y "los delitos de lesa humanidad son inexistentes para el derecho penal español y, por tanto, no pueden ser perseguidos", añade.

Además, sostiene que los hechos ocurridos en Argentina durante el gobierno de facto no pueden en ningún caso considerarse "terrorismo", al afirmar que "el Estado, ni ninguna de sus instituciones" pueden practicar terrorismo, "pues faltaría siempre el elemento de querer subvertir la paz social o el orden constitucional".

En cuanto a la tortura, Rubira señaló que "en el auto de procesamiento no se describe ningún caso de torturas a nacionales españoles", por lo que la justicia de este país no debería intervenir.

Por ello, pidió al juez que "no se proponga al gobierno de España ninguna reclamación extradicional", ya que, según él, "no se puede seguir enjuiciamiento en España cuando los hechos están siendo enjuiciados en el país en el que sucedieron, y en el caso actual existen datos en el sentido de que el cambio político y judicial está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos".

En realidad los represores se vieron be-neficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los jerarcas militares por un indulto, aunque ahora existe un acalorado debate político en Argentina para eliminar esta legislación que permitió impunidad y que los represores escaparan a la acción de la justicia.

El abogado de la acusación popular, Carlos Slepoy, explicó a La Jornada que el curso actual de los procesos de extradición es un formalismo, por lo que la postura del fiscal "es absolutamente irrelevante y meramente testimonial" y "Garzón la semana que viene o la otra, a más tardar, va a solicitar al gobierno español que solicite la extradición de estas personas".

Añadió que "los argumentos que emplea el fiscal son exactamente los mismos que utilizan en Argentina los defensores de los militares represores; nosotros hemos notado también en las alegaciones que hicieron los abogados de (el marino Ricardo Miguel) Cavallo en México la absoluta coincidencia en los argumentos del fiscal, que en muchas ocasiones es literal".

Esa absoluta sintonía "da a pensar que el fiscal está asesorado por los defensores de los militares, al utilizar en el plano procesal los argumentos que el fiscal ha elaborado y en términos históricos -al decir que no hubo genocidio, ni terrorismo ni torturas porque fue una lucha por restablecer la democracia- son los mismos argumentos que utilizaron los genocidas" para eludir por muchos años a la justicia.