Historial represivo de Ballesteros Prieto y Díaz Escobar

Dos generales, claves en el golpe en Chile y Tlatelolco

También estaban ligados a labores de la CIA en México

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Los generales Mario Ballesteros Prieto y Manuel Díaz Escobar fueron mandos militares claves en la represión al movimiento estudiantil de 1968. Su actuación climática tuvo lugar durante la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. También habrían sido piezas del ajedrez anticomunista que jugó Estados Unidos durante la guerra fría. Entre 1972 y 1973, en Chile, las historias profesionales de estos generales mexicanos se entrecruzan una vez más en el tablero de una negra historia: el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Ballesteros Prieto era en 1968 el encargado de planear y coordinar "los asuntos de la defensa nacional" y de "transformar las decisiones en directivas, verificando su cumplimiento". Díaz Escobar, por su parte, tenía bajo su mando un grupo paramilitar que operaba encubierto en la administración del Departamento del Distrito Federal, con la misión de reprimir, amenazar, golpear y detener estudiantes, obreros o activistas. Ese grupo sería conocido tres años después como los halcones.

Ambos generales nacieron en Oaxaca, coincidieron en cursos militares y fueron ayudantes de Alberto Salinas Carranza, agregado militar en la embajada de México en Washington en los años 50, tiempo de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano para que aceptara la conformación de una fuerza armada continental.

Ballesteros Prieto murió en enero de 1973, precisamente cuando ostentaba el cargo de agregado militar en la embajada de México en Chile, pero Díaz Escobar, quien le sucedió en el cargo, vivió el golpe de Pinochet ese mismo año. Los exiliados chilenos lo recuerdan como "un amigo cercano" al general golpista, y como "coronel que siempre vigilaba quién era inscrito en la lista de exiliados".

Los días del adiestramiento

Los dos militares mexicanos recibieron adiestramiento estadunidense en la época de la guerra fría, cuando Estados Unidos promovía en el continente la Doctrina de Seguridad Nacional, que postulaba la "guerra total y permanente contra el comunismo", al que se identificaba con todo movimiento social o político ligado a la izquierda.

Ballesteros Prieto estudió en la Escuela Militar de Aplicaciones, adonde ingresó como cadete el 2 de enero de 1930; posteriormente tomó cursos en las escuelas Superior de Guerra y de Mando de Fort Leavenworth, en Kansas, Estados Unidos.

Díaz Escobar realizó estudios en Bolling Field, Washington, en 1943; formó parte de los Escuadrones Aéreos Americanos, que efectuaron el levantamiento de la Carta de la República Mexicana y estuvo en el 19 Escuadrón de Aerofotometría del ejército estadunidense.

Entre 1951 y 1954, ambos militares coincidieron en Washington como ayudantes del general Salinas Carranza. Los tres fueron designados representantes de México ante la Junta Interamericana
de Defensa (JID), que nació con la idea de "crear un colegio interamericano en la materia que pusiera de relieve la necesidad de concentrarse en la defensa hemisférica y no sólo en la nacional". En 1962 se creó esa institución y Díaz Escobar fue uno de sus miembros.

Para 1955 la JID regaló, en señal de reconocimiento, tres cigarreras de plata. Una para el teniente coronel de caballería Mario Ballesteros Prieto; otra al mayor de artillería Manuel Díaz Escobar, y la tercera al capitán primero de infantería Angel Rodríguez García.

En los archivos oficiales se pierde la trayectoria de Ballesteros Prieto entre 1955 y 1964. Sin embargo, cuando regresó a la palestra fue durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, como jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El camino recorrido por Díaz Escobar esos años está mejor documentado. En 1957 realizó estudios sobre "la organización y funcionamiento de las brigadas montadas en la República de Venezuela".

Asimismo, desde 1955 contó con licencias "especiales" por parte del Estado Mayor de la Sedena para desempeñar "comisiones" en el ámbito civil, siempre a las órdenes del general Alfonso Corona del Rosal, y con él pasó por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y se le atribuye la represión de 1961 contra el movimiento navista, en San Luis Potosí.

