Con su resolución adoptada ayer de dar por buena la elección de julio pasado en la delegación Miguel Hidalgo, y aun reconociendo que tanto el candidato ganador, el panista Fernando Aboitiz, como su contrincante perredista, Agustín Barrios Gómez, rebasaron los topes de gastos de campaña en casi medio millón de pesos cada uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un paso en falso y de consecuencias nefastas para la normalidad democrática en la ciudad capital y en el país: por un lado, mostró complacencia y tolerancia ante la comisión de delitos electorales que, como el rebase de los topes de gastos de campaña, distorsionan los procesos comiciales y dan pie a la incursión de intereses económicos ilegítimos en los procedimientos democráticos; por el otro, creó las condiciones para el establecimiento, en la demarcación urbana referida, de una autoridad con vicios de origen, cuestionada, legalmente imputable y, en consecuencia, débil y dudosamente legítima.

Con el precedente establecido ayer por el TEPJF se alientan las tentaciones de partidos y candidatos de rebasar los topes de campaña en próximos procesos electorales. A fin de cuentas, se dirán muchos, es posible alcanzar las posiciones en disputa incluso si el exceso de gastos es descubierto, documentado y reconocido, como lo fue el de Aboitiz por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y por el propio TEPJF.

En cambio, si el máximo tribunal del país en materia de procesos electorales hubiese ratificado la anulación de los comicios para la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, y hubiese marginado de la elección extraordinaria a los partidos que rebasaron los topes de campaña -Acción Nacional y el de la Revolución Democrática-, se habría enviado al conjunto de las fuerzas políticas una señal clara e inequívoca de pleno respeto a la legalidad y de tolerancia cero, por así decirlo, ante delitos electorales.

Por último, y para colmo de males, con su fallo de ayer el TEPJF lastimó su propia credibilidad, su autoridad y su coherencia, toda vez que, habiendo reconocido la comisión de los delitos referidos y admitido la viabilidad de que sean sancionados -tanto en el ámbito electoral, por el IEDF, como en el penal, por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede)-, se abstuvo de corregir la irregularidad y dio por buena una elección manifiestamente sucia. Premió, en suma, en vez de castigar, un comportamiento delictivo.