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México D.F. Lunes 1 de septiembre de 2003

Con su llamado a no avalar uniones entre homosexuales retoma su papel excluyente

Exige la comunidad lésbico-gay a la Iglesia "no entrometerse en política"

JOSE ANTONIO ROMAN

En un mitin frente a la Catedral metropolitana, la comunidad lésbico-gay exigió a la jerarquía católica no entrometerse más en asuntos políticos, como demuestra su reiterado llamado a legisladores y partidos a no avanzar en el reconocimiento legal de los derechos de homosexuales, imponiendo su "agenda moral" en detrimento del Estado laico.

Durante el acto, que se realizó antes de la misa de mediodía del cardenal Norberto Rivera, representantes de una treintena de organizaciones señalaron que, con su reciente declaración en contra del reconocimiento a las uniones entre homosexuales, el Vaticano también asumió una "clara ofensiva" en contra de la equidad de género, los derechos reproductivos, el sexo seguro, el control natal y la salud reproductiva.

gay4Además, con esta decisión, la Iglesia retomó su papel de "institución discriminatoria y excluyente", incluso en contra de aquellos que profesan la religión católica, señala el documento suscrito por las organizaciones de la comunidad lésbico-gay y casi 300 personas, el cual fue entregado en la Catedral a colaboradores del cardenal Rivera, recién terminada la misa.

En la misiva, dirigida al presidente Fox y a los dirigentes de todos los partidos políticos, se califica de "alarmante" que la Iglesia católica, mediante un documento del Vaticano y presiones de los obispos mexicanos, inste a legisladores y gobernantes a oponerse, abrogar o por lo menos limitar la aprobación de leyes que avalan las uniones entre homosexuales.

Asimismo, se denunció que en concordancia con los postulados de la Iglesia católica, el PAN ha dado línea a sus legisladores para oponerse o boicotear la iniciativa de ley de Sociedades de Convivencia, cuyo objetivo es reconocer y dar protección jurídica a las relaciones que se constituyen "cuando dos personas (de cualquier género) mayores de edad y con capacidad jurídica plena establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua".

De igual forma, recordaron que en las pasadas elecciones federales los jerarcas y clérigos de la Iglesia católica se entrometieron "indebida e impunemente" en el proceso, llamando a sus feligreses a no votar por partidos que apoyaran propuestas como el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y las uniones entre homosexuales.

La carta menciona que el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, presionó para imponer la moral de la Iglesia católica y logró que las autoridades locales de salud suspendieran de manera arbitraria el programa de prevención del VIH/sida, lo cual violenta los derechos de información y salud del pueblo de Guerrero.

"La legitimidad y vigencia de un verdadero estado de derecho incluyente depende de su capacidad para brindar seguridad jurídica a todas las personas y combatir la impunidad sin ninguna clase de discriminación", señala la carta entregada al cardenal, en la que se denuncia la gran influencia que la jerarquía católica tiene sobre algunos partidos, especialmente en el PAN.

Advierte que la pretensión de los jerarcas de normar la vida política de la sociedad y el proceso de elaboración de leyes cae en el terreno del totalitarismo, sobre todo cuando aspira a que sus principios sean de aplicación universal, sin cuestionamiento y con el pleno dominio de sus estructuras jerárquicas sobre las del Estado, lo cual niega la historia de luchas de hombres y mujeres en favor de la libertad individual y los derechos civiles y políticos.

La comunidad lésbico-gay exigió a las iglesias respetar de manera irrestricta el carácter laico del Estado mexicano y evitar intromisiones en la vida política del país; a los poderes Ejecutivo y Legislativo, defender la laicidad del Estado; a los legisladores, promulgar leyes que garanticen la libertad y la igualdad entre toda la población, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores suscribir los convenios internacionales que reconozcan y garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

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