Estable, el número de denuncias por agresiones físicas

Persiste el hostigamiento contra periodistas: CIDH

El relator especial para la libertad de expresión censura las presiones para obligar a revelar la identidad de fuentes

VICTOR BALLINAS Y GUSTAVO CASTILLO

Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo ayer que en México se mantiene estable el número de denuncias por agresiones físicas contra periodistas. Señaló que aunque este año no se tuvo conocimiento de ningún asesinato, preocupan las prácticas de hostigamiento y uso abusivo de leyes de difamación criminal o citatorios a periodistas para que revelen sus fuentes.

Bertoni expuso en conferencia de prensa que la relatoría constató la existencia de citatorios judiciales a los reporteros de La Jornada Andrea Becerril, Gustavo Castillo, Ciro Pérez, Roberto Garduño, Enrique Méndez y al corresponsal Rubén Villalpando para obligarlos a revelar sus fuentes.

Antes, durante un encuentro que sostuvo con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Alvarez Ledezma, éste aseguró a Bertoni que "la revelación del secreto profesional de los periodistas a un agente del Ministerio Público en una averiguación previa sólo procedería como diligencia excepcional".

En la reunión privada que sostuvo el funcionario de la PGR con el relator, este último advirtió que la revelación de fuentes de información no debe ser vulnerada "por ningún motivo o bajo pretexto de hacer valer la ley".

Presiones indebidas contra La Jornada

Alvarez Ledezma aceptó -según fuentes de la PGR- ante Bertoni que "faltó sensibilidad y se presionó indebidamente a los reporteros de La Jornada para revelar sus fuentes". Y añadió: "en México no existe ninguna ley que proteja el secreto profesional de los periodistas, tampoco un fuero; además la ley obliga a cualquier persona a comparecer ante el Ministerio Público y decir lo que sabe sobre determinado hecho".

En la conferencia de prensa el experto de la CIDH denunció que en Chi-huahua, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal se pretende acallar y amedrentar al periodismo crítico, de investigación y denuncia. Los gobiernos de esas entidades, indicó, recurren a denuncias penales contra periodistas por el delito de difamación, principalmente contra quienes investigan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, asuntos relacionados con el narcotráfico o temas "sensiblemente políticos".

Ante ello, apremió al gobierno federal a reformar las leyes sobre difamación y calumnia, y se congratuló por la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para mo-dificar el Código Federal de Procedimientos Penales y proteger así el de-recho de los periodistas al secreto profesional.

Bertoni reconoció que "hay avances del gobierno para salvaguardar la libertad de expresión, pero todavía quedan aspectos que deben ser atendidos para alcanzar el cabal cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH hizo en 1998". Consideró que son alentadores los logros alcanzados en materia de acceso a la información pública a nivel federal y en algunos estados, pero aún quedan sectores de la opinión pública que se oponen a la apertura.

Ejemplo de ello, expuso, es la CNDH, "pues conocimos de la negativa a proporcionar información en virtud de los artículos 4 y 48 de su ley orgánica, que la obliga a reservar todo lo relativo a los asuntos de su competencia, lo que es contrario al artículo 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, pues la comisión estaría interpretando la norma por sobre este principio y por encima de la ley federal de transparencia".

Otra instancia que pone en riesgo el acceso a la información, subrayó el relator de la CIDH, es el Poder Judicial, porque "observamos en su reglamentación la interpretación de algunos de los artículos de acuerdos del máximo tribunal, lo que puede poner en riesgo el acceso a la información, dado el amplio margen que establece para considerar como reservados ciertos asuntos penales o familiares".

Bertoni apuntó que la relatoría entiende que algunos asuntos penales pueden involucrar delitos vinculados con temas de alto interés público, como la corrupción, "de ahí la importancia de su conocimiento, sin que ello implique vulnerar garantías o derechos fundamentales".

En el ámbito legislativo, explicó, es en la Cámara de Diputados "donde no se estaría cumpliendo con ciertos principios básicos que garantizan el acceso a la información pública, como la apelación ante instancias administrativas que garanticen su independencia en caso de denegación".

Detalló que en Guerrero y Chihuahua no se han promulgado leyes de acceso a la información, si bien se han puesto a consideración de sus legislaturas los proyectos respectivos, mientras en el Distrito Federal si bien se encuentra vigente una ley, el proceso para su completa puesta en marcha se ha demorado.

Bertoni consideró que es preocupante que sigan pendientes las investigaciones por asesinatos de periodistas y que no se ha avanzado en reformas para transparentar el otorgamiento de la publicidad oficial, que se revela como un problema en algunos estados.

Informó que recibió información de que recientemente periodistas, fotógrafos y defensores de derechos humanos han sido objeto de agresiones y amenazas en Chihuahua, Guerrero y Chiapas, y se observa que los ataques están dirigidos a silenciar denuncias e investigaciones. También citó que ha recibido denuncias de agresiones a comunicadores y fotógrafos en zonas cercanas a retenes militares de los dos últimos estados citados.