Supuestas anomalías por más de 3 mil millones de pesos

Interpone Fox nueva controversia constitucional contra la ASF

JESUS ARANDA

El presidente Vicente Fox interpuso una nueva controversia constitucional contra actos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual giró órdenes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que reduzca el monto del pago a diferentes bancos por considerar que miles de créditos que pasaron a ser parte de la deuda pública son irregulares.

De acuerdo con la demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera Tello, se plantea la inconstitucionalidad en la actuación de la ASF referente a la emisión de 16 oficios girados el pasado 13 de agosto a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en los que instruye que "regularicen" supuestas anomalías en créditos que superan 3 mil millones de pesos. Como la ASF depende orgánicamente de la Cámara de Diputados, ésta también fue demandada.

Asimismo, el representante del Ejecutivo solicitó la supensión provisional de los oficios de la ASF para que queden sin efecto, por lo menos hasta en tanto el pleno de la Suprema Corte resuelve el fondo del asunto.

Apenas en abril pasado el Ejecutivo federal interpuso una controversia similar, en la que la auditoría ordenó a Hacienda "descontarle" a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico, créditos que integraron irregularmente en la deuda reconocida por el IPAB.

En aquella ocasión se impugnaron oficios del 7 y 20 de marzo pasado, en razón de que la ASF "identificó" créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos. Inicialmente el ministro instructor de ese asunto, Juventino V. Castro y Castro, negó la suspensión sobre la vigencia de los oficios, pero posteriormente el pleno otorgó esta garantía, con lo que quedó sin efecto la orden de la auditoría.

En lo que se refiere a esta nueva controversia, la demanda señala que los oficios impugnados son resultado de la revisión de la cuenta pública 2001, que tienen que ver con el pago de la SHCP al IPAB por miles de créditos que fueron reconocidos como deuda pública en favor de Banamex, Bancomer, Banco Internacional, Banco Mercantil del Norte, entre otros.

Entre los oficios impugnados destaca el AED-DGAE-232-2003, que forma parte del Fobaproa; se trata de 22 créditos otorgados a SIDEK-SINAM-SITUR con monto de mil 931 millones 200 mil pesos, incluidos en la compra de cartera del Tramo I de Banamex. En el documento impugnado se ordena cancelar el aval de Hacienda.

Hay otro oficio relacionado con mil 945 créditos que suman 71.8 millones de pesos; la característica es que el monto de cada uno es inferior a 100 mil pesos. Estos pagarés corresponden al flujo I de Banco Internacional.

Destacan dos créditos más por 249.8 millones de pesos cada uno. En el primero suman 12 mil 435 los préstamos y en el segundo 10 mil 327; forman parte de la cartera vencida de Bancomer y Banco Mercantil de Norte, respectivamente.

Otro oficio de la misma fecha da cuenta de 165 créditos por 923.6 millones de pesos que se adeudan a Bancomer; en tanto que 31 mil 100 préstamos por menos de 200 mil pesos cada uno suman 559 millones de pesos de cartera vencida en favor de Banco Mercantil del Norte.

Los montos son variados y, de acuerdo con cálculos preliminares, la suma de los créditos impugnados suma 3 mil millones de pesos.

La controversia fue presentada el martes por la noche ante la Suprema Corte y se espera que la admisión formal de la misma ocurra en cualquier momento; entonces se turnará a un ministro instructor, quien resolverá sobre su procedencia y, en su caso, respecto a la suspensión provisional solicitada.