Parte de los saldos negativos de la mal llamada transición democrática son el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la postergación de la reanudación del diálogo con el EZLN y con ello la firma de la paz. Sin embargo, las experiencias autonómicas que caminan solas superan estos saldos oficiales y reafirman aquella frase pronunciada cuando se consolidó la contrarreforma indígena: "quédense con su ley". A ello responden, entre otras, la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno en Chiapas. Sin duda habrá que estar atentos a las piedritas en el camino que del lado gubernamental se pondrán a este proyecto autonómico; de hecho hay ya acosos, provocaciones y presiones para recibir "ayuda gubernamental".

A tres años hallamos al presidente Fox comprometido con una visión reduccionista que ofrece a los pueblos indígenas "igualdad de oportunidades" antes que autonomía; políticas asistencialistas antes que derechos. De la paz y del EZLN ya ni quiere acordarse: prefiere ubicar el tema como línea indigenista.

Recapitulemos la postura del "gobierno del cambio". El presidente Fox se sumó a la traición de la clase política y en su primer informe afirmó: "El gobierno federal ha dado muestras de voluntad política para continuar el diálogo con el EZLN. Los presos de origen zapatista han sido puestos en libertad. El Ejército se ha replegado de las posiciones demandadas. Finalmente el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena... están pendientes numerosas reformas a la leyes secundarias y a las constituciones de las entidades de la República. Estos distintos cuerpos normativos podrán integrar jurídicamente las demandas y propuestas que aún deben ser atendidas. En nombre del pluralismo, debemos reconocer que existen voces que es necesario escuchar. Mientras tanto, toca a todos y a todas aceptar lo que el Constituyente permanente ha decidido como reforma constitucional". Es decir, no escuchó las justas razones indígenas y zapatistas para rechazar la contrarreforma del 2001.

En su segundo informe expresó con claridad que su visión respecto a los pueblos indígenas es el mismo indigenismo histórico: los pueblos indígenas son ante todo muy pobres antes que sujetos privados de sus derechos que demandan la autonomía: "La estrategia general definida por el Ejecutivo Federal para sentar las bases de la nueva relación consiste en formular y aplicar una política integral tendiente a abatir el rezago en el que viven los pueblos indígenas de acuerdo con los siguientes principios: impulsar en forma decidida una mejora en la calidad de vida de los pueblos indígenas, así como el desarrollo sustentable en sus regiones y garantizar el efectivo acceso de los pueblos, comunidades, organizaciones e individuos indígenas a la jurisdicción del Estado en el marco del reconocimiento de su diversidad cultural. Esta estrategia está basada en la promoción de la acción transversal e intersectorial".

Este año se reiteró que el discurso aguanta todo y puede prescindir de los hechos. En su tercer informe el Presidente afirmó "con los pueblos indígenas mantenemos una relación de respeto, dignidad y justicia, con el apoyo del Congreso este año creamos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con ello se fortalece la capacidad de respuesta, en los dos últimos años el presupuesto ha crecido 55%, supera ya los 17 400 millones de pesos". Causa duda el manejo de las cifras pues en el texto del informe se habla de 1 800 millones para el Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas ¿de dónde salen esos 17 400 millones?

La "nueva" política indigenista busca mostrar que se aplica la transversalidad de las acciones: que el conjunto de las dependencias aborda programas para pueblos indígenas, así se informan acciones de la Dirección de Educación Indígena o de la coordinación intercultural de la SEP o las relativas a Diconsa, Salud, Caminos etcétera. Con estas políticas se pretende "saldar la deuda histórica": de ese tamaño es la visión que se tiene de la demanda indígena.
 

Nueva línea del indigenismo

El único elemento tristemente nuevo en el capítulo indígena de los informes presidenciales es que incluyen en la "mejora y fortalecimiento institucional" "la paz justa y digna en Chiapas" que como dato curioso el año pasado iba precedida de la expresión "buen gobierno" y ahora lo suprimieron, no vaya a ser que compita con los caracoles y sus juntas. El Comisionado para el Diálogo y la Negociación en Chiapas informa que se reúne mucho con diversos sectores incluso extranjeros. Se afirma que su objetivo es "Verificar y coordinar los esfuerzos de las distintas instancias de gobierno orientados a la instrumentación de programas para el desarrollo integral en beneficio de los indígenas del estado de Chiapas".

Este año nos dicen que "se avanzó en el acercamiento entre el gobierno federal y las comunidades indígenas en la zona de conflicto, con un claro propósito de procurar la solución de las causas que dieron origen al mismo". También nos hemos enterado que el Comisionado elaboró "siete proyectos de respuesta del Gobierno mexicano a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para atender reclamaciones y observaciones presentadas por sindicatos nacionales en contra de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. Dichos proyectos se remitieron a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia encargada de elaborar las respuestas definitivas". Así, se sigue dando atención burocrática al temapues la Secretaría del Trabajo es la interlocutora formal con la OIT, pero el Comisionado debería saber que las reclamaciones en contra de la contrarreforma del 2001 son parte de la lucha por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Y cual cereza en el pastel se informa: "Se logró que la comunidad internacional reconozca al Gobierno como un acto con voluntad de paz que se compromete con el diálogo para la solución del conflicto".

El Ejecutivo Federal ha preferido justificar la función del Comisionado para la Paz con la promoción de acciones que realizaba el extinto INI sin importar que se trivialice el estatus jurídico de la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas. Lo más importante es que se juega en los hechos con uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, porque el EZLN le dio al país y al mundo una profunda lección al asumir entre sus causas centrales la reivindicación del derecho de los pueblos indígenas a su autonomía plena, sin contar con la propuesta de ética política que ha puesto en práctica.