Está impedido para hacer cambios que permitan privatizaciones

EL CPN, ''subordinado a la asamblea'' priísta

ENRIQUE MENDEZ

El Consejo Político Nacional (CPN), órgano a través del cual el PRI pretende ajustar sus documentos básicos para permitir la apertura del sector energético a la iniciativa privada, ''no tiene facultades ejecutivas'', como marcan los propios estatutos del tricolor, que además lo limitan como ''subordinado a la asamblea nacional'', única instancia con atribuciones para modificar acuerdos sobre la línea política del partido.

La posición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en el sentido de impulsar la participación del capital privado en el sector energético, sobre todo en las empresas generadoras de electricidad, va en contra de la declaración de principios del partido, donde incluso se dice que ''sólo los acérrimos defensores del mercado encuentran hostilidad o amenaza en la rectoría estatal'' en los temas nacionales.

En el Programa de Acción, en la Declaración de Principios y en su Plataforma Electoral 2000-2006, así como en la sesión del CPN de mayo de 2002, el Revolucionario Institucional delimitó una amplia defensa de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque desde agosto del año pasado el grupo madracista fue ajustando su opinión y planteó que la vía para modificar su posición sería por medio de un acuerdo de la Comisión Política Permanente, que aprobara ''un mandato'' al CPN de respaldar la iniciativa presidencial de reformas constitucionales al sector.

Esa posición es opuesta a lo que marca el Programa de Acción, que obliga a los priístas a defender que, en las actividades estratégicas del país, ''se mantenga el control directo del Estado'', pues ''sólo así se garantiza la prevalencia del interés general, frente al cual todos los demás intereses son parciales''.

El programa priísta añade: ''Los irresponsables promotores de un mercado sin controles y sujeciones proponen el principio de la 'subsidiariedad' del Estado, que es el nuevo disfraz del conservadurismo... mientras los radicales defensores del mercado buscan reducir y anular el papel rector del Estado, los priístas pugnamos por una rectoría democrática, apegada a la ley''.

Si bien el partido considera ''indispensable el papel de la iniciativa privada'' en el desarrollo nacional, en sus documentos plantea también que una revisión de la política energética debe fundarse en la inversión pública, inclusive a través de los fondos de las Afores, y promover una reforma del régimen fiscal de los hidrocarburos. A lo largo de los compromisos priístas se insiste en ''la necesidad de que Pemex y la CFE permanezcan en el ámbito del sector público''.

Respecto de las atribuciones de los órganos de gobierno priístas, el párrafo 1 del artículo 68 de los estatutos, define que es facultad única de la asamblea ''emitir y reformar los documentos básicos'', mientras que el artículo 69 delimita al CPN sólo como ''órgano deliberativo de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a la asamblea nacional''. En noviembre de 2001, la 18 asamblea definió su rechazo a la privatización energética.