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México D.F. Domingo 10 de agosto de 2003

Néstor de Buen

Los despidos oficiales

El tema del desempleo es un tema vigente. Lamentablemente, con raíces antiguas, pero que se han desarrollado en la selva actual de la falta de trabajo para los jóvenes pero también para quienes con antigüedades considerables y en la expectativa de una jubilación convencional de repente se encuentran, a escasos metros del final, con el drama tétrico del despido. Por supuesto que sin avisos escritos y sin más formalismos que una orden, a veces al cuerpo de seguridad, para que no deje entrar a los así despedidos.

Las jubilaciones convencionales no son tan frecuentes en el mundo laboral ordinario pero sí lo son en la banca de desarrollo, esa que guarda una condición especial, a medias entre la burocracia desamparada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), tan inconstitucional en tantas cosas como lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Ley Federal del Trabajo (LFT). La ley bancaria, reglamentaria del apartado XIII bis del artículo 123 constitucional, no incurre en la canallesca exclusión de todo derecho de los trabajadores de confianza, a los que se despide con alegría sin fin en la burocracia pero en la banca de desarrollo se les despide al fin y al cabo, a veces con indemnización, pero pretendiendo ahorrarse la jubilación.

Recibo un correo -es la moda- que me envía María Luisa Velázquez Galicia, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Nacional Financiera, en el que transcribe un oficio dirigido al director de Nacional Financiera, SNC, en el que se queja, con sobra de razón, de que funcionarios intermedios (es un decir) despiden a trabajadores con casi 20 años de antigüedad. Se les avisa, sin expresión de causa y sin hacer por escrito el despido, como obliga la LFT, que en el caso es de aplicación supletoria a la LFTSE y a la ley reglamentaria antes invocada.

No es el único caso. Por los rumbos del comercio exterior ocurre exactamente lo mismo. Entre otros rumbos.

Alega María Luisa Velázquez que esos despidos se hacen violentando "el pensamiento y los propósitos del primer mandatario de la nación, quien de esta manera no sólo tiene que enfrentar las vicisitudes y contingencias propias del cargo que desempeña, sino que, también, se ve sometido a la indiferencia y oídos sordos de quienes no consideran suyos los compromisos y metas del Presidente de la República".

Déjenme la duda sobre si se trata de desobediencias a las políticas definidas desde lo más alto del poder o, como supongo, una política claramente planteada por el gobierno para superar los déficit presupuestales que pueden suponer las costosas jubilaciones que arrancan de los tiempos de la generosidad hacia los trabajadores de la banca de desarrollo.

La política despedidora (valga la horrible expresión) no es compatible con las reiteradas afirmaciones, más que recientes, de que hay que combatir el desempleo. Como tampoco son solución los mecanismos de ingreso a la economía informal (suponiendo que se pueda ingresar a ella, lo que hoy es más que discutible) por medio del autoempleo. Los profesionales de alguna manera tienen elementos para sobrevivir. Pero la inmensa mayoría de los trabajadores, escasamente capacitados porque esa obligación laboral no se cumple, no tienen otra alternativa que las más modestas de las actividades callejeras.

Nos quejamos de la inseguridad pero cada día provocamos con mayor entusiasmo la solución final de la delincuencia. Es un problema de jerarquía de valores. Frente a una sociedad que no reconoce mis necesidades, las tendré que satisfacer por la vía de la violencia. Las familias no esperan que mane del cielo la solución. La conclusión es arrancarla. A la fuerza y por la fuerza.

Somos una sociedad decadente. Hemos disfrutado, por supuesto, del acto supremo de la democracia que son las jornadas electorales. Hay que reconocer sus méritos al presidente Ernesto Zedillo que lo hizo posible. Pero una democracia sin justicia social, ese concepto que hoy se aprecia contrario a la productividad y al buen pasar de las empresas, no sirve de mucho o sirve muy poco o no sirve para nada.

El gobierno, democráticamente elegido, hoy en las penumbras de la minoría parlamentaria, se ha convertido en el causante principal de las angustias de los trabajadores, mejor calificados de ex trabajadores, si no se observa la absurda tesis de que toda ocupación es sinónimo de empleo. Y esas situaciones sólo tienen una respuesta: la violencia.

Ojalá podamos entenderlo, y evitarlo.

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