$1 billón 276,18.1 millones, saldo de rescates bancario, carretero, de ingenios y aviación

La ineficiencia de particulares cuesta al erario 20% del PIB

El pago de intereses por los salvamentos equivale al monto de las reservas del país: 555 mil 332.3 millones de pesos Se destinó a Cintra cuatro veces lo obtenido por la privatización de aerolíneas

JIUAN ANTONIO ZUÑIGA Y VICTOR CARDOSO

La generosidad y disposición del gobierno para rescatar los malos negocios de los empresarios mexicanos le cuesta ya al país el equivalente a una quinta parte del producto interno bruto (PIB). El saldo de los rescates de la banca, las carreteras, los ingenios, los proyectos financiados con Pidiregas y aerolíneas, entre otros, sumaba a junio de este año un billón 276 mil 18.1 millones de pesos.

Como proporción de la deuda total del gobierno mexicano, que asciende a 2 billones 922 mil 498.7 millones de pesos, los salvamentos, clasificados como "partidas contingentes", representan actualmente casi 44 por ciento. Esto sin considerar el pago de los intereses que anualmente generan.

Desde 1995 a la fecha los rescates le han costado al erario público 555 mil 332.3 millones de pesos sólo por el pago de intereses y son, paradójicamente, equivalentes al monto de las reservas internacionales del país. De esa cantidad, según cifras de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, 215 mil 304.2 millones se han acumulado durante este gobierno.

El monto de la deuda total del gobierno mexicano es el grueso de la soga; los rescates son parte de los hilos que la tejen; el pago de intereses, la fuerza con que aprieta.

Como porcentaje del PIB la deuda a diciembre de 2000 representaba 36.81 por ciento; para el año siguiente creció a 37.19 por ciento; en 2002 fue de 40.21 y a junio de este año ya alcanzaba 43.8 por ciento.

Mientras, los rescates asumidos por el gobierno también se hicieron más onerosos. Su saldo pasó de representar 16.17 por ciento del PIB en 2000, a 16.54 un año después; fue de 17.43 por ciento en 2002 y de ahí registró un salto para alcanzar 19.12 por ciento a junio pasado.

La deuda total del sector público en 2000 sumaba 2 billones 21 mil 500 millones de pesos; al cierre de 2001 se elevó en 124 mil 900 millones y llegó a 2 billones 146 mil 400 millones. Para 2002 dio un salto de 340 mil 700 millones para alcanzar 2 billones 474 mil 200 millones de pesos. Sólo en los primeros seis meses de este año creció en 788 mil 900 millones de pesos, con lo que su monto es ahora de 2 billones 922 mil 498.7 millones de pesos.

Agobiado de por sí por el peso de la deuda, el gobierno federal, no obstante, asumió el fracaso de bancos, autopistas, aerolíneas e ingenios, a pesar de que se reducía constantemente su margen de maniobra, su disponibilidad de recursos para inversión pública, gasto social y educación. A sugerencia de los organismos financieros internacionales, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se inició un programa de privatización que, se argumentó, serviría para aumentar los ingresos gubernamentales, disminuir el déficit público, cancelar subsidios y de paso eliminar ineficientes empresas paraestatales.

Fue así que se privatizaron bancos, se concesionó la construcción de autopistas de cuota, se vendieron aerolíneas, ingenios, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones; se abrió a la inversión privada la llamada petroquímica secundaria y, en general, casi todas las empresas con participación gubernamental.

El modelo privatizador siguió en el sexenio de Ernesto Zedillo con la venta de los ferrocarriles, el sistema satelital, los puertos y aeropuertos; se concesionó también la prestación de servicios públicos como los sistemas de agua potable, de limpia y tratamiento de aguas residuales.

Y desde entonces arreciaron las presiones para impulsar las modificaciones constitucionales que abrieran el sector energético, concretamente Pemex y CFE, a la inversión privada nacional y extranjera. A la fecha, la ambición privada sólo ha logrado obtener la distribución de gas natural.

Pero fue en la administración zedillista que el peso de la realidad cayó como losa. Los empresarios tampoco eran buenos administradores y se reabrió la historia de los rescates.

Primero fueron los bancos, que con la crisis económica de 1995 estuvieron en un tris de irse a pique. Desde entonces, con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y a la fecha con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se creó un pasivo no reconocido que representa ya 12.2 por ciento del PIB, es decir, 814 mil 996 millones de pesos, cifra equivalente a dos veces el valor anual de la producción agropecuaria y silvícola del país o más del doble los ingresos tributarios obtenidos por el gobierno en lo que va de este año, e incluso 11.5 veces superior a los ingresos generados por Petróleos Mexicanos (Pemex) entre enero y junio de 2003.

Como parte del mismo IPAB se concretó el rescate de las dos principales empresas de aviación del país. Ese organismo, circunstancialmente, junto con el rescate bancario asumió a la Corporación Internacional de Transporte Aéreo (Cintra), controladora de Aeroméxico y Mexicana, cuyo deterioro financiero es un ejemplo adicional de la ineficiencia empresarial. Desde tres décadas atrás, las dos empresas agrupadas en Cintra han provocado a los contribuyentes mexicanos pérdidas que acumulan 4 mil 200 millones de dólares.

Los recursos que el gobierno federal ha destinado para mantener en operación a esas aerolíneas son cuatro veces superiores al monto de lo que se obtuvo por su privatización en el gobierno salinista. Reportes oficiales indican que sus pasivos suman 16 mil 878.5 millones de pesos, es decir, 86.5 por ciento del valor de sus activos.