México D.F. Lunes 1 de septiembre de 2003
Con su llamado a no avalar uniones entre homosexuales
retoma su papel excluyente
Exige la comunidad lésbico-gay a la Iglesia
"no entrometerse en política"
JOSE ANTONIO ROMAN
En un mitin frente a la Catedral metropolitana, la comunidad
lésbico-gay exigió a la jerarquía católica
no entrometerse más en asuntos políticos, como demuestra
su reiterado llamado a legisladores y partidos a no avanzar en el reconocimiento
legal de los derechos de homosexuales, imponiendo su "agenda moral" en
detrimento del Estado laico.
Durante el acto, que se realizó antes de la misa
de mediodía del cardenal Norberto Rivera, representantes de una
treintena de organizaciones señalaron que, con su reciente declaración
en contra del reconocimiento a las uniones entre homosexuales, el Vaticano
también asumió una "clara ofensiva" en contra de la equidad
de género, los derechos reproductivos, el sexo seguro, el control
natal y la salud reproductiva.
Además,
con esta decisión, la Iglesia retomó su papel de "institución
discriminatoria y excluyente", incluso en contra de aquellos que profesan
la religión católica, señala el documento suscrito
por las organizaciones de la comunidad lésbico-gay y casi 300 personas,
el cual fue entregado en la Catedral a colaboradores del cardenal Rivera,
recién terminada la misa.
En la misiva, dirigida al presidente Fox y a los dirigentes
de todos los partidos políticos, se califica de "alarmante" que
la Iglesia católica, mediante un documento del Vaticano y presiones
de los obispos mexicanos, inste a legisladores y gobernantes a oponerse,
abrogar o por lo menos limitar la aprobación de leyes que avalan
las uniones entre homosexuales.
Asimismo, se denunció que en concordancia con los
postulados de la Iglesia católica, el PAN ha dado línea
a sus legisladores para oponerse o boicotear la iniciativa de ley de Sociedades
de Convivencia, cuyo objetivo es reconocer y dar protección jurídica
a las relaciones que se constituyen "cuando dos personas (de cualquier
género) mayores de edad y con capacidad jurídica plena establecen
un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua".
De igual forma, recordaron que en las pasadas elecciones
federales los jerarcas y clérigos de la Iglesia católica
se entrometieron "indebida e impunemente" en el proceso, llamando a sus
feligreses a no votar por partidos que apoyaran propuestas como el derecho
de las mujeres a decidir sobre su maternidad y las uniones entre homosexuales.
La carta menciona que el arzobispo de Acapulco, Felipe
Aguirre Franco, presionó para imponer la moral de la Iglesia católica
y logró que las autoridades locales de salud suspendieran de manera
arbitraria el programa de prevención del VIH/sida, lo cual violenta
los derechos de información y salud del pueblo de Guerrero.
"La legitimidad y vigencia de un verdadero estado de derecho
incluyente depende de su capacidad para brindar seguridad jurídica
a todas las personas y combatir la impunidad sin ninguna clase de discriminación",
señala la carta entregada al cardenal, en la que se denuncia la
gran influencia que la jerarquía católica tiene sobre algunos
partidos, especialmente en el PAN.
Advierte que la pretensión de los jerarcas de normar
la vida política de la sociedad y el proceso de elaboración
de leyes cae en el terreno del totalitarismo, sobre todo cuando aspira
a que sus principios sean de aplicación universal, sin cuestionamiento
y con el pleno dominio de sus estructuras jerárquicas sobre las
del Estado, lo cual niega la historia de luchas de hombres y mujeres en
favor de la libertad individual y los derechos civiles y políticos.
La comunidad lésbico-gay exigió a las iglesias
respetar de manera irrestricta el carácter laico del Estado mexicano
y evitar intromisiones en la vida política del país; a los
poderes Ejecutivo y Legislativo, defender la laicidad del Estado; a los
legisladores, promulgar leyes que garanticen la libertad y la igualdad
entre toda la población, y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores suscribir los convenios internacionales que reconozcan y garanticen
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
|