Demanda ampliar facultades del Congreso para sancionar tratados internacionales

Propone el PRD cambios en política exterior

Busca terminar con la "discrecionalidad", que causa errores como en el caso de Llona

RENATO DAVALOS

Con el cabildeo entre priístas y panistas, los perredistas presentarán mañana en el Senado una iniciativa de enmiendas constitucionales para que el Congreso tenga la facultad de sancionar los tratados internacionales que México firma, cuyo objetivo es terminar con la "etapa de discrecionalidad" que ha abierto expedientes de errores, como en el caso del mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde.

La propuesta incluye una nueva ley sobre la celebración de instrumentos internacionales, que detalla las potestades congresionales y prevé que las modificaciones incidirán en los tratados económicos, financieros, comerciales, militares y políticos que negocie el país. La iniciativa, que será presentada en la tribuna por el senador Raymundo Cárdenas, plantea agregar la fracción XXIX-K al artículo 73 constitucional, y reformar el 76.

La adición primordial indica que para diseñar y analizar la política exterior del Ejecutivo, con base en los informes semestrales que envía el Presidente de la República, en todo momento el Congreso tendrá la facultad de modificarla y ajustarla a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que puedan presentarse en el contexto internacional.

Encauzar la consulta ciudadana, objetivo

Además aprobaría la ratificación de los instrumentos internacionales y autorizaría el inicio de negociaciones a esa escala. Conocería los que celebrara el Ejecutivo y sometiera al Congreso para su aprobación. Los legisladores encauzarían la participación y la consulta ciudadana.

"Más que proponer las reformas a algunos de los tratados que México tiene suscritos con varias naciones, concluimos que sería favorable replantear la política de Estado en este ámbito", comentó Cárdenas. Se evitaría la discrecionalidad y, específicamente, que se repitan casos como el de Llona Olalde, abundó.

En los cambios al texto constitucional, se establece que en la conducción de la política exterior el Ejecutivo tendrá que acatar los siguientes principios: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de las controversias; proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz, y la defensa y promoción de los derechos humanos.

Así, en la ley reglamentaria se precisa que de conformidad con las adiciones a la Constitución, todo instrumento internacional deberá tener la aprobación del Congreso antes de su ratificación por parte del Presidente de la República.

Si los instrumentos tienen procedimientos para dirimir controversias, sus resoluciones deberán ajustarse a lo que establezcan los tribunales federales, conforme al derecho interno y a los instrumentos firmados y ratificados por México.

El Congreso, añade, formulará los lineamientos básicos que deberá contener el proceso de negociación de instrumentos internacionales. La participación del Legislativo será obligatoria. Queda prohibido a los órganos o dependencias de los gobiernos federales, estatal o municipal, negociar cualquier instrumento internacional sin la aprobación del Congreso.

Estipula que la Secretaría de Relaciones Exteriores será la única dependencia facultada por ley para conducir la política en la materia.