Los regímenes de México y España están supeditados a los lineamientos de EU, acusan

Denuncian ONG la intolerancia del gobierno en el caso de Lorenzo Llona

Manifestaron su rechazo a que la eventual extradición se decida administrativamente

Organizaciones defensoras de los derechos humanos indicaron que la eventual extradición a España del ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde demuestra la "intolerancia" en que incurren constantemente gobiernos de derecha, debido a que están supeditados a los lineamientos que marca Estados Unidos a escala internacional, y comprueba que a pesar de que en México las autoridades judiciales intervienen en casos de extradición, la decisión continúa en el terreno político.

Para Eréndira Cruz, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), tanto la detención de Llona Olalde -quien según Madrid habría participado en un atentado ocurrido el 24 de junio de 1981 en el pueblo guipuzcoano de Tolosa, que costó la vida de tres personas- como la opinión jurídica del juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo, en el sentido de que procede su extradición, son "injustas, arbitrarias e ilegales".

Indicó que el gobierno del presidente Vicente Fox "sólo ha demostrado con esas actitudes que estamos a merced de la voluntad de Estados Unidos y de países europeos, principalmente España. Es evidente que (Fox) se somete a los caprichos de José María Aznar", jefe de gobierno español.

Además, propuso que se revisen los protocolos internacionales en materia de extradición, porque "se debe buscar la forma de armonizar estos estándares internacionales con el propio procedimiento de los términos legales que tenemos en México, y se debe tener mucho cuidado con este tipo de métodos para que realmente puedan garantizar el respeto al estado de derecho en cualquier país. Es claro que en el caso de Llona se ha violado el protocolo internacional para extradición que México firmó en 1989, y que establece que tienen que estar vinculados todos los procesos de extradición con los protocolos internacionales. Eso no ha ocurrido hasta el momento".

Por su parte, Oscar González, integrante de la organización civil Paz con Democracia, refirió que en lo que va de la administración de Fox "la relación bilateral México-España en materia de extradiciones ha acentuado una política -que ya se venía dando desde la época del ex presidente Ernesto Zedillo- de simplificar, acelerar y facultar administrativamente y no por la vía judicial lo que se conoce como las extradiciones administrativas, que en la frontera con Estados Unidos la gente conoce como los cajuelazos".

Además, dijo, tocó la coincidencia de que las gestiones de extradición de Llona se realizan entre dos gobiernos de derecha, y "eso demuestra internacionalmente que España y México están adhiriéndose a las políticas de lucha global antiterrorista que encabeza el gobierno de Estados Unidos. Van a hacer todo lo que esté a su alcance para dar señales de que en sus respectivos ámbitos contribuyen a impulsar esa política estadunidense".

Indicó que aunque el Poder Judicial mexicano ya interviene en los procesos de extradición, la participación no es definitoria, ya que el artículo segundo del tratado en la materia que México firmó con España señala que ninguno de los dos países se debe oponer a las solicitudes de extradición ni podrá valorar constancias expedidas por la autoridad judicial.

A su vez, Adrián Ramírez, presidente de la liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (Limeddh) aseguró que el gobierno español ha señalado en reiteradas ocasiones que a pesar de que ya prescribieron los delitos por los que se acusa a varios ciudadanos de origen vasco, de todos modos van a ser sometidos a procedimientos penales.

AMO