Miguel Marín Bosch*

Atole con el dedo

A lo largo de sus casi seis décadas de existencia, la Organización de Naciones Unidas ha tenido, como cualquier institución sexagenaria, sus buenos y no tan buenos momentos. Entre sus aciertos podemos recordar su contribución al proceso de descolonización. De sus hoy 192 miembros, 94 eran colonias en 1945. Jugó un papel clave en dos aspectos de la descolonización: primero, fue integrando expedientes con información fidedigna sobre la situación en los distintos territorios con el fin de convencer a las respectivas metrópolis de permitir que los habitantes de sus colonias ejercieran su derecho a la autodeterminación. Segundo, participó activamente en la administración de muchos territorios en la transición de colonia a Estado independiente. Entre los capítulos que muchos quisieran olvidar se encuentran su triste papel en la guerra de Corea, su parálisis durante la guerra de Vietnam y su silencio en innumerables casos de abuso de los derechos humanos, empezando por Argentina entre 1976 y 1983. A esa lista tendremos que agregar ahora el caso de Irak.

Hoy atraviesa por una crisis particularmente aguda. Tras la invasión de Irak por la llamada coalición, el Consejo de Seguridad trató de asignar a la ONU un papel de administradora de la ayuda humanitaria y algo más. Ese "algo más" lo había ido definiendo sobre la marcha Sergio Vieira de Mello, representante del secretario general. Con su muerte ese proceso se acabó. "Sólo tenía a un Sergio", se lamentaría después Kofi Annan.

La situación en Irak es preocupante no sólo para las fuerzas de ocupación, sino para la comunidad internacional. En estos días los miembros de la ONU discuten cuál debe ser su papel en Irak y cómo sacarle el buey de la barranca a la coalición, encabezada por Estados Unidos, la cual si bien reconoce que necesita ayuda, aún no decide si quiere o no compartir con otros el mando.

La semana pasada, en medio de esa discusión, el Consejo de Seguridad se pronunció sobre un proyecto de resolución presentado por el gobierno de México. La propuesta mexicana había sido sometida a los miembros del consejo en la primavera pasada, pero fue abandonada debido a la oposición de Estados Unidos. Se trataba de una buena idea a raíz de la invasión de Irak: quienes atentaran contra los encargados de proporcionar ayuda humanitaria (léase personal de la ONU y sus organismos especializados, así como otras organizaciones humanitarias) serían llevados a la Corte Penal Internacional (CPI) como criminales de guerra. Eso era lo novedoso dentro de una larga lista de resoluciones e instrumentos internacionales sobre la protección de los civiles en los conflictos armados.

Hace unas semanas, tras el ataque a la sede de Naciones Unidas en Bagdad, México resucitó el proyecto de resolución. Una vez más, debido a su alergia a la CPI, Estados Unidos se opuso. La respuesta mexicana (y de los demás copatrocinadores) fue diluir el texto, eliminando, por supuesto, toda alusión a la CPI (que, dicho sea de paso, nuestro país aún no ratifica, como tampoco ha ratificado la Convención sobre la Seguridad del Personal de la ONU y Personal Asociado). Quedó una exhortación más a los estados para que hagan todo lo posible por asegurar que sean castigados los autores de atentados de esa naturaleza. Lo que empezó como un buen proyecto (es decir, un avance en este campo), acabó siendo mera reiteración de lo que ya existe. Por supuesto que la resolución (la 1502 del Consejo) fue aprobada por unanimidad. Al día siguiente, nuestros medios de comunicación hicieron hincapié en los cambios introducidos en el texto a fin de lograr el acuerdo de Estados Unidos y opinaron que México "había cedido".

Días después, tanto nuestro representante en la ONU como el subsecretario de Relaciones Exteriores salieron a defender el texto de la 1502 con una serie de argumentos difíciles de justificar. Ante el juicio correcto de la opinión pública, lo más aconsejable hubiera sido el silencio. Peor aún, lograron incluir el pasado lunes una alusión al tema en el tercer Informe de gobierno del Presidente.

Ojalá que la 1502, como otras resoluciones aprobadas en estos últimos años por el Consejo de Seguridad, no redunde en detrimento de la credibilidad de la organización. Conforme a su Carta, la ONU debe servir de centro para armonizar las opiniones de sus miembros a fin de alcanzar sus metas. Por lo tanto, buscar la unanimidad en el Consejo es loable. El consenso en esa máxima instancia para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales debe procurarse siempre y cuando sea un consenso con sentido. En las circunstancias actuales éste se reduce a la opinión de un solo miembro. ƑSigue vigente la tesis de que a Estados Unidos no se le puede regatear nada?

Cuando Naciones Unidas está contra las cuerdas, cuando más requiere del apoyo sincero de todos, no se vale que traten de vendernos gato por liebre ni que nos ofrezcan atole con dedo.

* Ex subsecretario de Relaciones Exteriores e investigador de la Universidad Iberoamericana