A seis años, el gobierno de Oaxaca aún no investiga: ONG

Solicitan a la CIDH informe sobre un indígena ejecutado

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

En 1997, el indígena oaxaqueño Celerino Jiménez Almaraz fue ejecutado por policías judiciales en la región de los Loxichas, y a más de seis años, organizaciones civiles mexicanas advierten que el gobierno de la entidad no ha esclarecido por completo el caso, por lo que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita un informe de fondo.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Fray Francisco de Vitoria señalaron que hasta ahora no existe ninguna investigación contra los policías judiciales involucrados, y tampoco se han indagado las denuncias de que los familiares también fueron víctimas de tortura durante la detención de Almaraz.

Este caso fue el primero que la CIDH admitió en 2003, con el argumento de que si resultan comprobados, los hechos caracterizarían violaciones al derecho a la vida, integridad y libertad personales de la víctima.

La petición consiste en que se conozca el informe de fondo contra el gobierno estatal, para que se le obligue a investigar los hechos, sancionar a los culpables y reparar los daños sufridos por los familiares.

El 24 de abril de 1997, entre 60 y 80 elementos de la Policía Judicial se introdujeron de forma violenta en el domicilio de Celerino Jiménez. Con el rostro cubierto, sin identificarse ni decir cuál era el motivo de su presencia, levantaron violentamente de sus camas a la familia y sacaron de la casa a Celerino, a quien le dispararon.

Las organizaciones explicaron que a los demás familiares los mantuvieron tirados, al tiempo que los policías los pateaban y pisaban en la espalda.

En la mañana de ese mismo día, Estela García Ramírez acudió a la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, donde le informaron que su esposo había muerto en un enfrentamiento ocurrido cuando los agentes intentaban cumplir con órdenes de aprehensión, y no le mostraron el cadáver ni le dieron información alguna. A la fecha -señala la organización civil- no existe ningún documento que constate la existencia de alguna orden de aprehensión en contra del indígena.

En el protocolo de necropsia se descartó el enfrentamiento y se determinó que fue una ejecución, por lo que el 30 de septiembre de ese año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca emitió una recomendación para que las autoridades judiciales actuaran con imparcialidad e investigaran seriamente.

Cuatro años después, Lucio Vázquez Ramírez fue llevado a prisión como presunto responsable del asesinato, pero sin que se hubiesen abierto procesos judiciales contra las otras personas implicadas por la comisión estatal.