Emilio Pradilla Cobos

El equilibrio imposible

Andrés Manuel López Obrador, en su segundo informe trimestral del año habla de "la búsqueda de equilibrios entre el papel rector del Estado y la función que corresponde al mercado" y de "armonizar (...) la intervención pública con la participación privada". Lo adecuado sería referirse a la relación entre el Estado como conjunto de instituciones y la empresa privada, pues el "mercado" es una abstracción que oculta relaciones concretas entre sujetos sociales concretos. Como en toda relación social en el capitalismo, la "armonía y equilibrio" entre un Estado que busca beneficiar a la mayoría de la población y el capital, son imposibles; el Estado capitalista mexicano, del cual es parte el gobierno local, estará en "equilibrio y armonía" con el capital privado sólo si su acción responde a los requerimientos del capital; si le es funcional.

Lo que interesaría a las clases populares y a la izquierda que quiere representarlas es que sus gobiernos, en sus límites históricos, logren intervenir en el creciente desequilibrio entre el capital, dominado hegemónicamente por los monopolios nacionales y trasnacionales, sobre todo en el Distrito Federal, y los trabajadores, en beneficio de estos últimos; es decir, desequilibrar la relación en favor de los explotados.

En el patrón neoliberal de acumulación a escala planetaria, la capacidad de los gobiernos adelgazados de lograr "armonía y equilibrio" en beneficio de los explotados y oprimidos es un espejismo demagógico; en el Gobierno del Distrito Federal, debilitado estructuralmente al extremo por la austeridad de López Obrador, sin funciones de fijación de política económica, y que en la práctica actúa como facilitador de la inversión privada, la "armonía y equilibrio" actúan en beneficio del capital privado.

Para moderar el efecto de esta ley férrea sería necesario cambiar el patrón estructural de acumulación, reformar profundamente el régimen político, fortalecer institucional y financieramente al Estado y construir instrumentos legales e institucionales de regulación social democrática de la relación entre lo público, lo privado y lo social. Que sepamos, esto no ha ocurrido ni puede ocurrir en la ciudad de México, que no es una república independiente, aunque algunos lo crean así. En realidad, el fracaso de la reforma política parcial e incompleta que empujó López Obrador ni siquiera le ha otorgado al Distrito Federal la soberanía plena y la igualdad en el marco del pacto federal vigente.

En diversas ocasiones López Obrador ha hablado de construir un Estado igualitario, suponemos que en México. En este tema, nuevamente las palabras y la realidad chocan abruptamente. Desde hace más de un siglo, en la izquierda sabemos que los estados tienen un carácter de clase: son capitalistas-burgueses, más o menos democráticos o autoritarios; se pensó que podrían ser proletarios y el "socialismo real" fracasó en ese intento, gestando dictaduras burocráticas que expropiaron de sus derechos y conquistas a los trabajadores. No vemos cómo puede construirse, en la fase actual del capitalismo global, un Estado que represente igualitariamente, en equilibrio y armonía, a todas las clases sociales en conflicto.

Si a lo que se refiere el jefe de Gobierno es a un Estado-gobierno local, en este caso que reparta acciones, recursos o beneficios "por igual" a todos los sectores sociales, tendríamos que recordarle que en una sociedad de desiguales, como la mexicana y la defeña, la distribución "igualitaria" de lo público sólo sirve para profundizar acumulativamente la desigualdad. Todo indica que este es el proyecto aplicado en la capital.

Si, por el contrario, se quiere beneficiar a los sectores explotados y oprimidos, la acción del Estado, en todas sus estructuras, y de los gobiernos que lo materializan en el Poder Ejecutivo, debería ser absolutamente desigual, desequilibrada, en beneficio de los sectores empobrecidos y los territorios donde habitan; difícilmente puede esto lograrse mediante el establecimiento de alianzas estratégicas o acuerdos sin reglas claras del juego, sin regulación social, con el gran capital nacional o extranjero. Los "gobiernos vecinales", que aparentemente buscaban compensar en parte la desigual relación de fuerzas entre los sectores sociales capitalinos y avanzar hacia la democracia participativa, naufragaron al convertirse en instrumentos del manejo político y clientelar de los habitantes de las colonias por parte del gobierno local, y ya nadie habla de ellos; ni siquiera se han llevado a cabo las elecciones vecinales que la Ley de Participación Ciudadana estipula.

Finalmente preguntamos: Ƒlas ideas políticas de López Obrador fueron aprobadas por un congreso nacional o local del Partido de la Revolución Democrática? La respuesta es negativa. Es su proyecto, y se impuso a la militancia del PRD-DF a la manera del viejo régimen, desde la cúspide del poder local, sin discusión democrática; de igual manera se está generalizando para todo el país.