TERCER INFORME DE GOBIERNO

El programa sólo podría salir adelante con un presupuesto suficiente para el sector

En medio de carencias, la Ssa insiste en las "bondades" del seguro popular

ANGELES CRUZ

En medio de escándalos por presunto tráfico de influencias y corrupción en que incurrió uno de sus funcionarios, Guido Belsasso, y por la muerte de bebés en Chiapas, así como paros y protestas en hospitales, la Secretaría de Salud (Ssa) llega al tercer Informe de gobierno del presidente Vicente Fox con una serie de necesidades económicas y carencias en los servicios, que restarán eficacia al programa estrella del sexenio: el seguro popular.

Mientras, los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrentan a las embestidas de informes que resaltan su crítica situación financiera y dejan ver la inminencia de importantes cambios en su estructura.

La salud ha sido uno de los pilares del discurso foxista, y el secretario del ramo, Julio Frenk Mora, se ha dedicado a concretar el proyecto diseñado por él desde hace por lo menos 10 años, para crear un sistema universal de salud.

Apenas en abril pasado, en el último periodo ordinario de sesiones de la 58 Legislatura del Congreso de la Unión, Frenk logró uno de sus mayores éxitos con la reforma a la Ley General de Salud, por la cual se crea el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y se institucionaliza el seguro popular, dirigido a las personas sin acceso a la seguridad social.

Frenk realizó un intenso cabildeo con legisladores de cada una de las bancadas, pero pasó por alto las carencias en infraestructura sanitaria y el desabasto de medicamentos que hay en clínicas y hospitales del país, motivo de constantes denuncias.

La reforma legal entrará en vigor el primero de enero de 2004, pero se aplicará realmente cuando los diputados asignen un presupuesto suficiente para ejecutar cada una de las estrategias planteadas en el SPSS y con las cuales se supone habrán de superarse las deficiencias del sistema sanitario.

En diciembre pasado alrededor de 30 recién nacidos murieron en el Hospital Civil de Comitán, Chiapas. Las autoridades atribuyeron esos decesos a las precarias condiciones de salud de las madres y sus productos. Después admitieron que se registraron ausencias de personal médico que nunca fueron cubiertas. A lo anterior se sumó la constante escasez de insumos.

Algunos meses después los trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría (INP) denunciaron la insuficiencia de recursos con la que trabajan (equipos médicos y medicinas). La inconformidad nunca fue atendida, por lo que el 30 de junio pasado, cuando el presidente Vicente Fox acudió al nosocomio para atestiguar la donación de un tomógrafo computarizado, enfrentó el descontento de las enfermeras, quienes con pancartas y a gritos le señalaron que trabajaban bajo protesta.

Recientemente los médicos residentes del Hospital Juárez de México estuvieron en paro de labores durante casi un mes porque no contaban con el equipo indispensable en su aprendizaje. Además padecían la carencia de medicamentos y material de curación.

A la lucha se sumaron los médicos de base, en lo que fue la primera vez que el gremio se organizó en el país desde la protesta nacional de la década de los sesenta. La movilización sigue latente, ya que las soluciones ofrecidas por la Ssa se han cumplido parcialmente.

El debate

Frenk Mora ha señalado desde el comienzo de la administración foxista el bajo nivel de inversión nacional en salud, apenas 5.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), cuando el promedio latinoamericano es de 6.1 por ciento.

El SPSS establece la responsabilidad de los gobiernos estatales de incrementar los recursos económicos destinados al rubro sanitario, fortalecer la infraestructura médica y aportar dinero para el Fondo de Gastos Catastróficos. También deberán contribuir para la creación de los centros regionales de alta especialidad, actualmente inexistentes y sin los cuales tampoco será posible ofrecer a los usuarios del seguro popular la atención médica de especialidad para controlar y, en su caso, aliviar males crónicos, como el cáncer o insuficiencias que requieran de trasplantes de órganos.

Se supone que los servicios serán gratuitos para los trabajadores no asalariados, los autoempleados y los desempleados y sus familias. Sin embargo, la Ssa afirma que todos los usuarios aportarán cuando menos 20 pesos al mes. El SPSS señala que las "cuotas familiares serán anticipadas, anuales y progresivas", y se determinarán con base en la condición socioeconómica de los afiliados. A cambio, la dependencia les ofrece la consulta, los medicamentos y atención médica de primer y segundo nivel para las enfermedades comunes, sin importar su capacidad de pago.

En cada uno de los foros donde se presenta, el secretario ha señalado el desequilibrio financiero en que se encuentra el sector, ya que los enfermos reciben el servicio médico de acuerdo con su capacidad económica. Por eso, ha dicho, hay en el país alrededor de dos millones de familias que cada año incurren en "gastos catastróficos" por atender sus enfermedades.

Bajo el nuevo esquema de financiamiento, el gobierno federal se compromete a entregar a los estados una cuota social por cada familia que las entidades logren afiliar al seguro popular.

En conjunto, las medidas servirán para corregir desequilibrios económicos e inercias históricas de asignación de recursos.

De acuerdo con el texto legal aprobado por los legisladores, la incorporación de las familias al seguro popular será gradual durante los próximos años, y en 2010 la cobertura será total.

Las aspiraciones

En noviembre de 2002 el gobierno de la República presentó la candidatura de Julio Frenk a la dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Oficialmente el funcionario dijo no estar ocupado en ganar el puesto, pero en realidad efectuó un intenso trabajo de proselitismo con los países miembros de la agrupación. Al final la votación no le favoreció.

Un escándalo que le ocupó una buena parte de su tiempo al frente de la Ssa fue el presunto tráfico de influencias en que incurrió el ex comisionado del Consejo Nacional contra las Adicciones, Guido Belsasso, descubierto por una investigación periodística de Jaime Avilés publicada en La Jornada (18 de agosto).

El reportaje originó el cese de Belsasso y el comienzo de una investigación formal de la Secretaría de la Función Pública, aunque también puso en entredicho la honorabilidad con que se conducen los funcionarios de la Ssa, empezando por su titular.

Difícil situación

En su más reciente informe sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS, el Consejo Técnico de la institución resaltó por segundo año consecutivo que de no darse alguna solución a la estrechez presupuestal, en 2011 será imposible la prestación de servicios a los derechohabientes.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió una iniciativa al Congreso para reformar el sistema de pensiones del ISSSTE y, al igual que ocurrió en el IMSS en 1997, establecer un esquema individualizado de cuentas para el retiro de los burócratas. Plantea la posibilidad de invertir estos recursos en la bolsa de valores.

Con esta propuesta, el gobierno federal pretende empezar a dar salida a la crítica situación económica del ISSSTE, cuya sobrevivencia depende desde 1993 del subsidio federal, el cual asciende en este año a más de 20 mil millones de pesos.

El informe del IMSS resalta entre los factores de la problemática que enfrenta el pasivo laboral en su carácter de patrón, cuyo monto ascendía en 2002 a 352 mil 111 millones de pesos. El constante aumento de los gastos médicos de pensionados también es una presión a las finanzas institucionales.