Denuncian ONG persecución por parte del mandatario

Alvaro Uribe busca legalizar el terrorismo de Estado en Colombia

JOSE GALAN

En Colombia, la sistemática violación de los derechos humanos, y la persecución sin tregua contra los organismos civiles que los defienden por parte del gobierno "terrorista" de Alvaro Uribe deben terminar si se quiere establecer en ese país una democracia plena, con libertad, justicia y paz, afirmaron representantes de más de 100 organismos no gubernamentales (ONG) -incluyendo a Miguel Concha y Samuel Ruiz-, quienes alertaron contra los intentos del presidente colombiano por "legalizar el terrorismo de Estado".

De la guerra sucia a un conflicto abierto

Ese país sudamericano, advirtieron los activistas, ha pasado de una guerra sucia a una guerra abierta, con más de 11 mil 388 asesinatos entre 1998 y 2003, de los cuales 7 mil 96 fueron ejecuciones extrajudiciales, mil 180 desapariciones forzadas, y 753 casos documentados de tortura, además de que es el tercer país en cuanto al número de desplazados después de Angola y Ruanda.

El presidente colombiano ha acusado a los defensores de los derechos humanos de "politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente agitan la bandera de los derechos humanos", denunció Mercedes Oliveros, de la organización colombiana Tercos por la Paz, quien afirmó que la administración de Uribe Vélez continúa practicando asesinatos, desapariciones y el incremento de procesos judiciales en contra de los defensores de derechos humanos, líderes sindicales, populares y periodistas, es decir, "a todos aquellos que abogan por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales".

Miguel Concha, del centro Fray Francisco de Vitoria de Derechos Humanos, advirtió que existen semejanzas entre lo que sucede hoy en día en Colombia y las guerras sucias emprendidas por los regímenes dictatoriales de Chile y Argentina.

Sin embargo dijo que en Colombia esta práctica "ha sido aprobada por el propio Congreso", y consideró que para entender lo que allí sucede es necesario leer el informe de las ONG colombianas titulado El embrujo autoritario, que detalla el "enorme deterioro" de los derechos humanos que existe en ese país.

Por su parte, el obispo Samuel Ruiz, integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dio lectura a una declaración suscrita por más de 100 organizaciones no gubernamentales el pasado 21 de septiembre en Bogotá, en la que solicitaron al presidente Uribe ordenar a sus generales que se retracten de las afirmaciones calumniosas y difamantes hechas contra dicha comisión, y ratificaron su decisión de continuar promoviendo y defendiendo los derechos humanos en Colombia.