León Bendesky

Libre comercio

El nombre oficial de la actual ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio es "Comercio y Desarrollo", así se estableció a fines de 2001 en la reunión de Doha. Pero ahora en Cancún las evidencias muestran que el comercio es cuestión de poder político, igual que el mismo desarrollo. Así que son los grandes intereses los que definen el curso de las negociaciones y los acuerdos. Intereses los tienen todas las partes, lo que no existe es un terreno en el que se expresen de manera coincidente y las diferencias tienden a crecer.

El tema de la agricultura es uno de los más controvertidos dada la enorme discrepancia de las condiciones en que opera la producción en los países ricos y aquellos a los que aún se denomina "en desarrollo". Los subsidios distorsionan de manera profunda el intercambio de los bienes agrícolas (incluyendo ganadería), puesto que otorgan una ventaja artificial a los productores en el mercado y también a las grandes empresas comercializadoras que tienen un poder monopólico. Así se desplaza a los productores de los países que no cuentan con esos apoyos y se destruye no sólo su actividad económica, sino el entramado de las relaciones sociales.

En la Unión Europea anualmente se subsidia a cada vaca con una cantidad que equivale al ingreso que reciben las personas más pobres en tres años (a razón de un dólar diario). A pesar de que los medios de comunicación acostumbran presentar la violencia y la barbarie como un hecho cotidiano, no debería tomarse como algo aislado el suicidio de Lee Kyung Hae.

La producción agrícola representa ya una porción pequeña del producto en muchos países ricos y pobres, pero en estos últimos aún se concentra una parte grande de la población en ese sector, lo que incide en el problema social que representa el campo en muchas sociedades. En México, por ejemplo, 5 por ciento del producto se genera en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), pero ahí se ocupa una quinta parte de la población. El acuerdo agrícola dentro del TLCAN ha mostrado su inoperancia para esta economía; eso lo sabía bien el presidente Carlos Salinas -y los negociadores directos del acuerdo-, quien reconoció que ese sector estaba siendo sacrificado. En contraparte, el gobierno de Estados Unidos fortalece su política de subsidios y nadie espera que cancele su farm bill.

Sacrificar al sector agrícola no es sólo una pésima medida de gestión económica: es un absurdo en términos sociales en un país como éste y una fallida estrategia política. Por eso ahora el gobierno ha perdido hasta la capacidad de participar activamente en un tema de relevancia central y está aislado, agazapado en espera de que el crecimiento industrial absorba a la población rural, que así podrá consumir alimentos importados y baratos. Por supuesto que esto no va a ocurrir.

La liberalización del comercio de productos industriales tampoco ha redundado en los beneficios que se esperaban con el incremento de la capacidad competitiva de los países menos desarrollados. Ni las condiciones tecnológicas ni la estructura productiva en general permiten aumentos tales de la competitividad que coloquen a los intercambios comerciales en un camino de desarrollo compartido. Eso lo saben bien los negociadores de India, que tienen fama de duros, cuando menos por dos razones: una es que los ingresos fiscales derivados de los aranceles son una de las principales entradas de los recursos públicos, y la otra, eminentemente pragmática, es que reconocen la necesidad de proteger su propia industria, igual que Estados Unidos protege el acero. El dilema entre librecambio y protección no está agotado, se inició expresamente en el siglo XIX y ha tenido ciclos en los que se fortalece y debilita, pero no desaparece.

En México la apertura comercial generó un incremento muy grande del valor de las exportaciones (hasta de 170 mil millones de dólares anuales) e incluso soportó un crecimiento del producto entre 1996 y 2000. México se convirtió (como algunos decían con gusto) en una potencia exportadora y está entre las 10 economías más grandes. Eso puede verse como consecuencia del libre comercio, pero cómo se explican al mismo tiempo hechos como los siguientes: que se hayan acumulado 60 millones de personas en situación de pobreza, que se registre uno de los patrones más desiguales de distribución del ingreso en el mundo, que la dinámica productiva se concentre en tres sectores (automotriz, electrónico y eléctrico) dominados por empresas extranjeras que generan poco valor agregado y empleo, y que el mercado interno se haya desarticulado prácticamente por completo.

La ronda del llamado "Comercio y Desarrollo" aún contiene otros asuntos que conciernen a los servicios y a lo que se conoce como "temas de Singapur", que tienen que ver con la extensión del proceso globalizador, es decir: las políticas de inversiones, la extensión de la competencia, la promoción de la transparencia en los contratos gubernamentales y la facilitación del comercio. Hay, pues, todavía un conjunto amplio de temas conflictivos pendientes y el caso es que la oferta de la liberalización no se manifiesta en mejores condiciones de vida para la gente ni en crecimiento económico en la mayor parte de los países del mundo. Ante esto parece prioritario que el gobierno mexicano, o sea, esta sociedad, recupere alguna capacidad de acción efectiva que proteja sus intereses. Si este gobierno no puede hacerlo, ahí está, sin duda, uno de los temas centrales del debate político.