La embajada estadunidense asegura que se consultó a las autoridades mexicanas

Protesta el gobierno por el programa de deportación unilateral que emprendió EU

ROSA ELVIRA VARGAS

El gobierno mexicano está en desacuerdo con la "unilateral" campaña de repatriación que realizan en estos días las autoridades migratorias de Estados Unidos, y asegura que despliega las "acciones necesarias" para que ese programa se suspenda. Al mismo tiempo ha girado instrucciones a sus representaciones consulares y del Instituto Nacional de Migración para vigilar el respeto a los derechos de los migrantes en ese proceso de expulsión.

Apunta además que exigió a la Patrulla Fronteriza eliminar el uso de esposas y mecanismos similares durante los traslados, y asegura que después de evaluar los primeros cinco días del programa de repatriación, envió una carta al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos para expresar una puntual queja "sobre las irregularidades detectadas por la red consular" en esta operación.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación emitieron ayer un comunicado donde "puntualizan" el criterio oficial sobre el programa de repatriación lateral que emprendió el gobierno estadunidense el pasado día 8 de este mes, por el cual en este lapso ha "trasladado" a cerca de 3 mil mexicanos desde el sector de Tucson hasta puntos fronterizos de Texas con México.

La embajada de Estados Unidos en México anunció que esta acción concluirá el próximo 28 de este mes, y subrayó además que antes de ponerla en marcha platicó con el gobierno mexicano.

De manera textual, la representación estadunidense señaló que ofreció regresar a los ciudadanos mexicanos indocumentados a poblaciones cercanas a sus hogares de manera voluntaria, asumiendo también los costos, (y que) el gobierno mexicano rechazó este componente del programa.

A cambio, en su extenso comunicado conjunto, las dependencias del gobierno federal destacan su desacuerdo con esta medida unilateral y mencionan que han planteado a su contraparte estadunidense la necesidad de revisar los acuerdos vigentes sobre repatriación, antes de comenzar "cualquier programa de esta naturaleza, que por sus características requiere de la coordinación bilateral".

Para esto, añade el documento, se propuso integrar un grupo de trabajo de alto nivel que analice tales mecanismos de repatriación vigentes, con el fin de actualizarlos y asegurar que cumplan con los criterios de seguridad, orden y observancia de los derechos de los migrantes.

Al parecer la iniciativa se aprobó, pues ahí mismo se menciona que "las autoridades migratorias estadunidenses y el gobierno de México se han comprometido a entregar las recomendaciones del caso a más tardar en la próxima reunión de la comisión binacional, a efectuarse en Washington en noviembre''.

No obstante lo anterior, el programa de repatriación lateral está en marcha, y Estados Unidos lo promueve como una respuesta "de carácter humanitario" para evitar "las trágicas muertes de migrantes que intentan cruzar la frontera en la región del desierto de Arizona y Sonora".

Destaca que desde que el comienzo de este plan "no se han registrado muertes en el sector de Tucson", y precisa que se aplica sólo a ciudadanos mexicanos "detenidos en la región peligrosa del desierto de Arizona'', además de utilizar una combinación de medios de transporte aéreos y terrestres para trasladar a los migrantes hacia zonas más seguras.

Dichos lugares son, hasta ahora, las ciudades de McAllen, Laredo, Del Río y El Paso, en Texas, donde, a decir de Estados Unidos, "son entregados a las autoridades mexicanas".

Por su parte, el gobierno mexicano detalla que ha pedido a sus representantes que aseguren que en la repatriación se cumplan criterios tales como que el traslado se realice en condiciones seguras y con respeto a sus derechos humanos; verificar la nacionalidad y la mayoría de edad de los repatriados; que los integrantes de una familia sean devueltos a México en un mismo viaje; que gocen de buen estado de salud y no trasladar a mujeres embarazadas; que se notifique oportunamente al consulado de México, y que se coordinen adecuadamente las repatriaciones de grupos de connacionales definiendo horarios y frecuencia.

Con todo, el gobierno mexicano ha detectado irregularidades en la repatriación, entre ellas el uso de esposas en los migrantes, y por ello envió una carta de protesta, al tiempo que, asegura, realiza "todas las acciones necesarias para evitar que el citado programa continúe..."

Antecedentes del operativo

De este modo, a lo que el gobierno mexicano anunció con gran júbilo en junio como un "programa binacional de reforzamiento de las acciones para el rescate de migrantes en el corredor Sonora-Arizona'', el gobierno de Estados Unidos le dio otro nombre.

El programa de repatriación lateral, señala, es parte de la iniciativa de seguridad fronteriza y la operación Salvaguarda del Desierto, "que comenzó el 3 de junio". O sea, cada país lo interpretó a su manera.

En esa ocasión, la Secretaría de Gobernación emitió un boletín en el que destacaba que en la puesta en marcha del programa de rescate a migrantes habían participado el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán; el subsecretario de la cancillería para América del Norte, Gerónimo Gutiérrez, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Magdalena Cárdenas.

Moctezuma Barragán había expresado en esa fecha su "satisfacción" por el esfuerzo conjunto de ambos países para evitar al máximo la muerte de personas en la zona Sonora-Arizona.

Así, mientras las autoridades mexicanas entendieron la tarea como "ampliar la información sobre los riesgos que enfrentan los migrantes" en ese socorrido punto de cruce, la Patrulla Fronteriza lo interpretó simple y llanamente como la expulsión por vía aérea o terrestre y con esposas a puntos lejanos de esa zona.