Presentaron a los medios pruebas de que se trató de un homicidio

Defensa y familia buscan demostrar que Digna Ochoa fue asesinada

El viernes interpondrán un recurso de inconformidad ante la PGJDF

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La defensa y los familiares de la abogada Digna Ochoa y Plácido presentaron ayer una serie de pruebas para demostrar el presunto asesinato de la defensora de derechos humanos y anunciaron que el próximo viernes interpondrán un recurso de inconformidad ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para evitar que se cierre el caso y con el propósito de que se dé marcha atrás a la conclusión de la fiscalía de que se trató de un suicidio.

Dos médicos y un químico contratados por la familia explicaron, en conferencia de prensa, que encontraron, entre otros aspectos: lesiones en el cadáver de Ochoa, las cuales indican que ésta pudo haber sido "sometida" por un agresor; que el cuerpo fue movido para desvirtuar los hechos, y que no hay indicios de que ella hubiese disparado el arma.

Apoyados en la información del expediente, los especialistas ilustraron con fotografías sus hallazgos y, por esta razón, el abogado José Antonio Becerril anunció que solicitarán a la PGJDF la exhumación del cadáver, la práctica de una segunda necropsia y facilidades para que los peritos observen las muestras y puedan hacer las experimentaciones necesarias.

En caso de que no ocurra así, Becerril informó que la familia interpondrá un juicio de amparo, además del trámite que sigue abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Juan Carlos Gutiérrez, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en Mesoamérica, señaló que el caso se va a seguir litigando en las instancias internacionales para promover una condena al Estado mexicano y evitar que estos hechos queden impunes.

El cuerpo de Ochoa y Plácido -quien se distinguió por su labor en la defensa de los derechos humanos- fue encontrado el 19 de octubre de 2001 en un despacho de abogados. Las autoridades capitalinas aseguraron en un principio que ésta había sido asesinada, pero después concluyeron que se trató de un suicidio.

En presencia de cuatro hermanos de Ochoa, los médicos Carlos Morales y Hugo Reyes, así como el químico Fernando Lara, detallaron en conferencia de prensa los argumentos que los llevan a asegurar que Ochoa y Plácido no se suicidó.

El abogado Becerril indicó que no todas las lesiones que presenta el cuerpo de Ochoa fueron observadas y analizadas por la procuraduría capitalina. El doctor Morales indicó que hay lesiones en el muslo izquierdo y en el cuello, así como escoriaciones en los labios inferior y superior y en el parpado superior derecho que pudieron haber sido obra de un agresor.

Otra irregularidad es que la posición en que fue encontrado el cadáver de Ochoa no corresponde a la posición que debió haber mantenido después del disparo, lo que significaría que el cuerpo fue movido como un primer acto para desvirtuar los hechos.

Indicó que la PGJDF sostiene que la defensora de derechos humanos falleció entre las 10 y las 11 de la mañana del 19 de octubre de 2001, pero los estudios de rigidez y flacidez del cadáver refieren que esta información no es cierta y que murió antes de las dos de la mañana de ese día.

Refirió que la mecánica del suicidio que elaboró la procuraduría no se sustenta en la cantidad de sangre y los sitios donde ésta fue encontrada. Tampoco hay pruebas de que la abogada se haya disparado a sí misma; por ejemplo, no hay sangre en los guantes que usaba Ochoa ni en el arma.

Hasta ahora, la PGJDF tampoco ha explicado si la defensora de derechos humanos tomó el arma con su mano izquierda y se disparó en el cráneo desde ese mismo lado, porqué el cuerpo cayó hacia el lado izquierdo y el arma debajo del cadáver. "Esto, físicamente, no es explicable", afirmaron los expertos.

Ante estos elementos, los familiares y el abogado pidieron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que demuestre con hechos su voluntad de mantener abierto el caso Digna Ochoa.

A su vez, el director de Cejil en la región insistió en que existe responsabilidad del Estado mexicano en este caso, porque nunca se investigaron las amenazas contra la abogada y después se cometieron graves deficiencias en la investigación penal.

"La fiscal (del caso, Margarita Guerra) ha desconocido estas irregularidades, pero en el plano internacional vamos a continuar litigando para promover una condena del Estado mexicano y que estos hechos no queden en la impunidad." Si es necesario, aseveró, llevarán el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.