Pedirán al Presidente que no permita una injusticia contra el mexicano de origen vasco

Protestarán en el Zócalo por la "lectura ciega" de pruebas en favor de Llona Olalde

BLANCHE PETRICH

Es una prueba de descargo irrefutable. El día en que en Tolosa, un pueblo del país vasco, se cometía un asesinato de tres personas -24 de junio de 1981-, el presunto responsable, Lorenzo Llona Olalde, acudía a la Secretaría de Gobernación, en el Distrito Federal, atendiendo un citatorio de la entonces comisionada de inmigración, Diana Torres, para tramitar la entrega de su visa como residente. Como constancia, le fue entregada una orden de pago.

El vasco había ingresado a México seis meses antes y radicaba en forma permanente en Querétaro.

Dos días después, con esa orden, se presentó nuevamente a esas oficinas para pagar los 2 mil 400 pesos que entonces se cobraban por el trámite de una visa de residente con permiso para trabajar, la FM-3. Como constancia recibió un oficio en papel membretado, con sello del gobierno federal, fotografía, firma y huellas digitales de Llona Olalde.

El juez 13 de distrito, Ranulfo Castillo, a cargo de la petición de extradición que hizo el gobierno español a México para la entrega del sospechoso, tuvo toda la documentación debidamente certificada a la vista. Pero prefirió no verla, hacer caso omiso de las pruebas que favorecen al acusado y hacer una "lectura ciega" del polémico protocolo reformado de 2001 del tratado de extradición México-España, para fallar en favor de la entrega de Llona, quien es desde hace 10 años ciudadano mexicano.

Para llamar la atención del presidente Vicente Fox sobre esta aberración jurídica, la familia de Llona -tres hijos y su esposa, Guadalupe Orozco- hará un plantón en el Zócalo. Las doñas del Comité Eureka, con Rosario Ibarra a la cabeza, estarán ahí, para apoyarlos.

"Estaremos ahí, en el Zócalo, para que el Presidente no pueda decir que no nos ve ni nos oye. Esperamos que por la tarde, durante su informe, nos dé unas palabras de aliento, nos asegure que no va a permitir que se cometa esta injusticia contra un mexicano de origen vasco", señaló Ibarra de Piedra, que el viernes acudió al Reclusorio Sur a visitar a Llona.

Por el momento, es el presidente Fox quien tiene la palabra sobre este proceso.

Una vez emitida la resolución del juez Castillo, el expediente regresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Ejecutivo tiene 20 días hábiles para pronunciarse. Si falla en favor de la estadía de Llona en México, su país de adopción, la Procuraduría General de la República, que tramita el pedido de extradición del Estado español, tiene un plazo para pedir un amparo.

Si el mandatario y la cancillería se pronuncian por la entrega de Llona a Madrid, la defensa puede ampararse. Además del juez de amparo, a la defensa aún le queda el recurso de apelación ante la instancia superior, que es la Suprema Corte de Justicia.

En este caso, el juez 13 de distrito se apegó a la reforma de 2001 del tratado bilateral de extradiciones, que establece que en caso de una petición de extradición, el gobierno español no necesita presentar pruebas sobre la culpabilidad del acusado. Esta cláusula, que no es recíproca, está impugnada ante el Congreso. En la nueva legislatura, los diputados perredistas Ileana García y Francisco Saucedo han anunciado que propondrán su derogación.

El caso de Llona sentaría precedente, ya que de proceder su entrega a la justicia española perdería automáticamente su nacionalidad mexicana. A partir de ese momento, todos los vascos inmigrados en México, aun los que han cambiado su nacionalidad, están en riesgo de ser entregados a España con motivo o sin él.

A mediano plazo, la familia Llona tendrá oportunidad de ofrecer más pruebas. Será ocasión para que los ex compañeros de trabajo de la maderería, que ya han manifestado su voluntad de declarar ministerialmente en favor del procesado, testifiquen que en 1980 el recién llegado a México nunca faltó a sus labores.

Existe también a disposición de la justicia mexicana otro testimonio demoledor. En Tolosa, Juan Antonio Reza San Vicente, de quien se dice testificó en junio de 1983 en contra de Llona al señalarlo como parte de un comando de etarras que se había alojado en su casa, ha declarado ante un notario en Viscaya que nunca señaló al ahora acusado como parte del comando.

Reza San Vicente y su esposa María Elena Urdangaráin fueron detenidos poco después del asesinato de Juan Ignacio Ibarbuchi y Juan María y Pedro Conrado Martínez a la salida del bar Bel Alai, en Tolosa. Bajo tortura, reconocieron que habían alojado en su casa a tres jóvenes que posiblemente integraron el comando ejecutor. Identificaron a Antonio Olaizola y José María Bereciartúa, pero faltaba un tercero. La policía llenó ese hueco con la identidad de alguien que, para esas fechas, ya no estaba en Europa, Lorenzo Llona.