Ante ello, no procederá el juicio de desafuero, dice el tricolor

Líderes petroleros habrían acordado con el gobierno devolver mil 100 mdp

VICTOR BALLINAS Y ANGELICA ENCISO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene la seguridad de que el juicio de procedencia para desaforar al senador Ricardo Aldana no procederá, en virtud de que hay un convenio firmado desde el primero de septiembre entre el gobierno y dirigentes petroleros, mediante el cual se acordó la devolución de mil 100 millones de pesos que el sindicato garantizó con documentos cobrables y bienes petroleros (sus inmuebles y propiedades suman 30 mil millones de pesos).

Con dicho acuerdo, se habría dejado sin materia el juicio de desafuero contra el priísta Aldana, debido a que una vez devueltos los recursos que dieron origen al Pemexgate y que eran reclamados, ya no habría delito que perseguir y quedaba sin materia dicho juicio. Por ello, ''los priístas esperan que en las próximas horas se reponga todo el proceso de la Sección Instructora'', indicaron senadores.

El primero de septiembre, en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), se desarrolló la sesión del consejo de administración de la paraestatal, en la cual se cerraron convenios para consolidar estados financieros de esa empresa con el sindicato.

A ese encuentro asistieron el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos; el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos; el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y el subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamiz. Por parte del sindicato estuvieron Carlos Romero Deschamps, Pablo Pavón Vidales, Ramón Hernández Toledo y el propio Aldana.

Ahí se dio seguimiento a la Junta de Aclaración de Adeudos -entre Pemex y su sindicato-, que tiene ya más de un año de funcionar, y que al principio la presidió el senador Diego Fernández de Cevallos, a propuesta del gobierno federal, pero renunció porque argumentó que ''no encontraba voluntad política''.

En esa instancia, manifestaron abogados que asesoran al PRI en el caso Aldana, se buscó aclarar las deudas entre el sindicato y la paraestatal, producto de los convenios pactados en su contrato colectivo de trabajo (construcción de hospitales, vivienda, deportivos, pagos al sindicato por pérdida de alrededor de cien mil plazas y otras prestaciones).

Ese día, previo al tercer Informe de Gobierno, el acuerdo se selló. En ese encuentro, Jorge Ocejo, quien representaba a Pemex en la Junta de Aclaración de Adeudos, propuso al sindicato regresar alrededor de mil millones de pesos, causa del problema, y dijo a los representantes sindicales que una vez aclarada la razón legal por la que se les entregaron los recursos, se les devolverían.

''Necesito ahorita que me reintegres mil millones de pesos. No niego mis obligaciones patronales, pero tampoco niego que el Estado me dice que te reclame esa cantidad'', habría dicho el consejo de administración a la dirigencia petrolera.

''Te lo regreso, pero me lo debes''

Los líderes sindicales, entonces, convinieron devolver los mil millones por medio de documentos cobrables, en los que se incluyeron los 40 millones de dólares que los petroleros depositaron en bancos de Estados Unidos. En garantía dejaron bienes inmobiliarios del sindicato, ya que éste posee hospitales, ranchos, centros deportivos, granjas, bienes que equivalen a alrededor de 30 mil millones de pesos.

Esta operación se hizo mediante la cesión en procuración, con el objeto ''de que el Estado se sintiera resarcido''. Los dirigentes dijeron en esa firma de convenio: ''Te lo regreso, pero me lo debes. No rehuso a mi derecho de cobrarte mis adeudos; lo hacemos en una actitud seria y prudente''.

El incumplimiento de este acuerdo llevó a la renuncia del secretario de Energía, Ernesto Martens, porque él ''estaba enterado del convenio y lo defendía''.

Senadores priístas cercanos a la dirigencia petrolera y al coordinador de la fracción de ese partido comentaron que lo que ocurrió en los siguientes días fue una mala política de comunicación en el gobierno. ''El secretario de Gobernación, Santiago Creel, sabe del acuerdo; inclusive el día primero dijo que ojalá todos lo entendieran, y aseguró que ya no había problema con el senador Aldana''.

Juristas y senadores cercanos a la negociación señalaron que también ''el PRI reconoce que entrampó y complicó las cosas con su andanada contra el presidente de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, porque ahora entendemos que ni a él ni al coordinador del PAN, Francisco Barrio, les informaron sobre los términos del acuerdo. Otra cosa habría sido de haberlos enterado''.