"No importa la honorabilidad; lo que se hace es crear compromisos de los juzgadores"

Señalan transas políticas de Fernández de Cevallos en la ratificación de magistrados

ANDREA BECERRIL

Las maniobras de Diego Fernández de Cevallos en la ratificación de magistrados, además de provocar que se amparen los jueces que se sintieron afectados por la decisión política de ceder sus cargos a personas con menor trayectoria, propició que el Senado de la República enfrente una controversia constitucional que interpuso en su contra el presidente Vicente Fox.

Heriberto Arriaga Garza narró en entrevista con La Jornada "las ofensas y humillaciones" que ha padecido desde que el Senado se opuso a ratificarlo como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario, en un proceso lleno de irregularidades e ilegalidades, que se resolvió 176 días después del plazo legal y en el que fueron figuras centrales Fernández de Cevallos y el entonces consejero jurídico de la Presidencia y hoy diputado Juan de Dios Castro.

"Tanto a mí como a mi compañero Agustín Sánchez Martínez nos cortaron la carrera jurisdiccional, atentaron contra nuestra honorabilidad y nos dejaron sin sustento", comentó Arriaga. Destacó que como nunca en este sexenio, las ratificaciones de magistrados se deciden por "transas políticas".

"No les importa que el magistrado sea honorable, con un buen desempeño. Como en el caso del Tribunal Fiscal, que La Jornada ya documentó, sólo les interesa resolver las ratificaciones con base en avales políticos y no en méritos o desempeños, y eso está contaminando la actividad jurisdiccional, porque están creando compromisos de los juzgadores".

Arriaga explicó el intrincado y largo proceso que él y Agustín Sánchez Martínez debieron recorrer a partir del 19 de junio de 2002, cuando concluyó su periodo como magistrados numerarios del Tribunal Unitario Agrario.

El 3 de junio, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, hizo llegar un escrito al entonces presidente de la Comisión Permanente, Diego Fernández de Cevallos, donde le notificaba que se debía ratificar a siete magistrados, responsabilidad que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica que rige a esos tribunales, corresponde al Senado o, en su caso, a la Permanente.

Sin embargo, agregó, Fernández de Cevallos dio entrada a un oficio del presidente Vicente Fox, donde el Ejecutivo solicita sólo la ratificación de cuatro de los siete magistrados y propone cinco candidatos para los tres puestos vacantes.

"Ello era absolutamente ilegal, porque el Presidente no tiene facultad para ello, pues cuando se crearon los tribunales agrarios se decidió que la designación sería legislativa, no como en el caso del Tribunal Fiscal, que le corresponde al jefe del Ejecutivo federal".

Sin embargo, Juan de Dios Castro intervino y, como consejero jurídico de la Presidencia, sostuvo que el Ejecutivo sí tenía la potestad de decidir qué magistrados debían ser ratificados, lo que Fernández de Cevallos avaló desde la presidencia de la Comisión Permanente.

Precisó que los legisladores que dictaminaron en comisiones la propuesta presidencial se dividieron y el 19 de junio de 2002 notificaron a la presidencia de la Permanente su decisión de modificar la propuesta de Fox, al incluir a los tres magistrados que habían quedado fuera: Arriaga Garza, Sánchez Martínez y Balbina Villa Martínez.

La Permanente aprobó tal decisión y Fernández de Cevallos se lo notificó por escrito a Juan de Dios Castro. El estira y afloja se trasladó al Senado, donde tomaron el caso las comisiones de Justicia y de Reforma Agraria, que decidieron proponer a su vez que a la lista de cinco magistrados propuestos por Fox para ocupar las plazas de los tres magistrados no ratificados se incluya a José Martín López Zamora y José Jesús Rodríguez Tovar. "Es decir, antes de decidir sobre nuestra ratificación, se empeñaron en colocar a dos personas que fueron rechazadas meses antes, cuando se decidió en el Senado la ocupación de dos plazas vacantes en tribunales agrarios".

El 12 de diciembre las comisiones de Justicia y de Reforma Agraria emitieron un dictamen que dejó sin ratificar a Arriaga y Sánchez Martínez, quienes habían comparecido ante los legisladores para ser examinados y les dirigieron decenas de escritos donde denunciaban la violación a la ley.

Sólo ratificaron a Balbina Villa y nombraron magistrados a los dos candidatos que los legisladores propusieron -López Zamora y Rodríguez Tovar-, lo que provocó el disgusto de Juan de Dios Castro, quien aconsejó a Fox presentar una controversia constitucional contra el Senado.

Arriaga hizo notar que en su caso hubo "consigna política", ya que resolvió muchos conflictos en favor de comunidades indígenas.