Del primero de enero de 1965 a octubre de 1966, Díaz Escobar fungió como subdirector de la Dirección General de Control y Vigilancia de los Organismos y Empresas del Estado, dependiente de la Secretaría del Patrimonio Nacional, cuyo titular era Corona del Rosal.

A partir del 30 de septiembre de 1966, ya con "licencia especial" otorgada por el Estado Mayor Presidencial (EMP), Díaz Escobar fue designado por Corona del Rosal subdirector de Servicios Generales, y comenzó a conformar un grupo paramilitar que se encargaba de reprimir, amenazar, golpear e inclusive detener a estudiantes, obreros y activistas políticos o sindicales contrarios al gobierno, según documentos obtenidos en el Archivo General de la Nación (AGN). Este grupo después sería conocido como los halcones, protagonistas de la represión del 10 de junio de 1971.

Por su parte, Ballesteros Prieto ocupó de 1964 a 1969 el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Su encomienda era, de acuerdo con las bases legales de esa dependencia, estar al mando del órgano "técnico operativo, colaborador inmediato del titular del ramo, a quien auxilia en la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la defensa nacional y con la organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las fuerzas armadas de tierra y aire, y transformar las decisiones en directivas, instrucciones y órdenes, verificando su cumplimiento".

Según fuentes militares consultadas por canalseisdejulio, autor del documental Tlatelolco, las claves de la masacre, (coproducido por La Jornada), Ballesteros Prieto era un entusiasta promotor de enviar oficiales mexicanos a tomar cursos en la Escuela de las Américas, también conocida como United States Army Caribbean School, con sede en Panamá, y que fue el centro de formación de militares golpistas de muchos países de América Latina en los años 70. La instrucción que se impartía enfatizaba una visión anticomunista propia de la guerra fría.

Los generales y la CIA

Ballesteros Prieto ya era general y aspiraba a la titularidad de la Sedena cuando comenzó el movimiento estudiantil de 1968 y se iniciaba la carrera por alcanzar la candidatura del PRI a la primera magistratura entre Luis Echeverría Alvarez y Alfonso Corona del Rosal.

Díaz Escobar había conformado el grupo "especial de vigilancia" que supuestamente se encargaría de la seguridad de instalaciones estratégicas, como el Metro, aunque sus elementos fueron colocados como francotiradores en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. En septiembre de ese año, el gobierno le autorizó el libre manejo de la nómina y pagos especiales de sus subalternos, los cuales dormían en el Palacio de los Deportes y los jefes en Palacio Nacional, según documentos depositados en el AGN y que forman parte de los informes rendidos a la Secretaría de Gobernación por la Dirección Federal de Seguridad.

Echeverría era titular de Gobernación y enlace entre el director de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés), Winston Scott, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En su libro La realidad de los acontecimientos de 1968, el ex jefe del Estado Mayor Presidencial Luis Gutiérrez Oropeza -indiciado por la fiscalía para desaparecidos como uno de los responsables de lo ocurrido el 2 de octubre de aquel año- escribe acerca del papel que jugó la CIA en esas fechas.

Según Gutiérrez Oropeza, Fulton Freeman, embajador estadunidense en México, "organizó una conjura con la mira de derrocar al presidente Díaz Ordaz con la asesoría de la CIA, buscando adeptos entre militares mexicanos", y para ello alentó a grupos de supuestos estudiantes a realizar actos contra el gobierno.

La versión del también general Alberto Quintanar en torno al papel de la CIA es distinta. Asegura que esa agencia sólo colaboraba con el gobierno mexicano proporcionando información sobre el movimiento estudiantil, pero se contradice al asegurar que los militares mexicanos demostraron su lealtad al Presidente, pese a que Washington "ofreció la conducción del país al entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, quien rechazó la propuesta".

