Responsables estatales de programas sobre el mal

Viola derechos Censida al pedir exámenes a migrantes

Exigen se revise el acuerdo laboral México-Canadá

ANGELES CRUZ

Responsables de programas estatales de VIH/sida aseguraron que la prueba clínica para detectar la enfermedad, que se exige a los trabajadores agrícolas que quieren trabajar en Canadá, viola los derechos humanos de los enfermos.

Además de que se les niega la oportunidad de laborar en aquel país y acceder a mejores condiciones de vida, aunque sea de manera temporal, los mecanismos para la realización del examen clínico están fuera de la normatividad.

De acuerdo con los funcionarios consultados por La Jornada, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida) envió un oficio a los responsables de los programas estatales, en el que les solicita su colaboración para que los migrantes tengan acceso a la prueba de manera gratuita, pero también plantea que los resultados se entreguen a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad que corresponda.

Lo anterior supuestamente tiene el propósito de facilitar el trámite a los campesinos, que en principio deberían realizarlo en el Distrito Federal. Sin embargo, explicaron los entrevistados, esta "ayuda es engañosa", porque esconde la discriminación hacia los enfermos y pretende pasar por alto el derecho que da a los seropositivos la Norma Oficial Mexicana (NOM) 010 para la prevención y control del VIH/sida y otros acuerdos internacionales, de mantener la confidencialidad sobre su estado de salud.

Detallaron que, con base en la misma NOM, el análisis clínico ya se aplica a quien lo solicite y de manera gratuita. Los resultados se entregan en un sobre cerrado y con una clave, es decir, no está indicado el nombre de la persona. Por eso, tal como pretende Censida que se haga, implica violar la disposición oficial mexicana y otros acuerdos a escala internacional, con tal de cumplir con los requisitos del gobierno de Canadá.

Algunos de los responsables de los programas estatales contra el VIH plantearon al Censida, dirigido por Patricia Uribe Zúñiga, que se revisaran los términos del acuerdo binacional México-Canadá, para que se especificara por qué es indispensable conocer si los migrantes son o no portadores del virus.

Explicaron que si efectivamente no había intención de violar los derechos humanos de los campesinos, es probable que la causa fuera económica; es decir, que el gobierno canadiense no quisiera o no pudiera absorber los gastos de los medicamentos que requieren los infectados. Si así fuera, señalaron los entrevistados, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Salud, podría dotar a los migrantes de los fármacos que requieran.

El Congreso de la Unión autorizó en diciembre de 2002 el ejercicio de una partida especial para la compra de medicamentos antirretrovirales que controlan el VIH-sida. Con dichos recursos se garantizó a partir de 2003 el acceso universal a los medicamentos.

Los trabajadores agrícolas podrían llevar a Canadá sus medicamentos sin ningún problema y tampoco se les negaría el derecho a trabajar. Sin embargo, hasta ahora, el Censida no ha dado respuesta a los planteamientos de los servicios de salud de los estados.