Los casi 2 millones de niños trabajadores, ignorados en el Informe: ONG

Desatiende el gobierno a la infancia

Los organismos apremian a cumplir los convenios en la materia suscritos por México

JOSE GALAN

En México existe un millón 799 mil 300 niños trabajadores, cuyos derechos y situación no merecieron ninguna mención en el tercer Informe del presidente Vicente Fox, advirtieron ayer organizaciones no gubernamentales, las cuales lamentaron que el gobierno federal no haya cumplido con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que su catálogo de buenas intenciones no trascienda a profundas modificaciones en la estructura de gobierno.

Del total de niños trabajadores, 48 por ciento se encuentra entre los 15 y 17 años; 14 por ciento entre 12 y 14 años, y el restante 38 por ciento entre los 6 y los 11 años, afirmó Alicia Vargas, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides), mientras Gerardo Sauri Suárez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, sostuvo que las acciones de promoción de los derechos de la niñez incluidas en el tercer Informe ''muestran un pobre esfuerzo por estimular un marco jurídico apropiado que atienda incluso las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU".

Subrayó que en el discurso de Vicente Fox predomina la tendencia a sustentar las políticas públicas sobre la idea de la protección a los niños "y no de sus derechos, lo que contradice nuestro marco jurídico, no sólo porque México ratificó la Convención de los Derechos del Niño de la ONU como ley suprema de la República, sino porque además los derechos de la infancia son reconocidos en el artículo cuarto de la Constitución y en la propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2000''.

Para el investigador y activista social ''falta saber si esta ambigüedad que refleja el discurso presidencial tiene que ver con el desconocimiento de las implicaciones que conlleva haber suscrito la convención, o si es una manera de evitar el impulso a modificaciones estructurales necesarias para su cumplimiento, como ocurrió con las administraciones pasadas". Además, consideró que el Programa Nacional de Acción en favor de la Infancia 2002-2010, al que el Presidente se refirió como otro de sus logros, constituye "más bien" un catálogo o inventario de programas y acciones de gobierno desarticuladas e incluso contradictorias, cuya elaboración no significó modificar estructura alguna del gobierno, "como si todo lo heredado de gobiernos priístas hubiera sido suficiente para dar respuesta a los compromisos adquiridos en materia de derechos de la infancia, y no justamente lo opuesto".

Advirtió que tal programa, ''contrario a lo que señala el Informe de gobierno'', se caracterizó por excluir en su elaboración las propuestas y participación de la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales mexicanas que desarrollan diversos programas relacionados con la niñez. ''Más aún, al estilo de las viejas administraciones priístas, el intento de algunos grupos por influir en la agenda política fue utilizado para avalar un documento con severas deficiencias, como la de no contar con metas o indicadores claros y mesurables en todas sus líneas de acción''.