Según la versión documental ofrecida por García Barragán, la matanza en Tlatelolco se originó cuando Ballesteros Prieto alteró sus órdenes, ya que supuestamente el titular de la Sedena había planeado que las tropas regulares no actuaran hasta que hubiera algún herido. De lo que sí hay documentación es que Gutiérrez Oropeza y Díaz Escobar colocaron francotiradores en la plaza. Aparentemente ninguno sabía lo que había hecho el otro.

Ballesteros Prieto fue relevado del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y a partir del 4 de marzo de 1969 fue enviado como agregado militar en la embajada de México en Canadá.

Al personal de Díaz Escobar le tocó también limpiar la plaza, y a él las autoridades lo mantuvieron en su cargo. Luego del 2 de octubre de 1968 pasó tres años organizando a los halcones, y con apoyo del presidente Luis Echeverría, del canciller Emilio O. Rabasa y del subsecretario Salvador Gallástegui, logró que un grupo de 40 de sus hombres (entre ellos su hijo) fuera entrenado en Estados Unidos, según un informe desclasificado del Departamento de Estado, elaborado en enero de 1971 por la embajada en México.

El llamado oportuno

El 5 de junio de 1971, cinco días antes del Jueves de Corpus, el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, ordenó mediante un intercambio documental con la agregaduría militar en Canadá que Ballesteros Prieto regresara inmediatamente a México, porque "se requería" su presencia.

El 10 de noviembre de 1972, el presidente chileno Salvador Allende visitó México. Echeverría lo alojó siete días en su casa. Le expresó su apoyo. Pero días después, los dos generales involucrados en sangrientas represiones fueron enviados como agregados militares al único país donde un socialista había llegado al poder por la vía electoral.

En su discurso, durante el 27 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Allende dijo: "Es difícil, casi imposible, describir la profundidad, la firmeza, el afecto del apoyo que nos fue brindado por el gobierno y el pueblo mexicanos. Recibí tales demostraciones de adhesión del presidente Echeverría, del parlamento, de las universidades y sobre todo del pueblo, expresándose en forma multitudinaria, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su infinita generosidad".

Inclusive llegó a afirmar que se sentía "reconfortado, porque después de esa experiencia, sé ahora, con certidumbre absoluta, que la conciencia de los pueblos latinoamericanos acerca de los peligros que nos amenazan a todos adquiere una nueva dimensión, y que están convencidos de que la unidad es la única manera de defenderse de este grave peligro".

Para el 25 de noviembre, con el apoyo del canciller Emilio O. Rabasa, el general Cuenca Díaz acordó que con fecha primero de diciembre de 1972 el general Ballesteros Prieto ocupara la agregaduría militar de la embajada mexicana en Chile. Sin embargo, pasaron 16 días y los chilenos no daban el visto bueno para Ballesteros. El 29 de enero de 1973, el general murió de un infarto.

Del primero de marzo de 1973 al 30 de noviembre de 1974, Díaz Escobar ocupó la agregaduría militar de la representación mexicana en Santiago. El entonces embajador Gonzalo Martínez Corbalá lo consideró parte del "ala dura" de la milicia en los años 60 y 70. Un exiliado, que llenaba la solicitud de asilo en la legación mexicana en Chile, recuerda que "el coronel, siempre estuvo atento" a esa lista y que era "amigo cercano" de Pinochet.

Militares ocuparon el departamento de una cuñada de Echeverría en Tlatelolco

Oficina agraria espiaba a los estudiantes

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Como secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez no sólo recibió informes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en cuanto al movimiento estudiantil, sino también de instancias como la Dirección de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC).

Además, Echeverría Alvarez supo por una intervención telefónica que realizó la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional (encargada de la seguridad del Presidente y su familia) que el 2 de octubre de 1968 el departamento que poseía su cuñada Rebeca Zuno de Lima, en la unidad Nonoalco-Tlatelolco, estaba tomado por el "teniente Salcedo del Estado Mayor Presidencial", aunque el informe no establece si desde ahí se disparó contra la multitud concentrada en la Plaza de las Tres Culturas.

Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del DAAC, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), dan cuenta de lo anterior, e inclusive aluden a que en esas fechas el gobierno formaba grupos porriles "con la finalidad de desorientar al pueblo y al mismo tiempo dividir al estudiantado para acabar con su movimiento".

Muestra de lo anterior es el informe elaborado el 18 de septiembre por el DAAC, enviado a Gobernación según los archivos que se encuentran en el AGN. En el documento se alude a que agentes gubernamentales se infiltraron entre los estudiantes de la Preparatoria 2, y que éstos recibían "300 pesos y armas del Departamento del Distrito Federal" para desarrollar sus actividades.

El DAAC espiaba a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), a la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior, la UNAM, el Politécnico, la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, la Escuela Nacional de Maestros, la Central de Estudiantes Democráticos, la Juventud Comunista de México y al Partido Comunista, entre otras organizaciones de izquierda.

El documento de la PGR, en tanto, fue elaborado el 2 de octubre por el capitán Rojas Hisi, adscrito al Estado Mayor de la Defensa Nacional. La tarjeta, elaborada a partir de una intervención telefónica en la que se espió la actividad de los miembros del Estado Mayor Presidencial, da cuenta de que "en el piso 12, en el departamento 1201, están disparando armas calibre 22, alto poder y pistolas. En ese piso hay tres departamentos y de ahí están disparando".

Rojas Hisi, sin embargo, no precisa que desde el penthouse 1301 del edificio Molino del Rey, con el número de teléfono 26-22-20 y en el que vivía Rebeca Zuno de Lima, se estuviera disparando. Ese reporte, según las investigaciones de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, llegó a la Secretaría de Gobernación por dos vertientes: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República.

Reporte forense sobre bajas reconocidas oficialmente

Cuatro de los 26 asesinados, víctimas de francotiradores

Indiscutible, la responsabilidad institucional: Raúl Jardón

MIREYA CUELLAR

El relato de la Dirección Federal de Seguridad acerca de la matanza del 2 de octubre (expediente 11-4-68, hojas 245 a 253, legajo 44, depositado en el Archivo General de la Nación) se atiene estrictamente a la versión oficial de la época. Sin embargo, en esos documentos hay un informe (17 de octubre de 1968) del director del Servicio Médico Forense, Miguel Gilbon Mairet, quien indica que las balas que mataron a 22 de las 26 víctimas reconocidas recorrieron "una trayectoria horizontal".

El informe forense, realizado a petición del entonces procurador capitalino, Gilberto Suárez Torres, con copia para el titular del Ministerio Público Federal, Julio Sánchez Vargas -recuperado por Raúl Jardón en su libro El espionaje contra el movimiento estudiantil-, señala que en sólo cuatro casos las víctimas murieron por balas cuya trayectoria fue descendente. Es decir, recibieron los disparos desde alguno de los edificios que rodean la Plaza de las Tres Culturas.

La conclusión de este hecho "es contundente" porque no deja lugar a dudas, señala Jardón: "La aplastante mayoría de las víctimas reconocidas murió por disparos hechos desde la misma altura en la que se encontraban, es decir, desde la plancha de la plaza de Tlatelolco. Todos los testimonios, oficiales y opositores, sobre la matanza hablan de que los únicos que dispararon desde ese nivel fueron los soldados que llegaron a disolver el mitin y los del Batallón Olimpia".

Este documento, según Jardón, echa abajo la pretendida exoneración del Ejército que la Secretaría de la Defensa Nacional esgrimió en diciembre de 1993, pero también las afirmaciones del entonces titular de esa dependencia, Marcelino García Barragán -contenidas en el legajo de "documentos" que fue entregado a Julio Scherer por un nieto del general y publicadas bajo el título Parte de guerra-, en las que descarga toda la responsabilidad sobre el general Luis Gutiérrez Oropeza, a la sazón jefe del Estado Mayor Presidencial.

