Plantearon una reforma fiscal que libere a la empresa de la sangría de recursos

La inversión de trasnacionales en Pemex argentinizaría al país: expertos

El gran botín que buscan los capitales internacionales es el complejo petroeléctrico

ISRAEL RODRIGUEZ

La alta dependencia que tiene el país de los recursos que genera Petróleos Mexicanos (Pemex) amenaza con desembocar en una crisis de magnitudes similares a la de Argentina, en caso de que el gobierno neoliberal de Vicente Fox materialice su propósito de permitir la inversión de las grandes trasnacionales en esta industria, advirtieron los expertos Antonio Gershenson, José Antonio Rojas Nieto, John Saxe-Fernández, Víctor Rodríguez-Padilla y Alfredo Jalife Rahme, al participar en el foro México después del 2 de julio, con el tema La política petrolera de los últimos gobiernos, la soberanía y la Constitución mexicana, organizado por Casa Lamm y La Jornada.

Para este año se prevé que Pemex aporte al erario, vía impuestos, 35 mil millones de dólares, por lo que es necesario realizar una reforma fiscal que libere a esta empresa de la sangría terrible que sufre.

John Saxe-Fernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la ofensiva imperial oligárquica en contra de Pemex responde a las necesidades del alto capital y la sumisión de los gobiernos neoliberales mexicanos.

Mencionó que el botín de los grandes capitales internacionales es el conjunto del complejo petroeléctrico nacional, encarnado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y Luz y Fuerza del Centro, porque esto significaría que la rentabilidad de sus ganancias sería de entre 50 y 75 por ciento, cuando el promedio en general es de 10 por ciento.

Hace varios años en The Wall Street Journal se hablaba del peligro que representaba el éxito de Pemex, por el mal ejemplo que daba a los países latinoamericanos y al resto del tercer mundo.

Saxe-Fernández destacó que en los años recientes se ha intensificado la ofensiva de Estados Unidos por medio de su instrumento de Estado y de clase que es el Banco Mundial, cuyo propósito es desactivar la gesta cardenista que permitió la nacionalización de la industria petrolera. Para ello se ha impuesto una condicionalidad cruzada mediante la nueva orientación que se le ha dado a la industria eléctrica y petrolera. Esta condicionalidad cruzada quiere decir que para acceder a un préstamo del Banco Mundial hay que cumplir primero las exigencias macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La estrategia para debilitar a la empresa ha sido fundamentada en cinco puntos: primero, mediante la aplicación de contratos de riesgo; segundo, permitir la inversión extranjera mayoritaria en la industria petroquímica; tercero, dividir a Pemex en empresas separadas, lo cual es contrario a la política de integración vertical que han seguido las grandes y exitosas empresas petroleras del mundo. El cuarto punto es permitir la competencia internacional ante Pemex en el mercado interno, y quinto, la privatización total de la empresa para pagar la deuda externa.

El proceso de privatización en México, aseguró, ha sido planeado por el Banco Mundial. Son líneas de condicionalidad pactadas entre funcionarios del banco y algún secretario de Hacienda o de Economía ''mendicante'', en el que los empleados del organismo multilateral entregan un acuerdo de restructuración preparado de antemano para la firma voluntaria.

Explicó que en una conversación entre Joseph Stiglitz, principal economista del Banco Mundial, y Greg Palace, conocido periodista estadunidense (que ahora se ha exiliado en Inglaterra pues fue quien sacó a relucir los mecanismos fraudulentos que facilitaron la elección de Bush en Florida usando a la empresa Choice Point, que fue la que compró el padrón electoral de México), se revela lo que Stiglitz llama con más precisión la ''sobornización'' en lo que fuera la Unión Soviética.

Dice que en lugar de oponerse a la venta de los bienes estatales, los grandes líderes nacionales, usando las excusas y exigencias del FMI, liquidan alegremente a sus empresas de electricidad y agua. ''Podían ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión de 10 por ciento pagada en cuentas suizas por el sólo hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones el precio de venta de los bienes nacionales''.

En su oportunidad, Antonio Gershenson, experto en materia energética y colaborador de La Jornada, indicó que los contratos de la industria petrolera firmados con los particulares son inconstitucionales. Después de hacer un amplio recuento sobre los orígenes del artículo 27 de la Constitución, partiendo desde Venustiano Carranza en 1917 y pasando por otras modificaciones posteriores, señaló que se mantiene vigente la parte más importante: ''Las propiedades de aguas y tierras comprendidas en los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública e indemnización''. El hecho inicial es la propiedad de la nación y la ley no puede ser retroactiva.

Gershenson precisa que el artículo 27 menciona: ''La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación''.

Estos principios han estado ahí sin cambio desde 1917 y esta es la base de lo que ya se refiere a los recursos naturales; en consecuencia, corresponde a la nación una larga lista de recursos, entre ellos el petróleo y los carburos de hidrógeno, por lo que el petróleo es del dominio directo de la nación.

Con Pemex se han subsidiado el Fobaproa y el IPAB

Víctor Rodríguez-Padilla, investigador de la facultad de Ingeniería de la UNAM y asesor del Senado en materia energética, indicó que los contratos de servicios múltiples son inconstitucionales porque otorgan una concesión de hasta 20 años sobre un área específica del territorio nacional y van más allá de la contratación de una simple obra.

Además, se excluye a las empresas nacionales. El reparto de la renta petrolera es del orden de 88 por ciento para la empresa contratista y 12 por ciento para Pemex. No es cierto que las empresas vayan a invertir grandes sumas de dólares, ya que el promedio de inversiones es de sólo 600 millones de dólares al año.

''Así, ponen a Pemex de rodillas ante las compañías extranjeras por una inversión de sólo 600 millones de dólares anuales, cuando la empresa podría salir a buscar estos recursos a los mercados financieros, pero la tienen atada por los techos de endeudamiento''.

Antonio Rojas Nieto, de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que se debe establecer un programa de lucha social para defender la propiedad de la nación, y propuso una reforma fiscal de fondo para liberar a Pemex de la enorme sangría que sufre. "No se debe permitir la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales'', destacó.

En tanto, Alfredo Jalife Rahme, catedrático de la Facultad de Contaduría de la UNAM, sostuvo que la privatización de Pemex es exigida por un grupo de familias texanas, pero destacó que Pemex no es negociable ''porque el día que perdamos a Pemex estaremos en la antesala de una crisis como en Argentina''.

Dijo que se ha utilizado a Pemex para subsidiar al Fobaproa y al IPAB, y que los Pidiregas son el instrumento para allanar el camino a fin de que 26 empresas tengan participación en el sector energético. Informó que en breve Exxon tendrá presencia en México, debido a que adquirió la cadena de gasolinerías Hidrosina.