El proyecto, de la Comisión Europea, ya había sido aprobado y tenía un fondo de $8 millones

La CNDH reventó plan para fortalecer comisiones estatales

José Luis Soberanes cabildeó con titulares de organismos de los estados para que lo rechazaran

Los fondos iban a ser manejados por la federación de organismos públicos, no por el ombudsman

BLANCHE PETRICH

En octubre de 2002 la Comisión Europea (CE) eligió -entre más de 500 propuestas de todo el mundo- un proyecto de cooperación para el fortalecimiento de las 32 comisiones estatales de derechos humanos de México. Para financiarlo, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos aprobó un fondo de 6 millones 300 mil pesos. La Fundación McArthur donó un millón y medio adicional.

El proyecto se tituló Fortalecimiento institucional de los organismos públicos en México. El objetivo: desarrollar redes de educadores para los derechos humanos en todos los estados; crear un sistema de visitadores que permitiera la profesionalización de los servidores públicos que ofrecen atención a las víctimas y el desarrollo de métodos de trabajo novedosos y más eficientes; la instalación de un portal de Internet que contara con un banco de datos que sistematizara documentación relacionada con la promoción y defensa de las garantías y la formación de espacios de interlocución y concertación social, tanto con autoridades como con organismos de la sociedad civil.

Las 32 comisiones estatales, creadas en su mayoría desde los poderes locales, muchas subordinadas todavía a los gobiernos de las entidades y con frecuencia encubridoras de las autoridades, más que defensoras de las víctimas, serían las beneficiarias, lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), invitada originalmente como socia del proyecto.

"Se trataba -explica el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, uno de los autores de la idea- de permitir que estas comisiones estatales pudieran dar un salto de calidad, lograr su autonomía, que los titulares pudieran convertirse en verdaderos ombudsman, soberanos en toda la República, con autoridad moral, que crecieran en todo su potencial." El proyecto, así planteado, se instrumentaría en dos años.

Pero el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, decidió no participar en este plan, que buscaba romper la relación de subordinación de estos organismos con sus respectivas autoridades estatales. Era la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), no la CNDH, la que controlaba los recursos.

Por tanto, el ombudsman nacional cabildeó en los estados y en julio de este año, en una asamblea extraordinaria convocada en Toluca, supuestamente para iniciar los trabajos del convenio, 19 comisionados estatales que habían aprobado la propuesta de subvención dieron marcha atrás y se retiraron del proyecto. Así, el proyecto se cayó. Y para el azoro e indignación de las entidades donantes, los cerca de 8 millones de pesos de financiamiento fueron a dar a un fondo perdido. Una buena idea quedó en puro papel.

"Que yo recuerde -expresó a este diario el representante de la Comisión Europea en México, Arturo Rodríguez-, nunca había ocurrido nada igual. Que los beneficiarios rechacen un subsidio después de haberlo discutido y negociado durante un año, después de haberlo aprobado, haber firmado el convenio correspondiente y enviado el primer pago, es sorprendente. šEs una lástima!"

Para Alvarez Icaza, tesorero del comité directivo de la FMOPDH, el proyecto "era una apuesta estratégica para hacer realidad la autonomía de las comisiones en los estados". Pero, añade, "por lo visto el paquete nos quedó grande".

Gestión y frustración de un buen plan

La FMOPDH, creada todavía bajo lineamientos del salinismo en 1993, eligió en noviembre de 2001 una nueva directiva. Con la inclusión de presidentes estatales, como Juan Alarcón, de Guerrero; Manuel Vidaurri, de Guanajuato (como representante de la zona oeste), y en particular con Alvarez Icaza, del Distrito Federal -ya que es generalizada la idea de que la CDHDF representa un modelo distinto de entidad pública de derechos humanos, ciudadanizada y autónoma-, se impulsó su conversión, en mayo de 2002, en asociación civil.

"Fue -interpreta Alvarez Icaza- como romper el cordón umbilical con la Comisión Nacional de Derechos Humanos."

Ya con mayores márgenes de soberanía, la federación inició relaciones institucionales en diversos foros, entre otros con la Comisión Europea. En ese momento se gestó la idea del proyecto para fortalecer, con financiamiento externo, a las comisiones estatales. En su asamblea ordinaria, en Morelos, los miembros de la FMOPDH autorizaron que se diera curso a la solicitud de subvención.

Para septiembre de 2002 ya existía un anteproyecto, en el cual incluso el delegado de Soberanes, Mauricio Ibarra, hizo aportaciones. Pero ese mismo mes, al ser relevado Ibarra por el nuevo coordinador general de la presidencia del organismo, Jesús Naime, la CNDH se retiró del proyecto, aunque mantuvo su compromiso de apoyarlo. En la asamblea ordinaria de Manzanillo, en noviembre de ese año, se aprobó por mayoría, con la abstención de la comisión de Puebla (presidida por Jorge Ramón Morales, quien en su cargo anterior como subprocurador de Justicia recibió un número récord de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos) y Tabasco (bajo el mando de María Luisa Saucedo, conocida madracista).

Marcha atrás

En enero de 2003 la Comisión Europea notificó que el proyecto mexicano fue seleccionado. En mayo se firmó el convenio, con todo el protocolo del caso, en presencia del embajador de la CE, Nigel Evans, y de José Luis Soberanes. Casi inmediatamente después, de cara a la siguiente asamblea ordinaria en Cozumel, "empiezan a manifestarse algunas señales extrañas" -reporta Gabriela Aspuro, funcionaria de la CDHDF y responsable operativa del proyecto- que indican que el proyecto empieza a ser saboteado.

En la isla quintanarroense, a pesar de contar con informes en detalle de cada actuación del comité directivo, Nayarit, el estado de México y la misma CNDH solicitan "información adicional". Se cita a una conferencia extraordinaria, a realizarse en Toluca el 3 de julio. En junio, los enviados de Soberanes cabildearon intensamente. Se sabe, por ejemplo, que el presidente de la comisión estatal de Sinaloa, Oscar Loza, recién llegado al cargo, recibió la recomendación de Naime de no firmar el proyecto. Una sugerencia similar recibió el presidente del organismo en Chiapas, Pedro Raúl López.

Bajo esos augurios y con una orden del día modificada de última hora arrancó la asamblea de Toluca, inaugurada por el gobernador Arturo Montiel. El debate sobre el proyecto de fortalecimiento, previsto para una sesión de ocho horas, concluyó en dos. Diecinueve comisiones estatales que anteriormente habían aprobado el convenio se retractaban de sus votos anteriores y se retiraban del convenio ya firmado.

De las dudas ahí expresadas "todo era explicable, todo se pudo haber resuelto", asegura el delegado de la entidad europea, quien asistió como invitado y a quien no le permitieron tomar la palabra. "Según los criterios de la Comisión Europea, se cumplieron todos los requisitos. Cualquier duda pudo haber sido despejada con sólo consultarnos."

No fue así. Las comisiones estatales, algunas endebles, todas con pocos recursos, dijeron "no gracias" a un fondo de casi 8 millones de pesos destinados a su crecimiento.