En el cúmulo de documentos entregados al periodista Scherer, Marcelino García Barragán incluyó una autoentrevista. Formuló preguntas que él mismo respondió en una imaginaria conversación. A lo largo de ella dice:

"La noche del 2 de octubre, entre 7 y 8 de la noche, el general Crisóforo Mazón Pineda me pidió autorización para registrar los departamentos (de los distintos edificios que rodean la plaza), desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se les autorizó el cateo. Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí un llamado teléfonico del general Oropeza (en el Ejército todos se refieren a sus compañeros de armas por su segundo apellido), jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: mi general, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes".

Jardón se pregunta: si los famosos francotiradores del Estado Mayor Presidencial tenían, según los papeles de García Barragán, la orden de disparar contra los estudiantes, por qué sólo cuatro de los muertos reconocidos oficialmente recibieron disparos con trayectoria descendente, es decir, desde los departamentos de los edificios aledaños.

Y agrega sobre la actuación del Ejército aquella tarde. En la videocinta producida por canalseisdejulio y La Jornada, Tlatelolco, las claves de la masacre, además de verse claramente que quienes están armados sobre la plancha de la plaza son elementos de la tropa regular, hay una escena en la que un militar cubre con su cuerpo a una mujer que lleva a un niño de la mano. Esto muestra, dice, que excepcionalmente algunos integrantes de la tropa trataron de evacuar a los manifestantes protegiéndolos del fuego cruzado.

Jardón concluye que, más allá de la versión de cada involucrado, hay una responsabilidad institucional, la cual recae con la misma fuerza sobre Gustavo Díaz Ordaz que sobre Echeverría o los generales Gutiérrez Oropeza y García Barragan.

Esclarecimiento, demanda el Consejo Universitario de la UNAM

Al conmemorarse 35 años de la matanza en Tlatelolco, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó durante su reciente sesión unirse a las voces de la sociedad que exigen el esclarecimiento de los acontecimientos de 1968 y 1971. En este sentido, académicos de esa casa de estudios consideraron "urgente" que se haga justicia en busca de una reconciliación social.

También el Consejo Universitario "reconoce el papel histórico, el valor y el compromiso de la generación que en 1968 se manifestó en favor de la libertad, el respeto a la autonomía universitaria y a la plena vigencia de los derechos sociales en México", y establece que el movimiento estudiantil del 68 tuvo una "contribución determinante para el proceso democratizador que hoy vive el país".

Durante un acto conmemorativo, los académicos e investigadores Alejandro Alvarez Béjar, de la Facultad de Economía e integrante del Comité del 68, e Ignacio Sosa, de Filosofía y Letras, destacaron que en un país democrático "nadie debe estar por encima de la ley", de ahí que "no hay justificación que valga" para eludir la justicia.

Alvarez Béjar planteó que debe darse "celeridad" a las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía para movimientos del pasado, porque si no, se corre el riesgo de que las promesas del presidente Vicente Fox al respecto queden sólo en eso.

Aunque estimó que "hay esfuerzos" por parte de la fiscalía, parecen estar pesando más las "resistencias gubernamentales", lo cual pone en un "grave predicamento" a la administración de Fox. "Debemos establecer la legalidad y la defensa del estado de derecho", expuso.

Según el académico, las "evidencias son claras" y por lo pronto debe haber castigo a los culpables, en especial a Luis Echeverría Alvarez, cuya "maniobra para no declarar -se acogió al artículo 20 de la Constitución- es política y moralmente inaceptable, no se debe permitir que de manera cobarde se escude en el silencio". Hoy en las marchas, prosiguió, se pedirá al gobierno "rapidez y resultados" en la indagatoria, porque "ya están todos los elementos para juzgar a los culpables".

Por su parte, Sosa, estudioso del 68, consideró que el movimiento fue injustamente "satanizado", y criticó el hecho de que en México se haya dado una "amnesia oficial que insistía en que nunca ocurrió nada".

