México D.F. Jueves 7 de agosto de 2003
Autoridades comunales culpan al edil por hechos violentos
Piden desaparición de poderes en Yahualica
PRI-PAN y PRD aprueban llamar a comparecer a Juan Ramírez
CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL
Pachuca, Hgo., 6 de agosto. Las autoridades de las 32 comunidades del municipio de Yahualica pidieron la desaparición de poderes luego de los hechos sangrientos del sábado por la noche, en los que murieron dos indígenas y ocho resultaron heridos tras ser baleados por policías municipales, quienes recibieron órdenes del asesor jurídico municipal, Francisco Lanzagorta, quien huyó del lugar y se le busca en cuatro estados del país.
En un documento firmado por todos los dirigentes de las localidades de Yahualica, el cual fue enviado a los 29 legisladores locales, se pidió que el alcalde Juan Ramírez comparezca en el pleno para explicar los hechos. Los representantes populares de PRI, PAN y PRD aprobaron un punto de acuerdo para llamarlo a comparecer, sólo que el munícipe desapareció desde hace 15 días, como acusaron familiares de los agredidos.
En nombre del "pueblo unido de Yahualica", los firmantes sostienen que la Constitución estatal, en su artículo 45, fracción IX, señala que los cuerpos de seguridad pública estarán bajo el mando inmediato del presidente municipal, no de un asesor; por tanto, la responsabilidad de los hechos acontecidos recae precisamente en el edil, y por no tener el control de sus elementos de seguridad y permitir que otro los mande incurre en ingobernabilidad, por lo que se debe dar la desaparición de poderes y de inmediato constituir un concejo municipal para que gobierne en los términos y condiciones que señala la ley electoral del estado.
También refieren que desde el comienzo de la administración municipal se advirtió a las autoridades estatales que la presencia de Francisco Lanzagorta no era bien vista por el pueblo, pues ni siquiera es de ahí, ya que es originario de Veracruz y radicado en Huejutla. Se le considera una persona "prepotente, abusiva y enfermiza de poder".
Señalan que el gobierno hizo caso omiso y, por el contrario, consideraba que gracias a Lanzagorta Hernández el PRI había recuperado el gobierno municipal, antes en manos del Partido del Trabajo.
Por otra parte, en una "acta de acuerdos" escrita a mano, pero apoyada por todas las autoridades comunitarias, se llegó a los siguientes puntos:
Desaparición de poderes municipales, juicio político a Juan Ramírez Hernández, alcalde de Yahualica, conformar el concejo municipal con personas del mismo municipio, y no dejar libres a los detenidos (ocho policías) involucrados en "la masacre".
Advierten también que si la policía regional no detiene a los involucrados, las personas de la comunidad lo harán porque "ya los tienen bien identificados"; demandan que el gobernador Manuel Angel Núñez Soto acuda a la localidad y atienda a los familiares de los muertos y heridos, y de no ser así "tomaremos otras medidas y no respondemos por lo que vaya a suceder".
Además, piden proceso penal contra el autor intelectual y material de la balacera, Francisco Lanzagorta, "y sus cómplices".
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