Refirió que el movimiento del 68 es sin duda el "parteaguas que marca el principio de la agonía de un sistema autoritario", e hizo hincapié en que es a raíz de él que en el país emerge una "cultura cívica caracterizada por movimientos sociales que reclaman el fin del autoritarismo. Ese es su gran logro; hirió de muerte al autoritarismo".

CAROLINA GOMEZ MENA

La fiscalía que encabeza Carrillo Prieto, "insuficiente", opina el ombudsman del DF

Alvarez Icaza propone comisión de la verdad

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, se declaró en favor de la creación de una comisión de la verdad que esclarezca los crímenes cometidos en 1968 y durante la guerra sucia.

En la presentación del libro Comisiones de la verdad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que la fiscalía que investiga esos hechos es "insuficiente", y consideró que aquellos que aspiren a la Presidencia en 2006 tendrán que explicar el pasado de cara al futuro.

Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coincidió en que la fiscalía, encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, no ha obtenido resultado alguno en garantizar el derecho a la verdad y la justicia, y por ello respaldó la propuesta de Alvarez Icaza.

"La comisión es estrictamente indispensable. Revisar el pasado es de suma utilidad para mandar el mensaje de que no permitiremos la cultura de la impunidad", afirmó el ombudsman.

Después, en entrevista, se declaró convencido de que en algún momento se va a saber la verdad sobre la matanza de Tlatelolco, porque la sociedad así lo reclama y porque ha fracasado la apuesta al olvido.

En su opinión, la fiscalía puede resolver el tema legal, pero no atiende las aristas sociales, culturales y políticas que tuvieron esos episodios de represión en México. "No sólo es un proceso de policías, es un proceso social", agregó el defensor.

Insistió en que la fiscalía juega un papel en el proceso de la construcción de la verdad, pero señaló que es un "cálculo inacabado" pensar que va a atender el problema de la revisión del pasado. "Cada país tiene una fórmula y la pregunta relativa a cuál es la mexicana no se ha respondido", dijo.

En tanto, Anders Kompass, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, explicó que las primeras comisiones de la verdad se establecieron en 1980 en América Latina, y en algunos países han sido un mecanismo ingenioso, pero en otros ha sido un proceso superficial e inútil.

La clave del éxito de estos organismos, expuso, es que se concentren en el futuro y que formen parte de una política que no termine con la presentación del informe.

Al comentar el libro, que reúne ponencias de un seminario del año pasado, Sofía Macher, miembro de la Comisión de Verdad y Reconcilicación de Perú, dijo que este tipo de mecanismos no pueden remplazar los procesos legales, pero son útiles para revisar errores históricos.

Hoy en tv, el documental sobre la matanza

Tlatelolco, las claves de la masacre, coproducción de La Jornada y canalseisdejulio, será transmitido hoy por el Canal Once y el Sistema Quintanarroense de Televisión. Será hoy, cuando se cumplen 35 años del trágico suceso del 2 de octubre de 1968, la primera vez que el documental se transmite, íntegro, por televisión abierta.

Producida por Carlos Mendoza, la cinta, que ha vendido 40 mil copias, fue presentada hace un año en el arranque de un proyecto que este diario ha llamado "La Línea Rota", que incluye el documental sobre el zapatismo.

En el caso del documento cinematográfico que será transmitido esta noche a las 22:05 horas por el Canal Once, destacan las escenas -hasta hace un año inéditas- que sirven para identificar a jefes militares y de fuerzas especiales que participaron en la represión de Tlatelolco y que ayudan a comprender los entretelones de los sucesos de esa época.

Se trata de un minucioso trabajo de identificación del esquema represivo puesto en marcha por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a partir del 26 de julio de 1968, y que incluye un revelador documento del embajador de Estados Unidos en México, Fulton Freeman, que aporta sólidos indicios acerca de la intervención de Washington en el conflicto, así como las sorprendentes evidencias en torno a la actuación de francotiradores desde el edificio sede de la Suprema Corte.